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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Las seis bancadas de oposición analizan una acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, por firmar 56 rebajas de pena sin recurrir a tribunales. La decisión se tomaría tras reuniones y un estudio jurídico previsto para lunes y martes. Mientras Jaime Araya pidió unidad y sostuvo que la renuncia del ministro podría ser la única salida, el oficialismo respaldó a Rabat y acusó a la oposición de instrumentalizar el dolor de las víctimas. Algunos parlamentarios exigen acreditar infracciones legales antes de avanzar.

Desde el pasado viernes, las seis bancadas de oposición en la Cámara de Diputadas y Diputados iniciaron el estudio de una acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat. La decisión de impulsarla o no todavía no se define.

Quienes están empujando con fuerza este camino murmuran que un anuncio podría venir la próxima semana y que por estos días se dedicarán al análisis jurídico y a la solicitud de una sesión especial en la sala de la Cámara Baja.

El corazón del argumento político es que el ministro Rabat firmó las 56 rebajas de pena sin apelar judicialmente a cada una de las decisiones: “El ministro decidió saltarse los tribunales de justicia”, “le hizo más fácil la pega a los violadores” fueron algunas de las posturas tras la reunión de oposición.

Detalles de los casos de violadores que ya están en libertad y el camino de La Moneda y el oficialismo más duro, de compararse con el gobierno anterior, solo han alimentado la ira opositora.

El independiente-PPD, Jaime Araya, dijo que, decidan lo que decidan, la oposición debe actuar en unidad. “Los caminos se van achicando y no queda mucho más que la renuncia del ministro. Las bancadas de la oposición hemos acordado analizar los antecedentes y vamos a tener reuniones lunes y martes para tomar una decisión definitiva”, detalló.

Por su parte, en las bancadas y partidos más leales al gobierno de José Antonio Kast hablan de ‘carapalismo’, recordando el caso Monsalve, y han acusado a las izquierdas de usar el dolor de las víctimas con fines políticos.

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, dijo que Fernando Rabat cuenta con el respaldo de Kast y también el de su partido. “El ministro Rabat ha sido una especie de revelación y, hasta ahora, había tenido un trabajo impecable, y yo espero que siga haciendo su trabajo”, afirmó.

Hay quienes piden rigor jurídico. Estos difíciles meses para los adversarios del gobierno han estado también marcados por el dilema de presentar o no acusaciones constitucionales cuando no se tienen los votos, o de qué tanto considerar argumentos legales.

El diputado socialista, Marcos Ilabaca, integrante de la Comisión de Constitución, condicionó el juicio político a que existan bases jurídicas.

“Rebajar penas a violadores y abusadores de niños exige explicaciones y responsabilidades. Si en los antecedentes se acredita una infracción constitucional o legal del ministro, corresponde evaluar una acusación constitucional con rigor”, reforzó.

Las dudas también surgen al interior de la derecha. El RN Mauro González dijo a la Radio Bío Bío que, pese a ser colaborador del gobierno, con la información que existe, “no puede defender al ministerio de Justicia”.

La diputada independiente, Joanna Pérez, dijo que es partidaria de analizar en su mérito las herramientas constitucionales. Apuntó a actuar de forma escalonada, partiendo con una comisión especial investigadora o una sesión.

Entre las filas contrarias al gobierno, son varios quienes creen que los juicios políticos no dependen de los argumentos jurídicos, pero a nivel colectivo, las izquierdas buscarán que las diferencias de estrategia y análisis no se vuelvan un conflicto en sí mismo.