La reciente aplicación de rebajas de condenas a personas condenadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes indignó al país, y con justa razón. El Estado debe explicaciones transparentes a las víctimas y a sus familias, y las autoridades encargadas de esas decisiones deben responder por sus criterios.
Es perfectamente legítimo y necesario exigir que delitos de extrema gravedad, como la violencia sexual contra menores de edad, cuenten con un régimen de cumplimiento severo, estándares diferenciados de evaluación de riesgo y, cuando corresponda, la exclusión de beneficios.
El problema ocurre cuando la indignación frente a un mecanismo deficiente nos lleva a cuestionar las herramientas de reinserción y retorno gradual para la totalidad de la población penitenciaria. La evidencia nacional es clara, según datos de Gendarmería (2019), la reincidencia a dos años alcanzó un 47,4% entre quienes egresaron del régimen cerrado sin acompañamiento.
Es decir, prácticamente la mitad de las personas que salen de la cárcel tras terminar su condena vuelven a cometer delitos. Esta cifra disminuye a un 24,6% entre quienes accedieron a salidas progresivas, un 20,8% entre quienes obtuvieron libertad condicional y un 10,5% entre quienes cumplieron pena mixta.
¿Por qué ocurre esto? Porque el encierro por sí solo no resuelve el día después. Quien cumple su condena completa en la cárcel sin intervención especializada regresa al mismo barrio, con las mismas carencias y sin supervisión.
Por eso, una política integral de seguridad debe ocuparse de cómo ocurre ese regreso: qué intervenciones recibió, qué riesgos fueron abordados y con qué herramientas cuenta para retornar a su barrio sin volver a delinquir. El tiempo de encierro no reemplaza esas preguntas.
Esta crisis también puede abrir oportunidades para abordar deudas pendientes y urgentes. Avanzar en la aprobación de una Ley de Ejecución de Penas que establezca reglas claras, procedimientos transparentes y un control judicial especializado sobre el cumplimiento de las condenas.
Nuestro país está ante una de las decisiones más importantes para su sistema penitenciario: el diseño del futuro Servicio de Reinserción Social de Adultos. Lo que resolvamos hoy sobre sus funciones, capacidades y recursos, tendrá efectos por muchos años en nuestras cárceles, y por sobre todo en la seguridad de nuestro país. Sería un profundo error que esa construcción quedara determinada por la urgencia de responder a la crisis del momento.
El desafío de Chile es legislar con evidencia y firmeza: restringir de forma justificada lo que deba restringirse en delitos graves, pero dotar al país de herramientas de intervención, educación y trabajo que impidan que las cárceles sigan siendo escuelas del delito. El Estado le debe a las víctimas protección y justicia; a la sociedad, la certeza de que estamos previniendo los delitos del futuro.
Bernardita Frez Ciscutti
Directora Ejecutiva de Juntos por la Reinserción, Corporación 3xi
Enviando corrección, espere un momento...
