El futuro de Dominga vuelve a quedar en discusión. Tras retirar los recursos que mantenía ante la Corte Suprema, Andes Iron cerró una de las vías con las que buscaba destrabar el proyecto minero-portuario y ahora concentrará sus esfuerzos en un camino alternativo.
El desistimiento dejó vigente el rechazo del Comité de Ministros de enero de 2025. Sin embargo, la empresa todavía cuenta con una vía administrativa para intentar reactivar la iniciativa.
Dominga contempla la extracción de hierro y cobre, además de un terminal portuario en La Higuera, Coquimbo. Su tramitación lleva más de una década marcada por disputas administrativas y judiciales.
En 2025, el Comité de Ministros rechazó la iniciativa, decisión que posteriormente quedó vigente tras un fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Andes Iron recurrió entonces a la Suprema, vía que ahora decidió abandonar.
El biministro Daniel Mas aseguró que el Gobierno ha monitoreado de cerca el caso y recalcó el interés del Ejecutivo en que las inversiones mineras —que cumplan con las exigencias ambientales— puedan avanzar.
“Estamos monitoreándolos de cerca. Más allá de este proyecto, a nosotros nos interesa la inversión minera y vamos a dar facilidad para que toda la inversión minera que cumpla los estándares medioambientales que nos hemos propuesto como país se pueda llevar a cabo en plazos y forma”, afirmó.
Pero el retiro de los recursos no necesariamente significa el final de Dominga, ya que la empresa podría optar por la vía administrativa.
El Servicio de Evaluación Ambiental admitió a trámite solicitudes que buscan invalidar la resolución con que el Comité de Ministros rechazó Dominga en enero de 2025.
El experto ambiental y docente de la Escuela de Ingeniería IACC, Víctor Sanhueza. Si se invalida el rechazo, Dominga retoma su tramitación y, ante una eventual impugnación, vuelve a las manos del Ejecutivo, esta vez bajo una administración distinta.
“Porque, si la invalidación prospera, el expediente va a retroceder y la discusión política y técnica va a volver a manos de las autoridades ministeriales”, dijo.
Organizaciones ambientales valoraron el retiro del recurso ante la Suprema. Sin embargo, la abogada de Greenpeace Roxana Núñez advirtió que, si se abre una vía administrativa, será el gobierno quien defina la continuidad del proyecto.
“Es esperable que ahora la presión se traslade hacia el Ejecutivo. Quién deberá decidir si abre nuevamente la puerta a este proyecto que ha estado rodeado de constantes cuestionamientos, especialmente desde la corrupción”, alertó.
Aunque Dominga permanece actualmente rechazado, la discusión sobre su futuro continúa abierta. Ahora la atención estará puesta en la tramitación de las solicitudes de invalidación y en los efectos que podría tener este nuevo camino administrativo.
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