Tras el reciente giro que tomó el proyecto minero-portuario Dominga, luego de que Andes Iron desistiera de todos los recursos legales que había interpuesto contra el último rechazo de la iniciativa, la ONG Greenpeace sostuvo que “el rechazo debe respetarse” e instó al Ejecutivo a “no caer en presiones”.
Recordemos que la empresa acudió a la Corte Suprema para ceder los recursos de casación y queja que había presentado, por lo que el proyecto retrocedió judicialmente a enero de 2025.
Por lo anterior, y mediante una declaración escrita firmada por la abogada de Greenpeace, Roxana Núñez, la organización afirmó que la decisión de Andes Iron ante el máximo tribunal constituye un reconocimiento claro de que “Dominga está rechazada”.
Desde la ONG también señalaron que esta determinación responde a que las posibilidades de revertir judicialmente el rechazo se habían vuelto cada vez más estrechas.
“Después de 13 años de tramitación, la empresa desiste de la vía judicial y deja vigente el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que confirmó el rechazo del Comité de Ministros”, sostuvo Núñez.
Greenpeace recalcó que este giro se produce en medio de la investigación penal impulsada por ellos, destinada a esclarecer presuntos actos de corrupción e irregularidades vinculados a la tramitación del proyecto.
“Esta querella investiga eventuales delitos de cohecho agravado y revelación de secretos, a partir de los más de $255 millones que Andes Iron pagó al estudio jurídico Lagos, Vargas & Silber, dos de cuyos socios están imputados en el caso Muñeca Bielorrusa”, recordó la abogada.
“Creemos que es indispensable que esa investigación avance, se esclarezca el verdadero propósito de esos pagos y que se determinen todas las responsabilidades que correspondan”, añadió.
“El Ejecutivo tiene la responsabilidad de no caer en presiones”
En esa línea, la ONG alertó que este hecho -a su juicio- sería un intento por imponer un proyecto vía administrativa cuya tramitación ha estado marcada por dudas relacionadas con cuestionamientos ambientales y de probidad, los cuales han estado presentes por más de una década.
Finalmente, insistió en que “el rechazo de Dominga debe respetarse”, llamando al Ejecutivo a actuar con responsabilidad frente a esta materia.
“El Ejecutivo tiene la responsabilidad de no caer en presiones, garantizar la transparencia y el respeto a las decisiones institucionales, y de proteger un ecosistema de extraordinario valor como el archipiélago de Humboldt”, culmina el escrito.
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