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Este miércoles, la Comisión Especial Mixta de Presupuestos aprobó por unanimidad el acuerdo entre el Ejecutivo y la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile sobre la partida de los gobiernos regionales para 2027. El acuerdo suma cerca de 95 mil millones de pesos al proyecto original y fija un marco de 1,82 billones. Una vez descontados los recursos que antes se reasignaban al Ministerio del Interior, es un presupuesto similar al inicial de 2026.
El punto de partida fue difícil. El proyecto que presentó el Ejecutivo traía recortes importantes a la inversión regional, y la Cuarta Subcomisión Mixta lo rechazó. Esa señal obligó a abrir una nueva mesa de negociación. Hay que reconocerlo: el Ministro de Hacienda, la Dirección de Presupuestos y los parlamentarios hicieron posible un entendimiento que hace pocas semanas parecía lejano.
Pero lo más importante del acuerdo no es el monto, sino las herramientas de gestión que incorpora.
Los gobiernos regionales podrán ejecutar desde el 1 de enero y no desde marzo, un logro anhelado por años. Podremos destinar hasta un 4% de nuestros recursos a emergencias, el doble que antes, y se elimina la reasignación del 3% al Ministerio del Interior.
El 50% de lo que se obtenga por venta de activos quedará en la región, frente al 35% que proponía el proyecto original. Los ingresos propios, como los de casinos y bienes nacionales, se incorporarán durante el año a medida que se reciban. Además, el acuerdo da más flexibilidad al Fondo de Apoyo al Transporte y al FRIL, permite reemplazar a funcionarios que se retiren y amplía el financiamiento para fomento productivo, innovación y ciencia.
Ninguna de estas medidas es un privilegio. Todas son condiciones para un Estado más eficiente. Hemos insistido en que la baja ejecución de muchas políticas públicas no se explica por falta de recursos, sino por un diseño institucional que concentra las decisiones lejos de donde se aplican. Quien decide lejos, decide peor. Y quien depende de autorizaciones centrales para cada paso, ejecuta tarde.
También hay que decirlo con franqueza: estas conversaciones debieron darse antes de llegar al conflicto. La lección que deja este proceso es simple. Cuando las cosas se dialogan, es posible llegar a acuerdos, y el diálogo no puede ser el último recurso de una tramitación presupuestaria. Es el retorno de la buena política.
Quedan desafíos importantes. Durante 2027 tendremos que revisar cómo se evalúa a los gobiernos regionales. Hoy se nos mide solo por ejecución presupuestaria, sin considerar los recursos que transferimos a servicios nacionales mediante convenios, que muchas veces se retrasan por decisiones que no nos corresponden.
Además, el acuerdo abre la puerta a una agenda que lleva años pendiente: una ley de regiones más fuerte, que garantice un esquema financiero acorde a nuestra autonomía política, y una ley de plantas regionales.
El Ejecutivo ha dado un voto de confianza a los gobiernos regionales. Ahora nos toca demostrar que esa confianza está bien puesta: ejecutar desde enero, con foco en la inversión y el empleo, y responder rápido cuando el territorio lo exija. Desde la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile asumimos ese compromiso, porque la descentralización se demuestra con resultados.
