El biministro del Interior y la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Claudio Alvarado, asistió este lunes a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, donde defendió el proyecto que crea un Registro Nacional de Personas Condenadas por Actos Vandálicos e Incivilidades. Además de aclarar diversos aspectos de la iniciativa, se abrió a la posibilidad de modificar materias relacionadas con la publicidad del registro y quiénes podrán acceder a esa información.
El secretario de Estado comenzó destacando que el proyecto busca consolidar “la información de condenas y sanciones firmes y ejecutoriadas por actos que afectan la convivencia, el orden público y los bienes comunes”, recalcando que “sólo ingresan al registro quienes tengan sentencia firme y ejecutoriada” y que las consecuencias asociadas a la inscripción son “de carácter temporal, objetivas y proporcionales”.
Alvarado defiende proporcionalidad y descarta discriminación
Posteriormente, abordó algunos de los principales cuestionamientos que ha generado la iniciativa. En primer lugar, se refirió al debate sobre la proporcionalidad de la misma.
Al respecto, recalcó que “la inscripción en el registro es una pena distinta y complementaria a la pena principal de cada delito”, y que el criterio de proporcionalidad opera “sobre esta pena de inscripción”.
“Los actos vandálicos que corresponden a crímenes o simples delitos permanecen cinco años en el registro y las incivilidades, que son faltas, permanecen tan sólo un año; pero la norma considera que la reincidencia aumenta ese plazo y sólo los casos más graves activan el régimen agravado”, afirmó.
Luego, sostuvo que el proyecto se basa en “la circunstancia objetiva de haber sido condenado por delitos que afectan bienes públicos o servicios esenciales y no en características personales de quien comete la conducta“, descartando las críticas de quienes sostienen que la iniciativa perjudica especialmente a personas de una situación social más vulnerable.
Ministro responde críticas sobre la eficacia del registro
Más adelante, Alvarado se refirió al debate sobre la eficacia de la norma y a la ausencia de una definición de lo que son los actos vandálicos e incivilidades.
Sobre ese punto, explicó que “el diseño de este proyecto es taxativo, identifica con precisión cada uno de los delitos y faltas que se incorporan al registro en lugar de definir en abstracto qué es un acto vandálico o una incivilidad”. Según señaló, ello busca no “dejar a la interpretación judicial qué conductas caben dentro de esas categorías, ampliando los criterios más allá de lo que pretende esta iniciativa”.
En cuanto a la efectividad de la medida, sostuvo que la evaluación debe hacerse “sobre el universo completo de conductas que contempla la normativa y no sobre los casos más extremos que se consideran”, indicando que existen situaciones que “tienen penas significativamente menores y es justamente ahí donde la inscripción en el registro puede incidir en la conducta del infractor”.
“Si tienen esta pena accesoria asociada a esa falta, indudablemente que cualquier vecino con sentido común lo va a pensar dos o tres veces antes de querer cometer esta falta por la afectación que va a tener en el registro posteriormente“, afirmó.
Gobierno se abre a cambios sobre la publicidad del registro
El biministro también abordó los cuestionamientos relacionados con la publicidad del registro y el eventual daño reputacional que podría generar.
Al respecto, aseguró que este “no altera el principio general de publicidad en las actuaciones jurisdiccionales que establece el artículo 8 de la Constitución, porque las sentencias condenatorias hoy día ya son públicas“.
“En consecuencia, el proyecto no transforma en pública una información que actualmente sea secreta o reservada. Lo que sí facilita es dónde encontrar la información, pero no está alterando la reserva o el secreto de ninguna norma jurisdiccional”, aseguró.
No obstante, planteó que “si se estima necesario, en el debate en particular, se pueden, a lo mejor, incorporar categorías, niveles o referencias al tipo de infracción que origina la inscripción o también alguna regulación sobre quiénes pueden consultarlo“, abriendo la puerta a modificar ese aspecto del proyecto.
“Si hay preocupación sobre esta materia (…), si surgen propuestas, quiero transmitir que nosotros estamos disponibles para poder mejorar las disposiciones originales de este proyecto”, ratificó.
Finalmente, concluyó que el concepto que inspira la iniciativa es “el orden en nuestras ciudades y comunidades, y ese orden no es un fin en sí mismo, es la condición que habilita el ejercicio de otros derechos y libertades”, instando a avanzar en la tramitación del proyecto y asegurando que el Gobierno está abierto a escuchar propuestas que permitan perfeccionar la iniciativa.
Arrau destaca voluntad de la comisión
Cabe destacar que en la instancia también participó el ministro de Seguridad Pública, quien agradeció “el buen ambiente” de la comisión, destacando la coincidencia en que las incivilidades “son la puerta de entrada al deterioro del espacio público, al deterioro de estos riesgos situacionales y que afectan eh severamente efectivamente la percepción de inseguridad”.
“Por supuesto que hay diferencias, que habrá que ir abordando en la votación en particular, en las indicaciones, y eso es lo que ha expresado el ministro del Interior, de que estamos totalmente disponibles”, destacó.
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