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La semana parlamentaria dejó al descubierto problemas en la coordinación del oficialismo, con una reforma migratoria perdida por un voto, errores en permisos de diputados republicanos, y una indicación que afectó la Ley Antibarricadas. Renovación Nacional respaldó al ministro de Seguridad, José García Ruminot, pese a la presión. La discusión se extendió a la falta de responsabilidad en la Segpres y a diferencias entre RN y Republicanos. Además, se generaron tensiones por propuestas para enfrentar el desempleo y por declaraciones del ministro Martín Arrau, quien admitió preferir evitar el Congreso.
Una reforma migratoria perdida por apenas un voto, permisos mal tramitados, una indicación que golpeó el corazón de la Ley Antibarricadas y una guerra interna que enfrentó a Renovación Nacional con Republicanos. La semana legislativa terminó dejando bajo presión a la Segpres y expuso problemas de coordinación dentro del oficialismo. Como telón de fondo, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, abrió otro flanco al reconocer que, si dependiera de él, preferiría no ir al Congreso.
Bastó un voto para que una discusión que inicialmente debía concentrarse en migración terminara convertida en una radiografía de los problemas del Gobierno en el Congreso.
La Cámara de Diputadas y Diputados rechazó el martes la reforma constitucional que buscaba ampliar los plazos de detención de extranjeros con orden de expulsión administrativa. El Ejecutivo consiguió 88 votos favorables, pero necesitaba 89 para alcanzar los cuatro séptimos exigidos. Hubo además 28 votos en contra y 19 abstenciones.
El margen mínimo hizo que rápidamente comenzara la búsqueda de responsabilidades.
Dos diputados republicanos, Felipe Ross y Stephan Schubert, se encontraban fuera del país acompañando al presidente José Antonio Kast en Estados Unidos. Sus ausencias eran conocidas, pero los permisos constitucionales que podían modificar el universo utilizado para calcular el quórum no quedaron correctamente tramitados.
La secuencia incluyó un artículo equivocado, una corrección presentada fuera de plazo y una alternativa que no se utilizó oportunamente. Con 88 votos sobre la mesa, cada uno de esos errores adquirió una dimensión que probablemente no habría tenido con un resultado más holgado.
Y las miradas comenzaron a dirigirse hacia la Secretaría General de la Presidencia.
El fuego amigo
El ministro José García Ruminot quedó bajo presión por una derrota que golpeó especialmente porque ocurrió en una materia prioritaria para La Moneda.
Pero RN salió rápidamente a defender al único ministro de sus filas en el gabinete.
El jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Schalper, sostuvo que García no era el “inspector del curso” ni “la mamá a cargo” de los parlamentarios y recalcó que corresponde a cada comité tramitar sus permisos constitucionales.
La defensa no quedó ahí.
RN terminó cerrando filas institucionalmente con García y su subsecretaria, Constanza Castillo, acusando incluso “mala intención” detrás de algunos cuestionamientos y llamando a distribuir las responsabilidades por los tropiezos legislativos.
Al otro lado aparecieron cuestionamientos desde Republicanos y también desde otros sectores de la derecha hacia la conducción legislativa del Ejecutivo. El resultado fue que una derrota frente a la oposición terminó transformándose también en una disputa dentro del propio bloque gubernamental.
Republicanos reconocieron problemas en la tramitación de los permisos de sus diputados, aunque públicamente pusieron mayor énfasis en los votos opositores y del PDG que el Gobierno esperaba conseguir y que finalmente no llegaron. Desde RN, en cambio, insistieron en que la responsabilidad de los permisos recaía en cada bancada.
La discusión dejó así una pregunta incómoda instalada dentro del oficialismo: ¿hasta dónde llega la responsabilidad de la Segpres de contar los votos y dónde comienza la obligación de cada partido de ordenar a sus propios parlamentarios?
La respuesta quedó lejos de ser consensuada.
De la migración al empleo
El enfrentamiento entre RN y Republicanos tampoco quedó restringido al Congreso.
En paralelo, Renovación Nacional comenzó a presionar al Ejecutivo para “piñerizar” su respuesta frente al desempleo, proponiendo recuperar dos herramientas utilizadas durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera: un subsidio a la contratación formal y el fortalecimiento del Fogape.
La idea provocó reacciones dispares entre los republicanos.
La diputada Stephanie Jéldrez sostuvo que “el piñerismo sin Piñera no existe”, desatando una dura respuesta de la secretaria general de RN, Katherine Martorell.
“El piñerismo tiene la experiencia que al Gobierno le falta”, replicó la dirigente, quien además acusó “falta de pudor” en los cuestionamientos.
El intercambio amplificó una discusión que ya venía incubándose tras los tropiezos legislativos: la experiencia política de los equipos que administran la relación del Gobierno con el Congreso.
