En medio de los cuestionamientos por corrupción y probidad que enfrenta el Poder Judicial, la Corte Suprema definió la quina de candidatos para reemplazar al exministro Diego Simpértigue, destituido tras una acusación constitucional vinculada a la denominada trama bielorrusa.
La decisión se produce justo cuando el máximo tribunal se prepara para desarrollar dos jornadas de reflexión, programadas para este jueves y viernes, en un escenario marcado por nuevas controversias que han puesto bajo la lupa el funcionamiento de la justicia.
La nómina quedó integrada por Eliana Quezada, Hernán Crisosto, Juan Cristóbal Mera, Maritza Villadangos y Teresa Carolina Figueroa.
Ahora corresponderá al Presidente de la República escoger a uno de los cinco candidatos para proponer su nombramiento al Senado, donde deberá obtener el respaldo de dos tercios de los parlamentarios en ejercicio.
La vacante se produjo luego de que Simpértigue fuera destituido en diciembre de 2025, tras la aprobación de una acusación constitucional en su contra.
Entre los cuestionamientos que enfrentó el exmagistrado estuvieron sus vínculos con abogados relacionados con la trama bielorrusa y un viaje en crucero por Europa junto a Eduardo Lagos Herrera, representante de Belaz Movitec en su disputa judicial con Codelco.
Las posturas de los candidatos a la Corte Suprema
Durante sus exposiciones ante el máximo tribunal, algunos de los postulantes abordaron el rol de los jueces, los límites de la función jurisdiccional y la importancia de recuperar la confianza ciudadana en la justicia.
El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Cristóbal Mera, defendió que los magistrados deben aplicar la legislación vigente sin asumir atribuciones que corresponden al Congreso.
“Es muy curioso que a uno lo feliciten o le digan que ha sido osado por decir que los jueces deben fallar de acuerdo a la ley. Pero bueno, así están las cosas. Los jueces debemos hacer lo que juramos cada vez que asumimos un cargo: cumplir con la Constitución y la ley“, sostuvo.
Por su parte, la ministra de la Corte de Santiago, Maritza Villadangos, se refirió a los límites que deben observar los tribunales en el ejercicio de sus funciones.
“Una Corte Suprema prudente no puede destinar sus esfuerzos a ensanchar el derecho más allá de lo que la intención de aquel admite. Implica desdibujar la función que el ordenamiento jurídico le ha asignado y debilita la estructura del sistema judicial”, señaló.
En tanto, Teresa Carolina Figueroa, magistrada de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, destacó la importancia de fundamentar las decisiones judiciales como una forma de fortalecer la legitimidad institucional.
“La autoridad del Poder Judicial no descansa en mecanismos de representación política, como dije, sino en la confianza que genera la racionalidad de sus decisiones”, afirmó.
Nuevo sumario por conversaciones con Luis Hermosilla
La definición de la quina coincide con otro episodio que vuelve a instalar los cuestionamientos sobre la probidad al interior del Poder Judicial.
La Corte de Apelaciones de Santiago abrió un sumario administrativo contra la fiscal judicial Ana María Hernández, luego de que se conocieran conversaciones con el abogado Luis Hermosilla relacionadas con gestiones para conseguir su nombramiento.
Si bien este caso es distinto de los antecedentes que motivaron la destitución de Simpértigue, ambos episodios se producen en medio del escrutinio sobre los mecanismos de nombramiento y los vínculos entre integrantes del Poder Judicial y abogados externos.
De esta manera, la elección del nuevo integrante de la Corte Suprema se desarrolla en un escenario especialmente complejo para el máximo tribunal, que deberá abordar los cuestionamientos institucionales durante sus jornadas de reflexión de esta semana.
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