Una transformación profunda del sistema de fiscalización económica del Estado chileno. Ese es el objetivo de una propuesta ingresada a la Cámara de Diputados y que plantea terminar con la separación institucional entre el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Servicio Nacional de Aduanas.
Al fusionarse o generarse una nueva institucionalidad, se dará paso a un organismo único encargado de supervisar las operaciones tributarias, aduaneras y de comercio exterior.
La iniciativa, contenida en la solicitud de resolución N.º 266, fue impulsada por los diputados PPD Carlos Cuadrado y José Montalva, y apunta a modificar la manera en que el Estado enfrenta la evasión fiscal, el contrabando, el comercio ilícito y las estructuras financieras utilizadas por el crimen organizado.
El documento, presentado el 19 de octubre, solicita al presidente de la República, José Antonio Kast, ejercer su facultad de iniciativa exclusiva para ingresar al Congreso un proyecto de ley que permita crear el denominado Servicio de Impuestos Internos y Aduanas (SIIA).
La propuesta parte de una premisa que ha estado en el tapete en los últimos años y es que las organizaciones criminales y las operaciones económicas fraudulentas actúan de manera integrada, mientras que el aparato fiscalizador del Estado continúa funcionando mediante instituciones separadas y sin el trasvase de información necesaria para poder actuar.
En uno de sus fundamentos, los parlamentarios advierten: “Hoy una misma operación puede involucrar una empresa, una factura, una importación o exportación, una transferencia financiera, una valoración aduanera, una estructura societaria y, en determinados casos, mecanismos destinados a ocultar o legitimar recursos de origen ilícito”.
El diagnóstico apunta a que los organismos públicos enfrentan dificultades para reconstruir operaciones que combinan delitos tributarios, infracciones aduaneras y movimientos financieros destinados a ocultar el origen de los recursos.
Un nuevo servicio para seguir la ruta del dinero
El proyecto en su génesis busca integrar la capacidad de analizar simultáneamente operaciones de comercio exterior, declaraciones de impuestos, transferencias financieras y estructuras societarias. Todo bajo una sola plataforma.
En sus fundamentos, los autores advierten que la actual división institucional puede generar espacios de descoordinación, fragmentación de información y dificultades para identificar oportunamente operaciones económicas complejas.
La propuesta sostiene que el crimen organizado ya no se limita al tráfico de mercancías ilegales, sino que necesita estructuras económicas que permitan introducir, trasladar, ocultar y eventualmente legitimar recursos obtenidos mediante actividades ilícitas.
En esa línea, identifica modalidades como la subvaloración o sobrevaloración de mercancías, el uso de documentación falsa, las empresas de fachada, la triangulación comercial y la facturación ficticia., puntos que el Ministerio Público viene advirtiendo desde hace años como puntos focales.
El documento establece que: “El combate eficaz contra el crimen económico exige que el Estado sea capaz de analizar conjuntamente información que actualmente se encuentra distribuida entre distintas instituciones y sistemas”.
La integración permitiría, según sus impulsores, detectar patrones que hoy pueden pasar inadvertidos cuando cada organismo examina una parte de la operación económica.
Inteligencia artificial y fiscalización integrada
Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es la creación de una estructura especializada de Fiscalización Integrada y Crimen Económico, destinada a identificar, analizar y coordinar respuestas institucionales frente a operaciones sospechosas.
Esta unidad abordaría simultáneamente fenómenos de evasión tributaria, fraude fiscal, contrabando, comercio ilícito, documentación falsa, lavado de activos y otras manifestaciones de criminalidad económica.
La propuesta contempla además la creación de un Sistema Integrado de Información Tributaria, Aduanera y de Comercio Exterior, que permitiría cruzar antecedentes para identificar incumplimientos y generar perfiles de riesgo.
En ese contexto, se propone incorporar tecnologías de análisis de datos, aprendizaje automático e inteligencia artificial como herramientas auxiliares de fiscalización.
Sin embargo, el documento establece límites para su utilización. Los sistemas automatizados deberían contar con mecanismos de control humano, trazabilidad, auditoría y revisión, especialmente cuando sus resultados pudieran afectar los derechos de los contribuyentes.
La iniciativa también considera las exigencias de la Ley N.º 21.719 sobre protección de datos personales, cuyo nuevo régimen general entrará en vigor en diciembre de 2026.
Inteligencia artificial y fiscalización integrada
Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es la creación de una estructura especializada de Fiscalización Integrada y Crimen Económico, destinada a identificar, analizar y coordinar respuestas institucionales frente a operaciones sospechosas.
