Fries (FA) acusa que rebaja de penas fue la "manera soterrada de liberar criminales de lesa humanidad"

Las rebajas de condenas a pederastas abrieron un nuevo flanco de controversia tras revelarse que estos beneficios también alcanzaron al excarabinero Miguel Segundo Arias Navarrete y el exmiembro de la FACH, Manuel del Carmen Cabezas Pérez: ambos condenados por violaciones a los derechos humanos en dictadura, hoy libres.

En conversación con BioBioChile, la diputada Lorena Fries (FA) rechazó estas determinaciones y acusó que las rebajas de penas concedidas a violadores y abusadores de niños fueron una vía “soterrada” para favorecer a criminales de lesa humanidad.

Sus cuestionamientos no se limitaron a los decretos firmados por el Gobierno. También apuntó contra los despidos de jefaturas del Plan Nacional de Búsqueda y el proyecto impulsado por el Gobierno que busca restar atribuciones al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), organismo que ella dirigió anteriormente.

A juicio de Fries, se puede ver un “patrón de regresión” en materia de derechos humanos. Incluso, planteó que las rebajas de condenas para evitar la “convulsión” que producen los indultos, medida que ha sido intensamente pedida por algunos oficialistas.

La diputada también abordó la desafiante actitud del presidente José Antonio Kast, quien emplazó a la oposición a presentar una Acusación Constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat.

Al respecto, advirtió que “esperan que la AC se presente sin los decretos porque eso le da más posibilidades de salir bien parado al ministro”, acusando que estas “son artimañas opacas, poco transparentes y mentirosas por parte de este Gobierno”.

Rebajas de penas y la estrategia “soterrada”

—¿Qué impacto tienen en las políticas de derechos humanos y en la memoria histórica que el excarabinero Miguel Segundo Arias Navarrete y el exmiembro de la Fach, Manuel del Carmen Cabezas Pérez, ambos condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, hayan recuperado su libertad?

Hay varias cosas. Lo que ha pasado —primero— con los violadores y abusadores sexuales es que ahí todavía —por lo menos— la discusión tiene que ver con si él podía optar a negarlos o no, dado que las cortes habían tenido por un tiempo una mayoría que los aceptaba, y luego, a partir de mayo de este año, la jurisprudencia de la corte los ha rechazado.

En el caso de los violadores de derechos humanos, se han rechazado la mayoría de peticiones o amparos que se han presentado por parte de los condenados por crímenes de lesa humanidad por las cortes. Aun así, tanto el exsubsecretario Luis Silva como el ministro Fernando Rabat, lo que hicieron es optar por rebajar las penas y no dejar eso a la corte.

Aquí hay una infracción claramente legal, porque los requisitos para optar a beneficios intrapenitenciarios por parte de criminales de lesa humanidad tienen un umbral más alto que aquí no se ha respetado.

—Ambas condenas debían terminar este año: la de Arias el 14 de diciembre y la de Cabezas el 28 de noviembre. ¿Pudo influir eso en la decisión?

No, porque todavía no sabemos si hay más criminales de lesa humanidad que hayan recibido rebajas de pena durante estos siete meses. Yo creo que hay más. Me parece que hay una estrategia detrás para que, ante la convulsión que producen tanto el proyecto de conmutación de penas como la exigencia de republicanos al Gobierno por el indulto, esta era la forma soterrada de ponerlos en libertad.

Eso cumple, de una manera mañosa, con la agenda del Gobierno. Pero también genera una señal para el mundo de los derechos humanos y, fundamentalmente, para las familias cuyos seres queridos fueron objeto de tortura, secuestro y desaparición forzada.

—¿Entonces considera que la rebaja a los condenados por delitos sexuales fue una excusa para liberar a condenados por violaciones a los derechos humanos?

Eso es lo que estoy entendiendo. Si uno se fija, los medios en general no han puesto mucha atención en esto, que sí es un tema de la agenda del Gobierno. Por eso no me extrañaría que sea una manera de que pasen colados los que han tenido rebaja y son criminales de lesa humanidad.

—El Gobierno ha asumido su responsabilidad política. ¿Qué tan genuino es, considerando la remoción de jefaturas del Plan Nacional de Búsqueda en marzo, las rebajas de condenas y la reforma al INDH impulsada recientemente?

Yo creo que el presidente Kast reconoce un costo político, no un arrepentimiento, respecto de los pederastas y de los violadores. No creo que lo haga respecto de los criminales de lesa humanidad: no hacen parte del lenguaje de estos últimos diez días. Entonces no hay arrepentimiento, solo un costo político que hasta ahora no se traduce en nada.

Si uno mira lo que ha sido la política de derechos humanos en estos siete meses, se encuentra con un freno a las políticas y con un desmantelamiento de la institucionalidad. Pensemos en la glosa 03 en materia de presupuesto, que era de $384 millones para el Poder Judicial, destinada a la búsqueda y digitalización de documentos del Plan de Búsqueda: eso se paró. A comienzos del Gobierno, además, fueron despedidas personas especializadas que llevaban años trabajando en derechos humanos y en el Plan de Búsqueda.

Y pensemos también, y me parece de toda lógica, dado estas rebajas de pena para ellos, que hubo instrucciones, aunque no sabemos de quién, a pesar de que he oficiado en esta materia, para que abogados del programa de derechos humanos, encargados del Plan de Búsqueda, no participaran en audiencias donde los condenados pedían beneficios intrapenitenciarios.

