La Defensoría de la Niñez advirtió que el proyecto de Presupuesto 2027 contempla disminuciones en programas destinados a niños, niñas y adolescentes que requieren protección del Estado. Entre ellos, identificó una baja cercana al 7% en el financiamiento conjunto del cuidado alternativo y de casi un 59% en los recursos identificados para adopción.
La alerta surge de un informe de su Observatorio de Derechos, en medio de la discusión presupuestaria. El análisis examinó 197 asignaciones de gasto dirigido directamente a la infancia y adolescencia: 102 disminuyen, 63 aumentan y 32 se mantienen en niveles similares, respecto del presupuesto ajustado de 2026.
Aunque los recursos analizados suben globalmente un 0,81%, el organismo llamó a revisar qué ocurre con cada prestación y cómo las disminuciones podrían afectar a quienes las reciben.
“El debate no puede quedarse solo en si el presupuesto total sube o baja. Lo fundamental es saber qué ocurrirá con los niños, niñas y adolescentes que hoy reciben una prestación, si tendrán continuidad en su atención, con qué cobertura y bajo qué estándares de calidad. Cada disminución debe estar debidamente fundamentada y contar con alternativas cuando corresponda”, señaló el defensor de la Niñez, Anuar Quesille.
Defensoría de la Niñez alerta por Presupuesto 2027
En cuidado alternativo, el informe identifica una reducción conjunta cercana al 7%, considerando las prestaciones de administración directa y las desarrolladas por organismos colaboradores. La asignación destinada a estos últimos disminuye un 12,06%.
A ello se suma una caída cercana al 59% en los recursos identificados para programas de adopción. La Defensoría plantea que su justificación debe examinarse considerando la implementación de la nueva legislación.
“Lo que más nos preocupa es que estas disminuciones alcancen programas destinados a niños, niñas y adolescentes que requieren protección del Estado. Estamos hablando de prestaciones que no pueden interrumpirse ni deteriorarse por decisiones presupuestarias”, advirtió Quesille.
“Por eso, es indispensable que el Gobierno explique cómo garantizará su continuidad y calidad. Las restricciones fiscales no pueden traducirse en retrocesos en la protección de los derechos de la niñez”, agregó.
El organismo también puso atención en Diagnóstico Clínico Especializado y Pericia, debido a las listas de espera existentes. En este caso, la magnitud de la baja cambia considerablemente según la comparación: alcanza un 28,52% frente al presupuesto original de 2026, pero un 0,67% respecto del presupuesto ajustado durante su ejecución.
Educación y justicia juvenil también registran bajas
En educación, el estudio detectó una disminución cercana al 72% en las asignaciones examinadas de Becas y Asistencialidad Estudiantil, explicada principalmente por la eliminación del financiamiento del Programa de Becas de Acceso a TIC.
También identificó una baja cercana al 31% en Mejoramiento de la Calidad de la Educación, respecto del presupuesto ajustado de 2026. Este ámbito comprende iniciativas vinculadas a educación técnico-profesional pública, aprendizaje del inglés y liceos emblemáticos.
En justicia juvenil, el gasto de personal de los centros de administración directa disminuye entre un 7,7% y un 12,3%, dependiendo de la base de comparación. La Defensoría pidió evaluar esta situación mientras se discute una reforma a la responsabilidad penal adolescente que podría aumentar la población privada de libertad.
El informe también reconoce aumentos en intervenciones ambulatorias de reparación, fortalecimiento y vinculación familiar, Oficinas Locales de la Niñez y el Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil. Asimismo, registra incrementos en educación parvularia y salud, en este último caso principalmente por el financiamiento de hospitales pediátricos.
Otra advertencia apunta a que el proyecto no incorpora la glosa que exigía elaborar un informe anual sobre inversión y gasto público en niñez y adolescencia.
En el marco de la discusión presupuestaria, la Defensoría solicitará a Hacienda transparentar las comparaciones entre el presupuesto original y el ajustado de 2026, además de fundamentar los efectos previstos de las disminuciones sobre la cobertura y calidad de las prestaciones.