En medio de las críticas de la oposición por las rebajas de condena concedidas a agresores sexuales de menores de edad, el Gobierno impulsa un proyecto de ley que busca cerrar los vacíos legales que han permitido otorgar estos beneficios. La iniciativa será discutida este martes en la Comisión de Constitución del Senado, mientras su presidente, Vlado Mirosevic, cuestionó al Ejecutivo por haber optado por “la peor” interpretación de la normativa vigente.
La propuesta surge tras la controversia por los 56 decretos de reducción de condena dictados por el Ministerio de Justicia durante la actual administración, que beneficiaron a personas condenadas por delitos sexuales contra menores.
El texto contempla dos modificaciones centrales a la Ley 19.856, que regula la reducción de condenas por buena conducta, con el objetivo de impedir que se repitan situaciones similares.
La primera establece que la prohibición de acceder a estos beneficios, incorporada en febrero de 2022, también debe aplicarse a quienes cometieron delitos sexuales contra menores antes de esa fecha, incluso cuando las sentencias condenatorias hayan sido dictadas con anterioridad.
Con ello, se busca resolver las diferencias de interpretación sobre la aplicación temporal de la normativa, que han abierto la posibilidad de conceder rebajas de condena por delitos cometidos antes de su entrada en vigencia.
La segunda modificación apunta a eliminar una excepción vinculada al artículo 73 del Código Penal, que actualmente permite acceder a estos beneficios en determinadas circunstancias. Sin embargo, esta nueva restricción solo se aplicaría a delitos cometidos desde la publicación de la futura ley.
Uno de los aspectos relevantes del proyecto es que no contempla revocar automáticamente las rebajas de condena ya concedidas, ni alterar los efectos de las sentencias judiciales ejecutoriadas.
Araya confirma acuerdo con el Gobierno y apunta a un vacío legal
En medio de la discusión, el senador Pedro Araya confirmó que existe un acuerdo con el Gobierno para avanzar en una modificación legislativa que permita resolver la controversia.
“Lo importante es que habría un acuerdo hoy día con el gobierno en orden a poder avanzar en un proyecto de ley que pueda zanjar este punto en forma definitiva, probablemente a través de una ley interpretativa para establecer con claridad cuáles son los criterios para optar a las rebajas de condena”, sostuvo.
El parlamentario explicó que existe una discusión jurídica sobre si la reducción de condena constituye un derecho de las personas condenadas o un beneficio sujeto al cumplimiento de determinados requisitos.
En ese sentido, señaló que el problema no quedó resuelto con las últimas modificaciones legales, lo que permitió distintas interpretaciones, tanto del Ministerio de Justicia como de los tribunales superiores que han ordenado conceder rebajas de condena.
No obstante, Araya evitó pronunciarse sobre la responsabilidad del ministro de Justicia, Fernando Rabat, ante la posibilidad de que se presente una acusación constitucional en su contra, instancia en la que eventualmente tendría que actuar como jurado.
Sin embargo, sostuvo que se trata de un problema de Estado y planteó la necesidad de que, junto con la modificación legal, se establezcan medidas de apoyo y protección para las víctimas afectadas por estos beneficios.
Mirosevic cuestiona al Ejecutivo por rebajas de condena
Por su parte, el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Vlado Mirosevic, anunció que citó a sus integrantes para este martes, a las 16:30 horas, con el propósito de discutir con urgencia la iniciativa.
“He citado a los miembros de la Comisión de Constitución para que discutamos con urgencia el proyecto que tiene que ver con reducción de condenas, de tal manera de evitar que ningún ministro ni ningún gobierno, con algún criterio completamente fuera del sentido común, vuelva a rebajar condenas a violadores de menores”, afirmó.
Pese al avance legislativo, Mirosevic lanzó una crítica directa al Gobierno por la interpretación que permitió conceder estos beneficios.
“De todas las opciones de interpretaciones posibles que tenía el gobierno, optó por la peor, que era darles la razón a los violadores de menores y darles beneficios, por lo tanto, de reducción de condena”, cuestionó.
El parlamentario aseguró que el proyecto busca impedir que futuras administraciones vuelvan a utilizar criterios similares para conceder reducciones de penas.
“Este proyecto cierra completamente esa puerta y ningún gobierno, ningún ministro, ni nadie en el futuro va a poder aplicar mal ese criterio”, enfatizó.
De esta manera, la Comisión de Constitución comenzará a discutir la iniciativa en medio de los cuestionamientos al Ministerio de Justicia por las rebajas de condena otorgadas durante los últimos meses.
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