Uno puede ver ahí un patrón de regresión en materia de derechos humanos respecto de los crímenes de la dictadura. Todavía está por verse qué ocurre con las personas condenadas por el estallido social. Estoy oficiando también sobre eso.

—Hay mucha presión oficialista por indultos. ¿Por qué el Gobierno no concede simplemente los indultos y recurre a una vía “soterrada” como ha dicho?

Buena pregunta, porque lo más molesto de esto es justamente que se hace por debajo y no de frente. Creo que no lo hace de frente porque, aunque este Gobierno y principalmente el presidente Kast tienen esa agenda, eso les puede generar problemas dentro de una parte de su sector. No hablo de republicano, sino eventualmente de algunos dentro de Chile Vamos, fundamentalmente de Renovación Nacional.

Además, en las encuestas sobre indultos, la ciudadanía no está de acuerdo. Por lo tanto, sacarlos soterradamente es cumplir con su agenda y que eventualmente nadie se entere. El problema es que hoy las cosas no se pueden esconder, por la tecnología, por las filtraciones. Entonces se encuentra en un problema él y, obviamente, el ministro de Justicia, que fue el artífice para dejarlos libres.

—Kast, hace solo días, desafió a la oposición a presentar la Acusación Constitucional contra el ministro Rabat, pese a que ha asumido la responsabilidad política. ¿Cómo lo interpreta?

Creo que el presidente hace algo mañoso. Por un lado, provoca que se presente rápido la acusación y, sin embargo, no entrega los decretos que permitirían construir una Acusación Constitucional bastante más sólida. Creo que esta situación se le va a volver en contra, porque el ministro está obligado a entregarlos y no los entrega.

Esperan que la acusación se presente sin los decretos, porque eso le da más posibilidades de salir bien parado al ministro Rabat. Todo esto son artimañas opacas, poco transparentes y mentirosas por parte de este Gobierno.

La reforma al INDH y el contrapeso al Gobierno

—Usted fue directora del INDH y me imagino que ha estado muy atenta a la reforma que pretendería quitarle autonomía a la institución. ¿Cuáles cree que son los verdaderos objetivos de restar atribuciones, por ejemplo, la facultad de presentar querellas criminales?

Aquí se está operando con una lógica que no tiene que ver con la realidad. Las razones para quitarle al Instituto la facultad de querellarse tienen que ver con el estallido social: toman la realidad del estallido, la traen al presente y dicen: “Fueron demasiadas querellas, que fueron contra Carabineros, así que quitémosle esa facultad”.

Se les ha dicho en todos los tonos que las querellas que ha presentado el INDH en siete años son mucho menos y por variados temas; no son todas ni necesariamente contra Carabineros. Las hay en materia de salud y en otras materias. Ese argumento no es válido y solo enciende la rabia de sectores por lo que fue el estallido, que terminan apoyando la reforma.

Pero quizá lo más grave es que la reforma saca a las organizaciones de la sociedad civil de la elección directa de los integrantes del Consejo y les entrega esa prerrogativa al presidente de la República, que presentará al Senado un listado para que se ratifiquen los nombres. Peor aún, en la transición es el presidente quien nombra a los consejeros que diseñarán jurídicamente el estatuto hacia adelante.

Eso es, por una parte, quitarle dientes al Instituto con el tema de las querellas y, por otra, ideologizarlo al punto de que responda a la ideología del Partido Republicano.

—El actual director del Instituto dijo que el expresidente Sebastián Piñera nunca consideró eliminar la institución ni reducir sus atribuciones. ¿Lo ve como un retroceso, teniendo en cuenta que el Gobierno lleva pocos meses?

Imagínese lo que pueden hacer en cuatro años, si en nueve meses tenemos este grado de regresión. Durante el estallido social, el presidente Piñera no solo llamó al Instituto y lo instó a hacerse cargo, sino que suplementó el presupuesto del INDH para llevar adelante querellas y atender a las víctimas.

—Con la rebaja de penas, la reforma al INDH, el Plan de Búsqueda… ¿es más necesario que nunca contar con un organismo autónomo que proteja los derechos fundamentales?

Totalmente. Lo que buscan es concentración del poder y que no haya contrapesos. En materia de derechos humanos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos es el contrapeso al Gobierno. Imagínese una transición con gente designada por el Gobierno que tiene que levantar la voz contra el Gobierno. Eso no va a pasar.

Algo así ocurrió en Venezuela con el Defensor del Pueblo, que finalmente obedecía al mandato del presidente, tanto así que después fue fiscal del Ministerio Público, también sometido al Gobierno de Maduro.

A lo que voy es que cuando no se respetan las instituciones, cuando se trata de coartar organismos autónomos y se busca concentrar el poder de manera que no haya disidencia alguna con lo que plantea el Gobierno, estamos empezando a erosionar la democracia y a seguir una línea que es básicamente la de un Gobierno autoritario.

—¿Qué acciones buscan impulsar desde la oposición en el Congreso para evitar que la reforma al INDH sea aprobada?

Ya empezaron las audiencias. Me ha impresionado mucho que numerosas organizaciones que trabajan en distintos ámbitos de los derechos humanos hayan pedido estar presentes y hayan hablado del trabajo que hace el INDH en el territorio, sobre todo en circunstancias donde el Estado no puede o no tiene respuesta para las necesidades de la gente, que se traducen en vulneraciones de derechos.

Espero que las organizaciones hagan valer su voz no solo dentro del parlamento, sino también fuera. Y si esta reforma se consuma, Chile va a perder la acreditación de nivel A, es decir, de primer nivel, que tiene en Naciones Unidas. Eso quiere decir que el Instituto no sirve para nada.