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Una pugna política amenaza con retrasar los proyectos que buscan impedir rebajas de penas a condenados por delitos sexuales contra menores. El oficialismo pretende acelerar su tramitación y votarlos en el Senado el próximo martes, mientras sectores opositores respaldan la iniciativa, pero buscan evitar que el ministro de Justicia, Fernando Rabat —a quien responsabilizan por la crisis— capitalice su aprobación. La reunión de comités de este miércoles definirá si se convoca una sesión extraordinaria y si el secretario de Estado participará del debate.
Una pugna política amenaza con retrasar los proyectos que buscan impedir rebajas de penas a condenados por delitos sexuales contra menores. Mientras el oficialismo y el Gobierno quieren llevarlos a la sala del Senado la próxima semana, sectores opositores buscan evitar que la iniciativa se convierta en un salvavidas para el ministro de Justicia, Fernando Rabat, a quien consideran el principal responsable de la crisis.
El desacuerdo no está tanto en el contenido de los proyectos fusionados, que cuentan con amplio respaldo, sino en los tiempos de tramitación y en el papel que tendrá Rabat en una eventual solución. Según antecedentes recabados por Radio Bío Bío, el oficialismo pretende acelerar su despacho, mientras parte de la oposición buscará cerrarle espacios políticos al secretario de Estado.
La apuesta de Kast y Núñez
La estrategia oficialista fue abordada durante el viaje presidencial, en una reunión a bordo del avión entre José Antonio Kast, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, y el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri.
Según fuentes, el encuentro se concentró principalmente en la acusación constitucional contra Rabat. Allí se planteó la necesidad de alinear al oficialismo en una defensa jurídica del ministro, por considerar que el libelo carecería de sustento constitucional. También se habló del compromiso de ambas cámaras para acelerar los proyectos sobre rebajas de penas.
En ese marco, Núñez buscará que la Comisión de Constitución del Senado sesione extraordinariamente este viernes, en una semana marcada por el debate presupuestario.
Su objetivo es que la comisión avance o incluso despache las iniciativas ese día. De no conseguirlo, la apuesta es terminar el trámite el lunes y llevarlas a votación en la sala el martes de la próxima semana.
Para abrir ese espacio, la presidenta del Senado buscará reunir este miércoles a los jefes de comité, conectándose telemáticamente desde Europa, para modificar la programación legislativa.
La apuesta tiene una doble lectura: entregar una respuesta a las víctimas, cerrando los espacios para nuevas rebajas de condena, y permitir que Rabat aparezca como parte de la solución. Esto último ofrecería al Gobierno una salida política ante los cuestionamientos y la acusación constitucional.
La oposición busca impedir un salvavidas para Rabat
En la oposición, sin embargo, el cálculo es otro. El miércoles pasado, los comités PS-PPD y Unidos —que agrupa a la DC, el Frente Amplio y el Partido Comunista— compartieron un almuerzo destinado a recomponer relaciones y coordinarse bajo la idea de actuar como “una sola oposición”.
Según fuentes que conocieron la cita, de las conversaciones surgió la preocupación de que una tramitación acelerada termine favoreciendo al ministro. No hubo un acuerdo explícito para bloquear los proyectos, pero sí una coincidencia política: no sería aceptable que Rabat, a quien responsabilizan por la crisis, termine encabezando la respuesta legislativa y capitalizando su aprobación.
Fuentes de Radio Bío Bío explican que la intención de estos sectores es no darle margen de acción política al secretario de Estado. El objetivo no es oponerse al fondo de la iniciativa, sino impedir que su despacho sirva para recomponer la posición del ministro y desplazar el debate sobre sus responsabilidades.
Ese cálculo tendrá su primera prueba en la agenda del Senado. Según antecedentes recabados por este medio, José Luis Castro y Ricardo Celis, jefe y subjefe del comité PS-PPD, se opondrán a que la Comisión de Constitución sesione extraordinariamente este viernes. A esa posición se sumaría el comité Unidos.
