La Fiscalía Nacional confirmó este lunes a BioBioChile que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, tiene calidad de imputado en la causa por presunta prevaricación administrativa, relacionada con la controversia por las rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.
Consultado en el Congreso Nacional sobre su situación judicial y si esta podría entorpecer sus funciones como secretario de Estado, Rabat aseguró que colaborará con el procedimiento y que será la investigación la que determine lo ocurrido.
“Existe una denuncia en mi contra y, por lo tanto, seguirá, ¿no es cierto?, la tramitación que corresponda en conformidad con los procesos penales y tendrá la colaboración, como yo espero que la preste cualquier chileno al respecto del cual se hace una denuncia”, sostuvo.
Ante una nueva consulta respecto de lo inusual que resulta tener a un ministro de Justicia en esta situación, Rabat evitó profundizar en su calidad de imputado y se limitó a señalar que “lo relevante es lo que se resuelva en definitiva en aquello”.
La investigación se enmarca en los cuestionamientos por la concesión de beneficios penitenciarios, que también involucraron al ahora exsubsecretario de Justicia, Luis Silva, removido de su cargo el pasado viernes.
Rabat defiende atribuciones de comisión que evalúa rebajas de condenas
El ministro también fue consultado por antecedentes conocidos en los últimos días sobre seremis que se habrían opuesto a determinadas rebajas de condena y por resoluciones de la Corte Suprema contrarias al otorgamiento de estos beneficios.
En particular, se le preguntó si estos antecedentes contradecían la jurisprudencia que había invocado durante su participación en la sesión especial de la Cámara de Diputadas y Diputados.
Frente a ello, Rabat insistió en que la legislación establece expresamente cuál es el organismo encargado de evaluar estas solicitudes.
“Lo que corresponde en esto es entender que hay una disposición expresa, el artículo 10 de la ley 19.856, que determina que el único órgano competente para calificar aquella materia es la comisión”, afirmó.
“Y eso es lo que he señalado desde el día uno, y eso es muy claro en la ley”, agregó.
Las declaraciones del secretario de Estado se producen mientras enfrenta cuestionamientos por las rebajas de condenas y el anuncio de una acusación constitucional por parte de la oposición en su contra.
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