Brasil 2026: la impugnación anunciada

El domingo 25 de octubre se informó el triunfo de Lula da Silva sobre Flávio Bolsonaro. Lula obtuvo el 51,79% de los votos válidos (64.256.232) frente al 48,21% de Flávio Bolsonaro (59.826.041), una diferencia de 4.430.191 votos. Hacia las 22:40 horas, Flávio declaró que no reconoce el resultado y que su equipo jurídico pedirá la anulación del pleito. Poco después, Donald Trump cuestionó públicamente la victoria sin aportar pruebas.

Pero las referencias a un posible fraude comenzaron mucho antes. Lo señalan las encuestas y lo señaló Bolsonaro mismo. La siguiente tabla es bastante clara en la discusión previa y, por ello, era esperable que hubiera una manifestación en torno al no reconocimiento de los resultados.

Respecto a la forma del presunto fraude, las denuncias tienen varias narrativas. No son equivalentes ni en su relación con la evidencia ni en su función política. Algunas son estrategias de actores en marco del conflicto político; otras, son diagnósticos de observadores.

La primera narrativa es planteada por el mismo Flávio Bolsonaro en julio, heredando el repertorio de Jair Bolsonaro (su padre). Su núcleo es la desconfianza en la urna electrónica, apoyada en una afirmación falsa sobre Smartmatic y haciendo una analogía con Venezuela. La denuncia tiene un linaje largo: Agência Lupa sitúa en 2014 el origen de la desinformación sobre urnas, y en 2022 esa misma tesis circuló en el ecosistema de Steve Bannon, con la etiqueta Smartmatic/Dominion trasplantada desde Estados Unidos (NPR, 2022). Su debilidad es empírica: carece de un hecho verificable que la sostenga, y el propio Flávio tuvo que retractarse en agosto.

La segunda narrativa fue planteada también por Flávio Bolsonaro durante la noche del 25 de octubre y respaldada por figuras como Nikolas Ferreira, algunos juristas y sectores de la prensa de derecha. Gazeta do Povo, por ejemplo, señaló la existencia de una posible «brecha» jurídica para solicitar la anulación de la elección.

A diferencia de los cuestionamientos anteriores, esta argumentación desplaza el foco desde la confiabilidad de las urnas electrónicas hacia la legalidad y legitimidad de una decisión judicial adoptada durante la jornada electoral.

La controversia se articula en torno a seis antecedentes concretos: la elección tuvo una prórroga temporal en ciertas zonas. Dicho plazo extra fue dispuesto por un ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), y no por la autoridad electoral; y dicho ministro había ejercido anteriormente como abogado de Lula. La solicitud original se circunscribía a tres ciudades del estado de Bahía, mientras que la resolución extendió sus efectos a todo el territorio nacional. No cabe duda que tuvo visos irregulares, no en tanto se pudiera asumir un acto de corrupción, sino al menos de un conjunto de decisiones discutibles por lo bajo y que no tuvieron respaldo de otras instituciones. Sin embargo, la población involucrada no era extensa y cuesta imaginar que este proceso periférico pudiera tener incidencia.

Este es el desplazamiento decisivo de 2026 respecto de 2022. El negacionismo deja de depender de una ficción técnica y se monta sobre una irregularidad real, de tipo habitual en elecciones.

Los portadores de la impugnación de resultados es la tesis de Donald Trump, Donald Trump Jr. y, antes, una misión frustrada del Departamento de Estado. Aquí la impugnación se inserta en un relato hemisférico: la elección brasileña sería otra instancia del «fraude» de 2020 en Estados Unidos. En esta narrativa Lula es un comunista que, en el marco de un régimen autoritario, no cede el poder. El argumento central de Trump, que Flávio ganó en la primera vuelta y era por ello favorito, pero claro, eso no prueba nada.

La tercera narrativa sobre intervenciones a la campaña proviene del Partido de los Trabajadores (PT) y sus líderes (Edinho Silva, Camilo Santana) y del propio Lula. Durante octubre el PT acusó a Meta de restringir su contenido, llevó el caso al TSE y anunció una denuncia ante la OEA; también denunció injerencia estadounidense. Pero ante la denuncia Meta reconoció que se había producido un perjuicio a la campaña de Lula, pero que no había sido deliberado. La noche del 25, Lula habló de una «derrota del negacionismo».

