El juez Daniel Urrutia busca frenar su eventual salida del Poder Judicial y solicitó al Pleno de la Corte Suprema anular la votación realizada el pasado 19 de octubre en el marco del cuaderno de remoción en su contra. Su defensa acusa irregularidades que habrían vulnerado el debido proceso, entre ellas la ausencia de un ministro suplente durante la votación y la presunta filtración de información reservada a la prensa.
La ofensiva judicial se produce luego de que el máximo tribunal dejara en suspenso la comunicación de su decisión sobre la permanencia del magistrado, investigado por viajar al extranjero mientras se encontraba con licencia médica psiquiátrica.
El requerimiento fue presentado por su abogado, Carlos Quezada Orozco, quien interpuso un incidente de nulidad procesal ante la Corte Suprema, solicitando dejar sin efecto tanto la votación del 19 de octubre como la vista de la causa, y ordenar una nueva audiencia ante un tribunal no inhabilitado.
La presentación busca revertir un escenario que, según fuentes del Poder Judicial consultadas por Radio Bío Bío, ya se anticipaba al interior del máximo tribunal: que la defensa de Urrutia recurriría a mecanismos procesales para intentar impedir su remoción.
Uno de los argumentos centrales del escrito es que el magistrado ya había sido absuelto en el sumario administrativo relacionado con sus viajes al extranjero durante su licencia médica, resolución adoptada por la Corte de Apelaciones de Santiago.
Sin embargo, pese a ese antecedente, la Corte Suprema inició de oficio un procedimiento de remoción, en ejercicio de sus atribuciones para evaluar la permanencia de los jueces en sus cargos.
Defensa acusa irregularidades en la votación
Uno de los principales cuestionamientos apunta a la votación del 19 de octubre, cuando el Pleno de la Suprema abordó cinco cuadernos de remoción, incluido el de Urrutia.
En esa oportunidad, la presidenta del máximo tribunal, Gloria Ana Chevesich, confirmó que la decisión quedaría pendiente hasta el regreso del ministro suplente Roberto Contreras, quien se encontraba de vacaciones.
Según publicó BioBioChile, las posturas al interior del tribunal estaban estrechas, con proyecciones de 9 votos contra 8 o 10 contra 7, considerando que para remover a un magistrado se requiere un mínimo de 11 votos.
Sin embargo, la defensa de Urrutia sostiene que la votación se realizó sin la presencia de Contreras, pese a que, por su calidad de suplente, debía emitir su pronunciamiento antes que los ministros de mayor antigüedad.
A juicio de su abogado, esta situación constituye una infracción a las normas que regulan la adopción de acuerdos judiciales y compromete la validez del procedimiento.
El escrito también cuestiona las presuntas filtraciones sobre el resultado de la votación, luego de que medios de comunicación informaran que existirían los votos necesarios para remover al magistrado.
En ese sentido, la defensa sostiene que la eventual entrega de información reservada por parte de integrantes de la Corte podría constituir una violación de secreto, por lo que solicita investigar los hechos.
En ese contexto, Quezada afirma que el procedimiento ha sido “desprolijo, absolutamente enturbiado”, cuestionando además que el propio Pleno actúe como órgano que conoce y resuelve la remoción.
Pide nueva votación e investigación por filtraciones
En concreto, la defensa solicitó que se declare la nulidad de la votación del 19 de octubre y de la vista de la causa, para que esta última se realice nuevamente ante un tribunal no inhabilitado.
También pidió que la presidenta de la Corte Suprema entregue un informe sobre lo ocurrido, además de abrir un período probatorio para acreditar las irregularidades denunciadas.
A ello se suma la solicitud de remitir los antecedentes a la Fiscalía Judicial para una investigación administrativa y al Ministerio Público, ante la eventual existencia de hechos constitutivos de delito.
Esta nueva acción se suma a la demanda de tutela laboral presentada por Urrutia contra la Corporación Administrativa del Poder Judicial, mediante la cual exige $77,4 millones por presunta vulneración de sus derechos fundamentales. La audiencia preparatoria está fijada para el próximo 16 de noviembre.
De esta manera, el magistrado abre un nuevo frente judicial para intentar mantenerse en el Poder Judicial, mientras la Corte Suprema tiene pendiente comunicar su decisión definitiva sobre el cuaderno de remoción.
De esta forma, la resolución del incidente de nulidad solicitado por su defensa será clave para determinar si el procedimiento continúa desde la votación ya realizada o si corresponde repetir parte de su tramitación.
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