En la oposición sostienen que cambiar las tablas legislativas acordadas requiere unanimidad, que no están dispuestos a conceder. El oficialismo podría intentar una interpretación reglamentaria que permita aprobar la modificación por mayoría, pero incluso entonces encontraría otro obstáculo.
El papel de Mirosevic: avanzar, pero sin Rabat
En este escenario aparece una figura clave: Vlado Mirosevic, presidente de la Comisión de Constitución del Senado.
Según fuentes consultadas por Radio Bío Bío, si los comités aprobaran por mayoría una sesión extraordinaria, una alternativa que aparece es que Mirosevic no convoque a la comisión, considerando que la citación corresponde a las atribuciones de quien preside la instancia.
El parlamentario ha transmitido su disposición a actuar coordinadamente con su comité PS-PPD, marcando diferencias con la conducción de su antecesor, Pedro Araya. Sin embargo, no existe una decisión definitiva de impedir la sesión, ya que el escenario dependerá de lo que resuelvan los comités.
Pero hay otro antecedente que refleja hasta dónde podría llegar la disputa política.
Según información fuera de micrófono, incluso si los comités alcanzan un acuerdo unánime para sesionar, simplemente no se convocaría al ministro Fernando Rabat a participar de la discusión.
La intención es que la comisión tramite los proyectos, pero sin la presencia del titular de Justicia, en una señal política que apunta a restarle protagonismo en la búsqueda de una solución legislativa.
En la práctica, se trata de dejar a Rabat fuera de la interlocución parlamentaria sobre una crisis de la que sectores opositores lo consideran el principal responsable. Una decisión que marcaría distancia con el Gobierno, sin necesariamente impedir que avance la iniciativa.
Mirosevic se encuentra actualmente en Honduras, participando en un foro sobre justicia internacional, pero su viaje no representa un obstáculo para una eventual sesión del viernes. Si existe un acuerdo unánime, está disponible para convocarla, aunque sin citar al ministro.
Por ahora, la Comisión de Constitución no tiene una sesión programada para tramitar los proyectos, por lo que la reunión de comités del miércoles será determinante para definir los próximos pasos.
Celis: “Que no sea un salvavidas para el Gobierno”
En público, las posiciones son menos tajantes. Ricardo Celis aseguró que existe amplio acuerdo para impedir beneficios a condenados por violaciones y abusos sexuales contra menores, y que la tramitación debe ser pronta. Sin embargo, advirtió que la ley no puede convertirse en una vía de escape para el Ejecutivo.
“Claramente, esta tramitación de ley tiene que ser pronto, pero eso no obsta que sea un salvavidas para el Gobierno para hacerse el Larry en una cuestión que todos sabemos en Chile que ha provocado dolor a muchas familias”, sostuvo.
“Creo que tiene que haber tramitación rápida; los ripios tienen que despejarse, pero que no sea este el motivo de excusa para una cuestión inexcusable que ha cometido el Gobierno”, agregó.
Desde RN, la senadora María José Gatica defendió el avance de los proyectos: “Junto a un grupo de senadores hemos presentado un proyecto de ley para ponerle un candado a los pedófilos, pero de verdad”.
El senador republicano Renzo Trisotti también pidió celeridad: “Creo que el deber que hoy día tiene el Congreso Nacional frente a este grave conflicto es anteponer ante todo a las víctimas”.
La disputa, entonces, no pasa por si deben corregirse las normas, sino por quién conducirá esa respuesta y a qué velocidad. Mientras el oficialismo buscará una votación en sala el próximo martes, sectores opositores intentarán impedir que Rabat tenga un papel protagónico en la salida a una crisis por la que le atribuyen responsabilidad.
La reunión de comités del miércoles será decisiva para saber si Núñez consigue abrir una sesión extraordinaria o si la oposición logra frenar el calendario. Pero incluso si se consigue un acuerdo, la eventual exclusión de Rabat de la discusión dejaría en evidencia que la disputa va más allá de los plazos legislativos.
En el Senado, la programación de las sesiones y hasta la lista de invitados se han convertido en herramientas de presión política, mientras la acusación constitucional sigue marcando el futuro del ministro.
