El Ejecutivo ingresó una serie de indicaciones al proyecto que crea el Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades, modificando sustancialmente el esquema de sanciones contemplado en la propuesta original.
En concreto, las modificaciones —ingresadas mediante las indicaciones N° 144-374 del 20 de agosto de 2026 y detalladas en el Informe Financiero Complementario de la Dipres— eliminan las restricciones para acceder a subsidios habitacionales y la pérdida de la Pensión Garantizada Universal (PGU).
Asimismo, las nuevas disposiciones acotan la aplicación de la pérdida de la gratuidad universitaria y, al mismo tiempo, entregan un mayor margen de discrecionalidad a los jueces.
Dos registros para diferenciar las conductas
Por un lado, uno de los cambios estructurales consiste en dividir la nómina original en dos instrumentos independientes: el Registro Nacional de Actos Vandálicos y el Registro Nacional de Incivilidades.
En ambos casos, la inscripción requerirá de una sentencia firme y ejecutoriada o bien de su establecimiento como condición dentro de una suspensión condicional del procedimiento. Esta separación resulta determinante, dado que las consecuencias legales diferirán según el registro en el que sea ingresada la persona.
Fuera subsidios habitacionales y PGU
En lo que respecta a los beneficios sociales, el informe confirmatorio de la Dipres precisa que se eliminaron de manera definitiva las restricciones para postular a subsidios de vivienda.
De igual forma, se suprimió la sanción que implicaba perder la PGU. De este modo, ambas medidas quedan totalmente excluidas del catálogo de consecuencias asociadas a la inscripción en cualquiera de los registros.
Gratuidad: no desaparece, pero se restringe
Por el contrario, la situación es distinta en materia de educación superior. Si bien el Gobierno propone eximir de la pérdida de la gratuidad a quienes ingresen al Registro Nacional de Incivilidades, la sanción se mantiene para los inscritos en el Registro de Actos Vandálicos.
No obstante, dicha medida quedará acotada únicamente a una lista más reducida de delitos.
A raíz de lo anterior, el proyecto reduce los ilícitos que derivan en el ingreso a este registro. En consecuencia, quedan fuera conductas como las agresiones a fiscales, defensores públicos, personal de salud, manipuladores de alimentos de colegios y carabineros. Del mismo modo, se eliminaron las referencias al tráfico o microtráfico de drogas y a la participación en casas de juego.
Mayor margen de arbitrio judicial
Adicionalmente, en lugar de aplicar un paquete de sanciones automatizado para todos los infractores, las indicaciones facultan al tribunal para determinar una o más medidas de forma individual, evaluando la gravedad del hecho y las circunstancias del caso.
Además, el afectado podrá solicitar eximirse de una sanción si demuestra que esta le impide o dificulta gravemente desarrollar su actividad laboral indispensable.
En el caso de las incivilidades, se introduce la opción de sustituir condicionalmente la inscripción por trabajos en beneficio de la comunidad, a razón de cuatro horas de labor por cada UTM de multa, con un piso de ocho horas.
Dichas tareas podrán realizarse en la municipalidad respectiva o en organizaciones sin fines de lucro. Sin embargo, esta alternativa no aplicará para reincidentes y quedará sin efecto si se presentan antecedentes falsos o no se cumplen las horas pactadas.
Ruidos molestos y nuevas reglas
Por otra parte, la propuesta incorpora como incivilidad la emisión de ruidos molestos desde viviendas o condominios en horarios de descanso. Para inmuebles no sometidos a copropiedad, se fijan multas de 1 a 5 UTM cuando superen los límites ambientales.
En contraposición, se retiró del listado la organización de loterías no autorizadas.
Finalmente, las indicaciones fijan nuevos rangos de permanencia en las nóminas, estableciendo que la inscripción por actos vandálicos podrá durar entre uno y cinco años para los adultos, mientras que para los menores de edad el periodo se reducirá a un rango de entre seis meses y dos años.
En cambio, para el Registro de Incivilidades, la permanencia fluctuará únicamente entre seis meses y un año, atenuándose además el recargo por reincidencia. Por último, el informe presupuestario concluye que todos estos ajustes son de carácter exclusivamente normativo y no generarán un mayor gasto fiscal respecto a la propuesta anterior.
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