Esta unidad abordaría simultáneamente fenómenos de evasión tributaria, fraude fiscal, contrabando, comercio ilícito, documentación falsa, lavado de activos y otras manifestaciones de criminalidad económica.
La propuesta contempla además la creación de un Sistema Integrado de Información Tributaria, Aduanera y de Comercio Exterior, que permitiría cruzar antecedentes para identificar incumplimientos y generar perfiles de riesgo.
En ese contexto, se propone incorporar tecnologías de análisis de datos, aprendizaje automático e inteligencia artificial como herramientas auxiliares de fiscalización.
Sin embargo, el documento establece límites para su utilización. Los sistemas automatizados deberían contar con mecanismos de control humano, trazabilidad, auditoría y revisión, especialmente cuando sus resultados pudieran afectar los derechos de los contribuyentes.
La iniciativa también considera las exigencias de la Ley N.º 21.719 sobre protección de datos personales, cuyo nuevo régimen general entrará en vigor en diciembre de 2026.
La advertencia sobre Aduanas: evitar que quede subordinada al SII
Uno de los puntos relevantes de la propuesta es que la integración institucional no debería significar la desaparición de las funciones especializadas del Servicio Nacional de Aduanas.
Los parlamentarios advierten que Aduanas no cumple únicamente funciones recaudatorias. También ejerce labores de control fronterizo, fiscalización de mercancías, prevención del contrabando, facilitación del comercio legítimo y protección de la seguridad económica del país.
Por ello, el documento exige: “La garantía de que la integración institucional no signifique la subordinación de las funciones aduaneras a una lógica exclusivamente tributaria o recaudatoria”.
La fórmula sugerida contempla estructuras técnicas diferenciadas dentro de una misma institución, con una administración superior común, pero preservando la especialización y autonomía técnica de las funciones tributarias y aduaneras.
Los autores mencionan experiencias internacionales de países como España, Portugal, Perú, Argentina, Paraguay, Reino Unido y Sudáfrica, aunque reconocen que no existe un modelo único de integración sí se podría evaluar los cambios del actual sistema.
¿Qué pasará con los funcionarios de Aduanas?
La propuesta también aborda uno de los aspectos que podría generar mayor resistencia institucional y que se basa en las consecuencias de la fusión para los funcionarios de ambos servicios.
El texto establece que cualquier proceso de integración debe garantizar la continuidad de sus derechos y condiciones estatutarias, incluyendo antigüedad, remuneraciones, grados, asignaciones y derechos previsionales.
También propone un período de transición gradual para integrar las plantas de personal, estructuras orgánicas, sistemas informáticos, bases de datos, patrimonio, contratos y procedimientos administrativos. En ese proceso, plantea incorporar la participación técnica de funcionarios y asociaciones representativas de ambos organismos.
El antecedente de la comisión contra el fraude y el crimen organizado
Los autores también recurren a un antecedente administrativo para justificar su planteamiento. Se trata del Decreto Exento N.º 194 de 2025, del Ministerio de Hacienda, que creó la Comisión de Lucha contra la Evasión Fiscal, el Contrabando, el Fraude Tributario y Aduanero, el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Crimen Organizado.
Dicha instancia reúne a organismos como el SII, Aduanas, la Tesorería General de la República y la Unidad de Análisis Financiero.
Para los diputados Cuadrado y Montalva la existencia de la propuesta demuestra que el propio Estado ha reconocido la necesidad de mejorar la coordinación entre instituciones que intervienen en la fiscalización y persecución de operaciones económicas ilícitas.
Sin embargo, el documento plantea abrir una discusión sobre si esa coordinación resulta suficiente o si corresponde avanzar hacia una estructura institucional permanente y unificada, que sería la base del por qué enviaron el proyecto de acuerdo.
La decisión queda en manos del Ejecutivo
La iniciativa no constituye todavía un proyecto de ley de fusión institucional. Se trata de una solicitud de resolución mediante la cual los parlamentarios buscan que la Cámara manifieste su voluntad política y requiera al Ejecutivo presentar una propuesta legislativa.
En consecuencia, una eventual aprobación de la resolución no fusionaría automáticamente el SII y Aduanas, ni obligaría jurídicamente al Gobierno a presentar el proyecto. Los diputados solicitan que el Ejecutivo acompañe una evaluación de impacto institucional, fiscal, tecnológico y funcionario, con el propósito de determinar los costos, beneficios y riesgos de la reforma.
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