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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto de ley que crea un Registro Único de Actos Vandálicos e Incivilidades, avanzando así a la etapa de discusión particular. Durante más de 20 audiencias, se recibieron críticas al articulado, lo que llevó a la posibilidad de modificarlo con indicaciones, incluso por parte del gobierno.

Este lunes, la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general —por 7 votos a favor, 5 en contra y una abstención— el proyecto de ley que crea un Registro Único de Actos Vandálicos e Incivilidades, iniciativa que de esta forma avanza a una nueva etapa de su tramitación legislativa.

Con la aprobación en general, el proyecto pasará ahora a la discusión particular en la comisión, instancia en la que se espera el ingreso de numerosas indicaciones para modificar su contenido, incluso por parte del gobierno.

Esto, pues durante la tramitación se realizaron más de 20 audiencias, en las que la mayoría de los actores que expusieron ante la instancia parlamentaria formularon observaciones negativas al articulado.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, dijo que el gobierno llegará con indicaciones y una redacción que les permita buscar el acuerdo más amplio posible.

La comisión acordó un plazo de indicaciones hasta el 21 de agosto al mediodía, para que la votación en particular inicie después de la semana distrital de este mes, en la que se realizará una reunión entre la comisión y el Ejecutivo.

Avanza controvertido proyecto que crea Registro de Vándalos

La iniciativa también genera cuestionamientos en la oposición, desde donde mantienen abierta la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional si el proyecto continúa avanzando en sus actuales términos.

El principal reparo apunta a que la eventual norma podría generar un “doble castigo” para personas condenadas por actos incorporados al registro, al contemplar la pérdida de determinados beneficios sociales además de las sanciones penales correspondientes.

A juicio de la oposición, esta situación podría abrir un flanco de inconstitucionalidad, por lo que no descartan acudir al TC durante la tramitación del proyecto.