La Corte de Apelaciones de Concepción rechazó un recurso presentado por una empresa del retail y confirmó la sentencia que declaró indebido el despido de una trabajadora por atrasos reiterados. El tribunal consideró que, si bien existieron incumplimientos en el horario de ingreso, estos se concentraron en un período acotado y no se acreditaron perjuicios concretos para el empleador que justificaran la desvinculación.
La resolución fue dictada el pasado 28 de octubre por la Segunda Sala del tribunal de alzada, integrada por los ministros Rodrigo Arnoldo Cortés Gutiérrez y Rodrigo Cerda San Martín, además de la abogada integrante Lorena Andrea Pérez Obreque, quien redactó el fallo.
Con esta decisión, la Corte mantuvo lo resuelto el 27 de abril por el juez titular del Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción, Eliecer Alfonso Cayul Gallegos, quien había declarado indebido el despido y ordenado el pago de las indemnizaciones correspondientes.
El caso se originó luego de que la empresa pusiera término al contrato de una trabajadora que se desempeñaba como asistente de postventa desde octubre de 2021.
La desvinculación se concretó el 5 de noviembre de 2025, luego de una serie de atrasos registrados durante septiembre y octubre, por los que había recibido amonestaciones verbales y escritas, además de nuevas llegadas fuera de horario los días 3, 4 y 5 de noviembre.
La empresa invocó la causal de incumplimiento grave de las obligaciones del contrato, contemplada en el artículo 160 N°7 del Código del Trabajo.
Si bien el tribunal laboral estableció que los atrasos efectivamente ocurrieron y constituían un incumplimiento de las obligaciones de la trabajadora, determinó que no tenían la gravedad suficiente para justificar su despido.
Los antecedentes considerados por el tribunal laboral
Entre los elementos analizados, el tribunal tuvo en cuenta que los atrasos se concentraron entre septiembre y noviembre de 2025, mientras que la trabajadora llevaba cuatro años en la empresa sin que se acreditaran otros incumplimientos relevantes.
Asimismo, los registros de asistencia mostraron que, desde enero de 2024, había mantenido una puntualidad regular, con atrasos inexistentes o de escasa duración durante buena parte de ese período. También se estableció que habitualmente permanecía trabajando más tiempo del correspondiente a su jornada.
Durante el juicio, la trabajadora reconoció que había llegado tarde y que no había justificado sus atrasos ante la empresa. Además, señaló que durante ese período seguía un tratamiento médico que incluía medicamentos para dormir, lo que le dificultaba despertar por las mañanas.
Otro antecedente considerado fue la existencia de una práctica habitual en la empresa que permitía un margen de al menos diez minutos de atraso en el ingreso del personal, aunque esta tolerancia no estuviera establecida formalmente.
Respecto de las consecuencias de los atrasos, la empresa sostuvo que estos habían obligado a reorganizar al personal y provocado reclamos de clientes.
Sin embargo, el tribunal consideró que esas afirmaciones no fueron suficientemente acreditadas. En particular, tuvo en cuenta la declaración de otra trabajadora del área de postventa, quien señaló que las llegadas tarde no habían alterado el funcionamiento del departamento ni afectado el cumplimiento de las tareas asignadas.
A partir de estos antecedentes, el juez Cayul Gallegos estimó que, aunque existió un incumplimiento reiterado, la decisión de poner término al contrato resultaba desproporcionada, considerando las circunstancias del caso y las sanciones contempladas en el reglamento interno de la empresa.
Corte de Apelaciones confirma el fallo
Tras la sentencia de primera instancia, la empresa presentó un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones de Concepción, argumentando que los atrasos constituían un incumplimiento grave de las obligaciones contractuales.
También cuestionó la valoración de la prueba testimonial realizada durante el juicio, solicitando que se dejara sin efecto la sentencia y se rechazara la demanda de la trabajadora.
No obstante, la Corte rechazó ambos argumentos.
En su resolución, el tribunal de alzada señaló que los hechos establecidos durante el juicio no podían modificarse mediante el recurso presentado por la empresa. Asimismo, concluyó que el juez laboral había realizado una adecuada valoración de las pruebas y explicado los fundamentos de su decisión.
De esta manera, se mantuvo la sentencia que declaró indebido el despido y condenó a la empresa al pago de $6.884.097, correspondientes a $839.524 por indemnización sustitutiva del aviso previo, $3.358.096 por cuatro años de servicio y $2.686.477 por el recargo legal del 80%.
A estas cantidades deberán sumarse los intereses y reajustes legales correspondientes.
La resolución establece que, en este caso, los atrasos reiterados constituyeron un incumplimiento contractual, pero no alcanzaron la gravedad necesaria para justificar el despido.
En ese sentido, la decisión considera que la aplicación de esta causal debe evaluarse según las circunstancias particulares de cada relación laboral, incluyendo la reiteración de las faltas, los antecedentes del trabajador, sus consecuencias para la empresa y la proporcionalidad de la medida adoptada.
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