Arrau se pasó de listo: las RUF en la incerteza

El gobierno tenía 10 días para promulgar las RUF desde su total despacho por el Congreso; lo hizo el viernes 9 de octubre, solo unas cuatro horas después que recibió el oficio de la Cámara de Diputados que le comunicaba formalmente la aprobación del proyecto. En efecto, a las 13:16 horas ingresó el decreto promulgatorio a Contraloría. Alguien puede pensar: “pero qué eficiencia”. El tema no es tan sencillo.

Según la ley, el momento en que se ingresa el decreto promulgatorio a Contraloría marca el vencimiento del plazo que tenían los parlamentarios para impugnar la ley ante el Tribunal Constitucional (TC) por violar alguna norma de la carta fundamental. 16 senadores de oposición ya habían anunciado que presentarían un requerimiento, lo que materializaron a las 22:19 del mismo viernes 9. El TC lo declaró inadmisible por estar fuera de plazo…por 9 horas y 3 minutos.

Una primera lectura de estos hechos podría hacer pensar que un gobierno muy hábil se movió velozmente para dejar fuera de juego a la oposición y lograr así imponer la vigencia de las RUF sin perder un día y sin riesgos de que el TC le echará alguna parte abajo. Lograba así darle la prometida certidumbre a policías y militares sobre las condiciones en que podrían usar sus armas en el cumplimiento de sus funciones. De hecho, el ministro Arrau salió a jactarse de su victoria en redes sociales diciendo: “Tal como lo anticipamos, el Tribunal Constitucional declaró inadmisible el requerimiento presentado por senadores de oposición contra las Reglas del Uso de la Fuerza. Una buena noticia para nuestro país y para Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones”.

Pero esa aparente buena noticia para los policías no es tal. Si el proyecto hubiese sido revisado por el TC en base al requerimiento de los senadores, en lo cual podía demorarse un plazo máximo de 20 días, puede que algunas normas se hubiesen eliminado, pero las que se analizasen y se decidiese mantenerlas, quedarían blindadas. Luego no podrían ser impugnadas por el mismo vicio de inconstitucionalidad cuando se quisiesen aplicar a casos concretos. En cambio ahora, todas las disposiciones de la ley podrán ser impugnadas por inconstitucionales en casos concretos donde los policías pretendan invocarlas para justificar su actuación. Es decir, la certeza, que era la gran promesa de las RUF, no será tal, gracias a la “viveza” de Arrau.

La protección de un carabinero o de un militar podrá depender de una votación del TC en su propio caso, y no de las RUF mismas. Arrau se pasó de listo: quiso blindar esas normas y las dejó a la intemperie.

Los senadores, por su parte, se dejaron madrugar. La regla sobre el plazo para requerir la inconstitucionalidad está en la ley, el TC la aplica sin excepciones. Alegaron que la Secretaría del Senado se demoró en darles un certificado necesario para el requerimiento (¿habrá habido mano mora para ese conveniente retardo?). Pero el TC les recordó que la ley permite acompañar ese y otros documentos después.

Es decir, sabiendo que tenían a un tipo como Arrau, famoso por sus “operaciones” (recordemos su denuncia de 2021, en vísperas de las elecciones, sobre cuentas en el extranjero de dirigentes políticos, entre ellos Bachelet y Desbordes, la que resultó falsa), se comportaron con inocencia parvularia y se dejaron madrugar. Todo ello, pese a que entre sus sueldos y los de todos los asesores con que cuentan, nos salen cientos de millones de pesos todos los meses. Muchos recursos para tanta incompetencia.

Las eventuales inconstitucionalidades que pueden surgir en casos concretos de aplicación de las RUF son muchas y potentes. Solo por mencionar una posibilidad: el conflicto entre la disposición que autoriza usar armas letales contra una persona que huye o para hacer cumplir una orden judicial y el derecho constitucional a la vida del artículo 19 N° 1 de la Constitución.

Arrau quería reglas claras para las policías y dejó abierta la puerta a un pleito constitucional en cada juicio por uso de la fuerza. La oposición quería defender la Constitución y llegó 9 horas y tres minutos tarde. La clase política, pese a sus jugosas remuneraciones, hace todo mal y perjudica a la ciudadanía y a los policías y militares, dejando un gran campo de incerteza, justo lo que se supone que se quería eliminar.