La oposición defendió la acusación constitucional (AC) presentada contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, por las rebajas de condena otorgadas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad y violaciones a los derechos humanos. Los parlamentarios acusaron al secretario de Estado de infringir la ley y entregar información engañosa al Congreso, además de cuestionar al presidente José Antonio Kast por mantenerlo en el cargo.
Tras ingresar el libelo, que cuenta con 189 páginas y tres capítulos acusatorios, los diputados destacaron la coordinación alcanzada entre los distintos partidos opositores y llamaron al resto de las bancadas a respaldar la iniciativa.
El diputado socialista Raúl Leiva sostuvo que la presentación responde a una convicción tanto política como jurídica y destacó que se trata de una acción impulsada por toda la oposición.
“Este es un hecho inédito que ha permitido articular a toda la oposición con la convicción jurídica y política de que estamos haciendo lo correcto”, afirmó, manifestando su confianza en que la Cámara apruebe la acusación.
En tanto, la diputada del Frente Amplio Emilia Schneider apuntó directamente contra el Ejecutivo, acusando que “el gobierno del presidente Kast, a través del ministro Rabat, le dio la espalda a las víctimas”.
A su juicio, el secretario de Estado también entregó información falsa durante sus explicaciones ante el Congreso, por lo que exigió que se establezcan las responsabilidades correspondientes.
Los tres capítulos de la acusación
Respecto de los fundamentos del libelo, el diputado comunista Marco Barraza explicó que la acusación se estructura en tres capítulos, relacionados con las rebajas de condena a agresores sexuales de menores, los beneficios otorgados a condenados por violaciones a los derechos humanos y un eventual incumplimiento del deber de probidad.
Sobre este último punto, acusó que el ministro vulneró el artículo 8 de la Constitución al entregar información que, según los parlamentarios, no se ajustaba a los antecedentes conocidos.
La diputada PPD Andrea Parra también cuestionó los argumentos utilizados por Rabat para justificar las decisiones adoptadas por el Ministerio de Justicia.
“La Corte Suprema nunca obligó al ministro Rabat a tomar las decisiones que tomó”, aseguró, insistiendo en que el secretario de Estado debía actuar dentro de las facultades que establece la legislación.
Por su parte, Leiva apuntó a que el ministro enfrenta distintos cuestionamientos, entre ellos una investigación de Contraloría y denuncias ante el Ministerio Público, además de la responsabilidad constitucional que buscan establecer los diputados.
Cuestionamientos a Kast y llamado a respaldar el libelo
Las críticas también alcanzaron al presidente José Antonio Kast, a quien los parlamentarios reprocharon no haber solicitado la renuncia de Rabat pese a la controversia.
El diputado del FA Jorge Brito fue enfático en señalar que, si el mandatario decidió mantener al ministro, corresponde al Congreso pronunciarse sobre su continuidad.
“Si el presidente Kast lo ratificó, este Congreso lo debe sacar”, afirmó, argumentando que el secretario de Estado tendrá la oportunidad de defenderse durante la tramitación de la acusación.
En la misma línea, el diputado Luis Malla llamó a los parlamentarios de todos los sectores a respaldar la iniciativa, señalando que la discusión debe centrarse en las víctimas y no en las diferencias políticas.
La diputada Daniela Serrano, por su parte, defendió el tiempo destinado a preparar el documento, asegurando que se trató de un trabajo coordinado y responsable.
Según adelantó, la acusación constitucional será puesta en conocimiento formal de la Cámara el próximo lunes, dando inicio a su tramitación legislativa.
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