Alianza por la seguridad en los territorios

La crisis de seguridad que vive nuestro país no resiste más divisiones ni trincheras políticas; exige que todas las instituciones del Estado sumen capacidades desde el territorio. En este escenario crítico, la reciente Escuela de Seguridad Municipal 2026, organizada por la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) a través de su Centro de Estudios y Gestión Estratégica de Seguridad Municipal (CEGES) junto a la Subsecretaría de Prevención del Delito, se consolidó como un hito clave. La instancia demostró que el municipalismo no busca solo quejarse, sino liderar con propuestas, capacitación y estrategia la lucha contra la delincuencia en los barrios.

El encuentro, desarrollado en el Edificio Moneda Bicentenario, reflejó el rol articulador que ha impreso la AChM bajo la conducción de su presidente, el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri. Lejos de desentenderse del problema, la asociación reunió a cerca de 300 participantes entre autoridades y técnicos locales para profesionalizar su gestión en conjunto con el Centro Integral de Seguridad de la Universidad Finis Terrae.

El mensaje de Alessandri fue claro y propositivo: los municipios conocen mejor que nadie el pulso de las calles, pero para ser un aporte real en la prevención necesitan reglas claras, profesionalización, financiamiento y herramientas que protejan a los propios inspectores que arriesgan su vida a diario.

La solidez técnica del evento quedó demostrada en la convocatoria de expositores de primer nivel. El debate sobre el avance del crimen organizado contó con las ponencias del fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros; los destacados académicos Jaime Naquera, Lucía Dammert; y el exdirector nacional de Gendarmería Christian Alveal.

Asimismo, la mirada internacional estuvo marcada por la magistral exposición de la vicerrectora de la Universidad Católica de Ávila (UCA) de España, Lourdes Miguel Sáez, quien detalló cómo ese país integró con éxito a la seguridad municipal luego cuatro décadas de diseño institucional. Como muestra de este carácter proactivo, el director del CEGES, Ricardo Yáñez Reveco, selló en un documento un acuerdo de voluntades con la casa de estudios española para transferir buenas prácticas internacionales a nuestra realidad local.

Sin embargo, todo este despliegue técnico choca con nudos críticos y severas imperfecciones técnicas en el diseño de la Ley 21.802 y las normativas asociadas. Las jornadas de debate dejaron al descubierto que el texto actual posee errores estructurales que impactan directamente en la gestión administrativa y operativa de las comunas, afectando la capacidad de respuesta preventiva en lugar de facilitarla. La advertencia del municipalismo es nítida: el reglamento por sí solo no solucionará estas falencias de origen. Modificar el reglamento será insuficiente si las bases de la ley siguen manteniendo trabas operativas complejas de implementar.

Es aquí donde la AChM hace un llamado urgente a los parlamentarios, no desde la crítica, sino desde una profunda vocación de servicio: se requiere de forma obligatoria un trabajo legislativo conjunto y coordinado. Los municipios se suman de manera decidida como parte de la solución al problema y comprometen su colaboración activa para enmendar estos vacíos, tal como lo hacen permanentemente en la mesa técnica definida por el Ministerio de Seguridad junto a la Subsecretaría de Prevención del Delito en la revisión del texto reglamentario. Diseñar y corregir leyes sobre seguridad territorial sin la experiencia de quienes gestionan el día a día en los barrios es una receta destinada al estancamiento.

Finalmente, como Centro de Estudios CEGES AChM, sostenemos que ningún plan de seguridad va a funcionar si no se escribe en el miedo real con el que la gente convive todos los días. Es por eso que estamos convencidos que el Congreso y el municipalismo deben trabajar codo a codo; solo una alianza técnica y vinculante nos permitirá entregarle a la ciudadanía esa demanda por tranquilidad que tanto exigen.