La contradicción en una paralización

Durante muchos años, incluso antes de definir una posición política, cuestioné una práctica que se fue instalando en nuestra sociedad: confundir el legítimo derecho a manifestarse con el supuesto derecho a tomarse las calles, levantar barricadas, bloquear caminos e impedir la libre circulación de los demás. Siempre he sostenido que manifestarse es un derecho, pero que ese derecho no puede transformarse en una imposición sobre quienes también tienen derechos que ejercer.

Por eso, no acepto ese juego de la izquierda, con el que busca establecer que la protesta es sinónimo de manifestación y que tomarse las calles y entorpecer la vida normal de los demás constituye una manifestación pacífica amparada en el derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas (Artículo 19 N° 13).

Hoy, desde una posición política definida, me encuentro frente a una contradicción que no puedo ignorar. Comparto las preocupaciones que existen detrás de las movilizaciones de los camioneros por el alza de las bencinas y el diésel, los costos de los peajes, el valor del arriendo del TAG y de los pórticos, así como el impacto que todo esto tiene en la cadena productiva, el precio de los alimentos y, finalmente, el bolsillo de las familias de nuestro país.

Sin embargo, ¿con qué autoridad puedo cuestionar a quienes bloquean las calles cuando sus demandas no coinciden con las mías, si voy a justificar exactamente la misma conducta cuando simpatizo con sus reivindicaciones?

Si ayer exigía despejar las vías públicas frente a manifestaciones de izquierda que terminaban en barricadas y graves alteraciones del orden público, con cuyo trasfondo, además, no estaba de acuerdo, hoy debo exigir lo mismo cuando una movilización de camioneros o de cualquier otro sector impide el desplazamiento de los ciudadanos. A igual razón, igual disposición ¿no creen?

La ley no puede aplicarse según el color político, la simpatía o la legitimidad que atribuyamos a una determinada causa. Y hoy, cuando vemos una movilización de camiones que, en el fondo, provoca la misma alteración de la libre circulación de las personas, ¿cómo podemos respaldarla sin caer en una incoherencia?

Como ya he mencionado, uno podría coincidir con el fondo de las peticiones, compartir el malestar por el alza de los combustibles y, por consiguiente, por el encarecimiento de los productos. Pero no podemos ignorar -simplemente porque creemos que la lucha nos conviene- que detrás de cada calle bloqueada hay personas que necesitan llegar a sus trabajos, llevar a sus hijos al colegio, acudir a un centro de salud, regresar a sus hogares o simplemente hacer su vida de manera normal.

En este sentido, ¿cómo podríamos coincidir con quienes dicen paralizar y bloquear nuestras carreteras para defender el bienestar de las familias, mientras, al mismo tiempo, sus acciones están perjudicando precisamente a esas familias, a quienes no se les consultó si estaban dispuestas a hacer ese sacrificio? ¿Cómo puedo justificar hoy el accionar de los camioneros, si ayer cuestionaba la paralización de las calles que protagonizaban mis adversarios políticos por causas que ellos consideraban correctas?

Personalmente, creo que nuestro país, nuestra sociedad, necesita aprender a levantar la voz sin convertir la paralización de los demás en una herramienta de presión y a eliminar la violencia como método de acción política. Si bien las demandas ciudadanas deben ser escuchadas, también deben existir caminos de diálogo, responsabilidad y respeto por los derechos de terceros. Por muy noble que pudiese parecer una causa, esta no puede ni debe dañar a otros en su camino para materializarse.

Y aquí hay una responsabilidad que no podemos olvidar: las autoridades son representantes de la ciudadanía. Llegan al gobierno con un programa y determinadas convicciones, pero deben aprender que gobernar también significa escuchar, comprender los cambios de la realidad y estar dispuestos a revisar decisiones cuando las circunstancias lo exigen.

Creo que también debemos aprender que la coherencia no consiste en defender una causa cuando nos conviene. Consiste en aplicar los mismos principios incluso cuando hacerlo nos incomoda.