Incluso el propio presidente Kast tomó distancia de la etiqueta planteada por RN. Desde Nueva York sostuvo que no se trataba de utilizar “la fórmula de uno u otro presidente”, aunque se mostró disponible a considerar medidas que hayan funcionado anteriormente.
Otro golpe en seguridad
La reforma migratoria no fue el único traspié.
Un día después, el Gobierno consiguió que la Cámara aprobara la denominada Ley Antibarricadas 2.0, pero el avance quedó empañado por una indicación opositora que modificó uno de sus aspectos centrales.
La iniciativa buscaba sancionar también determinadas obstaculizaciones parciales del tránsito. Sin embargo, durante la votación se incorporó una excepción relacionada con las manifestaciones pacíficas.
La oposición celebró el cambio. En el oficialismo surgieron reparos porque, según sus críticos, la redacción podía terminar dificultando la aplicación precisamente de una de las principales novedades que buscaba introducir el proyecto.
Así, incluso una votación que formalmente significó un avance legislativo terminó dejando un sabor amargo para La Moneda.
Y nuevamente el problema estuvo en el Congreso.
Arrau echa más leña al fuego
Fue en ese escenario cuando el ministro de Seguridad, Martín Arrau, entregó una frase que rápidamente comenzó a generar escozor entre los parlamentarios.
“Yo por mí, no iría al Congreso. Creo que la gestión es tremendamente más importante”, aseguró durante una conversación organizada por Icare.
El momento difícilmente podía ser más complejo.
La reforma migratoria acababa de naufragar y el Ejecutivo comenzaba a explorar una fórmula para rescatarla mediante la insistencia en el Senado, mecanismo que obliga al Gobierno a construir una mayoría de dos tercios.
Es decir, mientras La Moneda necesitaba abrir conversaciones con senadores opositores, uno de los ministros directamente involucrados en la agenda de seguridad reconocía públicamente que prefería pasar menos tiempo en el Congreso.
La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), calificó las palabras como “desafortunadas”. Arrau posteriormente intentó contener la controversia: sostuvo que sus dichos habían sido interpretados fuera de contexto, reivindicó su respeto por la labor parlamentaria y aseguró que seguirá concurriendo todas las veces que sea necesario.
Pero la polémica ya estaba instalada.
Una Segpres bajo presión
La suma de episodios volvió a poner en discusión el desempeño de la Segpres.
No se trata únicamente de la derrota migratoria. El Gobierno venía arrastrando dificultades anteriores, entre ellas la tramitación de Sala Cuna Universal, donde también surgieron cuestionamientos por la coordinación de votos y permisos parlamentarios.
La propia diputada RN Carla Mora apuntó esta semana al oficialismo y sostuvo que los tropiezos eran “de cosecha propia”, advirtiendo que situaciones evitables podían terminar significando un costo político para cualquier ministro encargado de las relaciones con el Congreso.
El problema para La Moneda es especialmente sensible porque el actual Congreso no entrega mayorías automáticas.
Cada reforma que requiere un quórum elevado obliga a sumar votos fuera del núcleo duro del Gobierno, pero también a garantizar que estén disponibles todos los respaldos propios. Y esta semana demostró que ambas tareas pueden fallar simultáneamente.
La semana que encendió las alarmas
La diferencia entre tener una mayoría política potencial y disponer efectivamente de ella en la Sala terminó siendo una de las principales lecciones de estos días.
La reforma migratoria fue el ejemplo más evidente: 88 votos no bastaron cuando se necesitaban 89.
Pero alrededor de ese sufragio perdido se acumularon otros problemas.
Permisos mal tramitados. Votos que se daban por descontados y no llegaron. Una indicación opositora que modificó una iniciativa emblemática de seguridad. Un ministro enfrentado a cuestionamientos por su relación con el Parlamento. Y, finalmente, partidos oficialistas intercambiando reproches sobre quién debía asumir las responsabilidades.
La disputa RN-Republicanos terminó haciendo visible otra dificultad. Los partidos que sostienen al Gobierno pueden coincidir en buena parte de la agenda legislativa, pero eso no ha impedido que aparezcan diferencias respecto de cómo conducirla y quién debe pagar los costos cuando fracasa.
Por eso, la derrota migratoria probablemente fue más importante por lo que ocurrió después que por ese único voto que faltó.
El Gobierno todavía puede intentar rescatar la reforma en el Senado. También puede corregir la Ley Antibarricadas durante su tramitación y recomponer las conversaciones con los parlamentarios.
Lo que no puede recuperar es una semana que terminó exponiendo, al mismo tiempo, errores de coordinación, derrotas legislativas y fuego amigo dentro de sus propias filas.
Una negra semana para La Moneda en el Congreso.
