El Congreso Nacional despachó este martes el proyecto de ley que busca agilizar las expulsiones administrativas de migrantes, incorporando la posibilidad de que la Policía de Investigaciones (PDI) ingrese a domicilios, previa autorización judicial, para detener a personas con órdenes de expulsión firmes y ejecutoriadas.
La tramitación concluyó luego de que el Senado aprobara el informe de la Comisión Mixta con 37 votos a favor y una abstención, sumándose al respaldo previo de la Cámara de Diputados, que obtuvo 128 votos a favor y 11 en contra.
La aprobación ocurrió pocas horas después de que el presidente José Antonio Kast emplazara al Parlamento a respaldar la propuesta, en el marco de las gestiones del Gobierno para expulsar a seis extranjeros detenidos durante los incidentes del 18 de octubre.
Entre sus principales modificaciones, el proyecto establece que la PDI podrá solicitar por escrito autorización a un juez de garantía para ingresar a un inmueble, exclusivamente con el propósito de detener a una persona que tenga una orden de expulsión administrativa firme y ejecutoriada.
Esto significa que la policía no podrá ingresar libremente a cualquier domicilio por el solo hecho de que una persona se encuentre en situación migratoria irregular. Además, la medida estará sujeta a requisitos legales y al control previo de un tribunal.
La reforma también aumenta de tres a cinco años el período mínimo de prohibición de reingreso al país para extranjeros expulsados administrativamente y fortalece el registro de datos biométricos de personas en situación irregular.
Asimismo, contempla mecanismos para obtener información que facilite la notificación de los procedimientos de expulsión, con restricciones destinadas a proteger a niños, niñas y adolescentes, además de excluir a establecimientos educacionales y de salud.
Según informó el Senado, la presidenta de la Comisión Mixta, Danisa Astudillo, destacó que los acuerdos alcanzados incorporaron recomendaciones de la Corte Suprema y del Ministerio Público.
Sin embargo, durante el debate parlamentario también surgieron advertencias sobre las dificultades para llevar las nuevas disposiciones a la práctica.
Los senadores plantearon que su aplicación requerirá recursos económicos, capacidad policial y coordinación internacional, por lo que insistieron en la necesidad de contemplar financiamiento en el Presupuesto 2027.
De esta manera, aunque el Congreso completó la tramitación de la reforma, su despacho no garantiza por sí solo un aumento de las expulsiones de migrantes. Además, la iniciativa todavía debe cumplir los trámites constitucionales correspondientes antes de su promulgación, publicación y entrada en vigor.
El emplazamiento de Kast y las expulsiones de migrantes por el 18-O
Cabe destacar que el despacho de la iniciativa se produjo después de que el presidente José Antonio Kast llamara al Congreso a respaldar el proyecto, cuestionando las dificultades que enfrenta el Ejecutivo para concretar las expulsiones.
Desde la Región de Atacama, el Mandatario emplazó a los parlamentarios a no anteponer diferencias políticas a las necesidades de seguridad del país.
“Los que votan en contra de la seguridad que se hagan cargo, así como tienen que hacerse cargo aquellos que votaron en contra de poder ampliar el plazo para retener a inmigrantes ilegales”, sostuvo.
“Porque es imposible hacer el trabajo si hay solo cinco días para ir a buscar, retener y enviar al extranjero. Y ahí le hago un llamado a los diputados que no cobren cuentas políticas con cargo al dolor de los chilenos”, agregó.
Sus declaraciones coincidieron con el anuncio del Servicio Nacional de Migraciones sobre el inicio de gestiones para expulsar a seis extranjeros detenidos durante los incidentes registrados en la conmemoración del estallido social.
Se trata de tres ciudadanos peruanos, dos haitianos y un venezolano. Según informó el organismo, cinco cuentan con residencia definitiva en Chile, por lo que se iniciaron procedimientos administrativos para evaluar la revocación de sus permisos. Respecto del sexto, se analiza su expulsión por ingreso irregular.
Entre los antecedentes policiales informados figuran detenciones por porte de arma cortante, infracciones a la Ley de Drogas y otras situaciones registradas con anterioridad.
Cabe destacar que estos seis procedimientos no son consecuencia de la nueva iniciativa despachada por el Congreso. Las gestiones fueron iniciadas por el Servicio Nacional de Migraciones utilizando las facultades que ya contempla la legislación vigente y deberán cumplir las etapas administrativas y legales correspondientes.
Libertarios pide mano dura
En medio de este escenario, el vicepresidente del Partido Nacional Libertario, diputado Hans Marowski, llamó al Ejecutivo a actuar con mayor firmeza frente a los extranjeros que cometan delitos en Chile.
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“El que viene a Chile a delinquir y a destruir el orden público no puede pretender que nuestro país le abra las puertas y le garantice permanencia”, afirmó.
El parlamentario agregó que “aquí lo importante no es anunciar las expulsiones, es ejecutarlas”, sentenciando que “en Chile debería regir el que no aporta, se deporta”.
Por su parte, el exdirector del Servicio Nacional de Migraciones durante la administración de Gabriel Boric, Luis Thayer, sostuvo en conversación con La Radio que las medidas anunciadas por el Gobierno mantienen elementos de continuidad con procedimientos aplicados desde 2022.
“El proyecto que aprobó ayer la Cámara de Diputados le otorga al subsecretario del Interior la facultad para expulsar no solo por vulneración de la seguridad pública, sino también por actos que vulneren el orden público”, explicó.
A su juicio, si las expulsiones de migrantes anunciadas se enmarcan en esas facultades, se trataría de una medida que mantiene continuidad con la política migratoria aplicada en los últimos años.
Así, mientras el Congreso completó la aprobación de una reforma destinada a facilitar las expulsiones administrativas, el Gobierno deberá concretar los procedimientos anunciados por los incidentes del 18 de octubre con las herramientas legales actualmente disponibles, sin que las nuevas facultades policiales puedan utilizarse hasta que la normativa entre en vigor.
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