Una nueva acción judicial se suma a la ofensiva contra ministros de la Corte Suprema por las rebajas de condenas a responsables de delitos sexuales contra menores de edad. El abogado Raimundo Palamara, exmilitantes del Partido Republicano y representante de la Fundación Fuerza Ciudadana, presentó este lunes una denuncia por eventual prevaricación judicial, solicitando investigar 14 fallos que favorecieron a condenados.
Según confirmaron fuentes de Radio Bío Bío, la denuncia fue presentada durante la tarde de este lunes ante el Ministerio Público por Palamara y el también jurista Maximiliano Murath, en representación de la Fundación Fuerza Ciudadana.
La acción se suma a las gestiones del Partido Nacional Libertario, cuya bancada estudia presentar acusaciones constitucionales contra ministros de la Corte Suprema por su participación en fallos que permitieron reducir penas a condenados por delitos sexuales contra menores.
A diferencia de la ofensiva de los libertarios, la presentación de Palamara busca establecer eventuales responsabilidades penales de los magistrados.
Los 14 fallos bajo cuestionamiento
El documento identifica 14 resoluciones de la Corte Suprema, dictadas entre 2022 y 2026, que favorecieron a condenados por violación y abuso sexual de menores de edad.
Entre ellas destacan cinco fallos del 14 de abril de 2026, en los que, según la denuncia, la mayoría favorable estuvo integrada por los ministros Leopoldo Llanos y Jorge Zepeda, junto al abogado integrante Eduardo Gandulfo.
Los denunciantes buscan determinar si algunos magistrados resolvieron conscientemente contra una prohibición legal vigente, al aplicar criterios que permitieron conceder reducciones de condenas.
Sin embargo, el propio escrito reconoce que existen interpretaciones jurídicas distintas sobre la aplicación de la ley y que votar a favor de estos beneficios no constituye, por sí solo, un delito.
Por ello, solicitan establecer responsabilidades individuales y distinguir a quienes respaldaron las decisiones de aquellos magistrados que votaron en contra.
La conexión con el caso Rabat
Uno de los principales argumentos apunta a la investigación contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y el exsubsecretario Luis Silva, denunciados por los diputados Luis Cuello y Juan Santana por eventual prevaricación administrativa.
La Fundación Fuerza Ciudadana plantea que, si se investiga a las autoridades del Ejecutivo por aplicar una determinada interpretación de la ley, también corresponde examinar las resoluciones judiciales que establecieron ese criterio.
En esa línea, el documento sostiene que deben investigarse las eventuales responsabilidades de quienes sentaron la jurisprudencia utilizada por Rabat y Silva, aunque reconoce que las responsabilidades penales de jueces y autoridades administrativas son diferentes.
Entre las diligencias solicitadas figura recopilar los expedientes judiciales, los registros de votación y los antecedentes del Ministerio de Justicia y Gendarmería.
También se busca determinar qué rebajas derivaron efectivamente en libertades anticipadas y cuáles fueron otorgadas en cumplimiento de órdenes judiciales.
La denuncia reconoce, además, que existen restricciones legales para perseguir penalmente determinadas actuaciones de ministros de la Corte Suprema.
Así, mientras los libertarios evalúan avanzar mediante acusaciones constitucionales, la acción de Palamara abre un nuevo frente penal en la controversia por las rebajas de condenas, cuya eventual investigación y alcance deberán ser definidos por el Ministerio Público.
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