Por supuesto, esta narrativa es asimétrica, porque se dirige a quienes hoy acusan, pero es importante porque dibuja un escenario de polarización y desconfianza de alta intensidad. En este caso, Meta sí reconoce que hubo irregularidades que perjudicaba a Lula.

Hay una narrativa más jurídica y viene a explicar por qué no serían relevantes las irregularidades que se vieron. Sus portadores son Fernando Neisser (FGV, IASP), Marilda Silveira, Caio Grande Guerra, el ex juez electoral André Borges y el propio TSE (Tribunal electoral). La tesis central es que la nulidad derivada de irregularidades afecta secciones del padrón electoral, pero no la elección; señalan que el art. 224 del Código Electoral exige que la nulidad alcance a más de la mitad de los votos para convocar a una nueva elección; y que una diferencia de 4,4 millones vuelve casi imposible demostrar un efecto decisivo. Neisser introduce un matiz importante: en teoría, la diferencia horaria entre secciones podría fundar un pedido, pero su prosperidad depende del margen y de la distribución de las secciones que estuvieron más tiempo abiertas.

Lo cierto es que las tensiones manifiestan un escenario de alta complejidad para la estabilidad brasileña. Ambos sectores han planteado en distintos momentos sospechas de manipulación electoral. Ambos sectores no se plantean en un diálogo luego de la elección. Y las declaraciones de una irregularidad y con la principal potencia hemisférica (USA) señalando que hay fraude, son una suma que no da números naturales, sino alguna clase de monstruosidad. La probabilidad de un conflicto mayor creció notoriamente a dos horas de los resultados.

Sin embargo, lo que se inflamó fue perdiendo fuerza. Con las horas diversos países fueron reconociendo el triunfo de Lula y, en estos escenarios de conflictividad, es crucial cómo evolucionan las primeras horas. De momento, la altisonancia ha bajado y tal parece que Flávio Bolsonaro estaba esperando que el escenario le diera una posibilidad, pero ello no está ocurriendo.

No obstante la probabilidad de una impugnación electoral seria se ha reducido notoriamente, el proceso siguiente muestra riesgos para la calidad de la democracia brasileña. Sabemos que existe una tendencia de época: las instituciones siendo el lugar de la disputa, un campo de fuerzas que busca por distritos actores doblar la institucionalidad y llevarla a su terreno.

Przeworski (1991) definió la democracia como un sistema en el que los partidos pierden elecciones, y en el que la estabilidad depende de que los perdedores calculen que les conviene esperar la próxima ronda antes que romper. Diversos autores convirtieron esa intuición en un programa empírico: la legitimidad democrática se mide, sobre todo, en la conducta y las actitudes de quienes pierden. Brasil 2026 es un caso de manual en una dimensión: el margen de 3,6 puntos es el doble del de 2022 y, sin embargo, el liderazgo perdedor rechaza el resultado. Eso indica que el problema no es la estrechez sino la disposición previa del perdedor, ya medida en la desconfianza del 77% de su base.

Luhmann sostuvo que en sociedades complejas la legitimidad no proviene del acuerdo con los resultados, sino de la aceptación de procedimientos que absorben la decepción de los perdedores. Esta es, quizá, la clave más fina del caso. La decisión de cambiar la regla horaria durante la jornada, desde fuera de la autoridad electoral y con aplicación desigual, genera un manto de dudas. En términos luhmannianos, debilitó el mecanismo de absorción de la decepción justo en el momento en que era más necesario. La impugnación se aloja en la grieta del procedimiento.

Linz (1978) describió la oposición “semileal” como aquella que acepta formalmente las reglas, pero mantiene ambigüedad, encubre a los desleales y condiciona su lealtad a los resultados. La trayectoria de Flávio es una ilustración precisa: ataque en julio, retractación en agosto, compromiso televisivo de aceptar el resultado y desconocimiento la misma noche de la derrota. Hay autores que colocan como primer indicador de comportamiento autoritario el compromiso débil con las reglas del juego, incluido el rechazo de resultados electorales.

