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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, defendió en TVN las rebajas de condena otorgadas a 56 condenados por delitos sexuales contra menores, asegurando que se ajustaron a la Constitución y la ley. No obstante, reconoció que no se consideró escuchar a las víctimas. Ante una posible acusación constitucional, descartó renunciar y sostuvo que actuó conforme a derecho. Además, anunció un proyecto para excluir del beneficio a condenados por violación de menores y reforzar la participación de las víctimas y el control judicial.

Este domingo, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, llegó al programa Estado Nacional de TVN, en donde defendió el criterio aplicado por su cartera para conceder rebajas de condena a 56 condenados por delitos sexuales contra menores de edad.

Según explicó el jefe de la cartera, la decisión “se basó en la Constitución, la legislación vigente y la jurisprudencia” de los tribunales.

Eso sí, Rabat aceptó que hubo “ciertas cosas” que no fueron consideradas, como por ejemplo, el escuchar a las víctimas.

También se refirió a la posibilidad de una acusación constitucional en su contra, anunciada por la oposición. Previamente, el ministro había sostenido que una acción de ese tipo “no tiene asidero”, pues, a su juicio, el ministerio actuó conforme a derecho.

Sobre la acusación, Rabat señaló que se trata de una facultad de los legisladores y afirmó que su actuar se ha ajustado a la normativa vigente. “Yo entiendo que estoy frente a una facultad que tienen los legisladores (…) Pero también creo, y esta semana ha sido bastante clara, en que he estado comportándome conforme a la Constitución y la ley”.

Respecto de su continuidad en el cargo, descartó presentar su renuncia y agregó que “espero acompañar al presidente durante sus cuatro años”.

Además, el ministro anunció que el Ejecutivo prepara un proyecto de ley para modificar la normativa. La iniciativa buscaría excluir expresamente del beneficio a condenados por violación contra niños, niñas y adolescentes, e incorporar una mayor participación de las víctimas y control judicial de las resoluciones.