La bancada del Partido Nacional Libertario confirmó que está estudiando presentar una serie de acusaciones constitucionales contra ministros de la Corte Suprema, asegurando que les cabe responsabilidad en las rebajas de penas a condenados por delitos sexuales contra menores.
Dentro de la argumentación del partido de derecha, estiman que los magistrados fueron quienes “abrieron la puerta” a estas rebajas y que ha sido injusto que la oposición se “tire en picada” contra el ministro Rabat, cuando los propios ministros de la Segunda Sala —que revisa causas penales— han cambiado de parecer en muchas de estas solicitudes a lo largo del tiempo.
Dicen que los jueces tienen la obligación de “aplicar la ley y no reescribirla” y que, por “atractivo” que parezca hacer pagar al ministro por el escándalo, el Congreso debe actuar si se verifica una actuación errada de los magistrados.
La subjefa de bancada de la colectividad, Paulina Muñoz, confirmó el anuncio.
“Como bancada estamos estudiando seriamente la acusación constitucional contra los ministros de la Corte Suprema, porque ellos fueron los que abrieron la puerta a la rebaja de las condenas para violadores y abusadores de niños”, acusó.
Fuentes de tribunales señalan que las rebajas de penas están amparadas legalmente, que los recursos son válidos y que no existe una jurisprudencia definida. Además, la composición de las salas varía, por lo que resulta difícil incluso sostener que una misma sala mantenga un criterio uniforme frente a causas o solicitudes similares.
El jefe de bancada del Partido Socialista, Raúl Leiva, calificó la iniciativa como “una cortina de humo” que no contará con su apoyo. Además, recordó una arista de la controversia relacionada con vulneraciones al derecho internacional —en las causas por crímenes de lesa humanidad—, en las que los ministros de la Corte no tendrían responsabilidad política imputable.
“Son cortinas de humo. Efectivamente, los tribunales tienen asentada jurisprudencia. Lo que omite el ministro y también el oficialismo de manera irresponsable; esto no es solo un problema de derecho interno, los fundamentos de los decretos, incluso de la Corte Suprema cuando ha acogido recursos de amparo, se fundan justamente en los tratados internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, explicó.
Pese a esta negativa, buena parte de las decisiones que deberán adoptar los asesores y parlamentarios de oposición aún está en el aire. Los más críticos apuntan a que el oficialismo busca desviar la atención, ya que el problema político radica en los casos en que el Gobierno decidió otorgar las rebajas de penas administrativamente, sin resoluciones judiciales.
Sin embargo, el diputado y presidente de la DC, Álvaro Ortiz, señala que es muy prematuro descartar completamente ese camino y que la decisión dependerá del análisis jurídico que realice el sector.
“Se está preguntando, ¿se van a incorporar ministros de la Corte Suprema? No lo sabemos, puede que ocurra como también puede que no ocurra. Para eso están los abogados constitucionalistas, porque esto no es un juego, esto no es un gallito político”, puntualizó.
El excandidato presidencial Johannes Kaiser también prefirió dejar abierto el tema, pese al anuncio de la bancada del partido que lidera. Según explicó, el estudio del asunto permitirá determinar si existe o no sustento jurídico para configurar un “notable abandono de deberes”, la única causal por la que la Cámara de Diputadas y Diputados puede acusar constitucionalmente a un ministro de la Corte Suprema.
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