Diversos autores han mostrado que el entorno internacional pesa en la supervivencia de los regímenes latinoamericanos. Levitsky y Way distinguieron entre linkage (densidad de vínculos con Occidente) y leverage (vulnerabilidad a la presión externa). Ambos marcos tenían a EE.UU. como promotor de la democracia. En 2026 la variable se invierte: el actor externo con mayor capacidad de presión respalda la impugnación. Brasil tiene bajo leverage —economía grande, comercio diversificado y China como primer socio—, lo que limita los efectos materiales del no reconocimiento. Pero el respaldo simbólico de Washington cambia el cálculo del perdedor: rechazar el resultado deja de ser un gesto aislado y pasa a formar parte de una red internacional. Y ese peso puede usarse. Las circunstancias, cuando escribo esto, no son definitivas y la probabilidad de una regresión ha bajado al punto de estar enfriándose a cada segundo. Pero no es menor que por segunda vez estemos con elecciones impugnadas. La bolsa brasileña también acusa incertidumbre.

Hay autores que leyeron la llegada de Bolsonaro como una reacción iliberal ante la crisis del sistema. Se señala que el bolsonarismo opera como un modo de hacer política contra las instituciones desde dentro de ellas. No son pocos los que afirman que el golpe de 2022 «pegó en el travesaño». Y hay algo de cierto: estuvo muy cerca de concretarse y fracasó por un margen estrecho. No se ha recordado suficientemente este hecho en este proceso. Resumiré los hechos pues vale la pena.

En 2022 Lula ganó la segunda vuelta con el 50,90% de los votos válidos, frente al 49,10% de Jair Bolsonaro. Bolsonaro no reconoció explícitamente la derrota en su primera declaración y sus seguidores comenzaron a bloquear carreteras. Grupos bolsonaristas instalaron campamentos frente a cuarteles para exigir una intervención militar. Paralelamente, personas del entorno presidencial discutieron medidas excepcionales destinadas a cuestionar el resultado e impedir la asunción de Lula. La transmisión del poder se realizó, pero de manera anormal. Bolsonaro había viajado a Estados Unidos antes de terminar su mandato y no participó en la ceremonia. El 8 de enero miles de manifestantes bolsonaristas irrumpieron en el Congreso Nacional, el Palacio de Planalto y el Supremo Tribunal Federal, causando graves destrozos. Reclamaban una intervención militar que revirtiera el resultado electoral.

La pregunta abierta de 2026 es si el movimiento de impugnación del resultado que ya se produjo en 2022 puede reiterarse. De momento el tono de Flávio es más jurídico y no se ve avanzando con masas de personas protestando y llamando militares. De momento es algo más tímido que lo realizado por el padre y podemos señalar que ya el clima no se produjo y que la diferencia a favor de Lula es relevante. Pero no solo hay que observar si ocurre o no ocurre una impugnación con viabilidad. Hay más que observar. Para la región, el caso consolida un patrón: la impugnación de resultados por perdedores con aliados transnacionales se convierte en un repertorio disponible, no excepcional.

He concentrado mi atención en la impugnación porque es, de momento lo más importante. Pero dejo algunos aspectos sin desarrollar, pero que me parecen esenciales.

La segunda vuelta de Lula fue extraordinaria y su votación fue sorprendente. Y el logro es de Lula, no de la izquierda brasileña. Y esto se dice rápido, pero es crucial y tiene gran tamaño. Si la izquierda cree que este triunfo es algo más que un logro anímico, sencillamente volverá a los errores cometidos.

Lo segundo, esta elección es crucial geopolíticamente. Ninguna de las existentes hasta ahora en América Latina tiene esta importancia. Y tercero, ya nos tenemos que notificar de algo que está en el aire (y que no son aires de libertad): América Latina vive grandes tensiones que nos alejan de las instituciones, que nos invitan a no creer en la democracia como antes y donde la derrota se procesa como trampa, sin aprendizaje alguno. Esto merecerá más análisis en el futuro.