Una nueva polémica rodea al gobierno de Pedro Sánchez en España, esto luego que un medio develara que el Ministerio del Interior tenía una lista donde clasificaba a periodistas según sus ideas políticas.
Esto teniendo en cuenta si eran “afines al PSOE”, “Conservadores” o “Cercanos al PP”, según detalló el sitio El Confidencial.
Gobierno de España tenía una lista de periodistas
“El ministerio del Interior tiene en su poder un dosier sobre decenas y decenas de periodistas en activo que desempeñan su trabajo en los medios de comunicación para tener controlada su adscripción política”, indicó el medio.
“El documento fue confeccionado en secreto y cuenta con multitud de fichas” sobre los periodistas, acompañadas de fotografías y “comentarios sobre su trabajo y sus posicionamientos políticos”, añadieron.
También existían categorías como “independiente”, “centro derecha moderado”, “extrema derecha” o “desinformación”.
El ministerio del Interior señaló en un comunicado que la lista era “un documento interno” creado en 2024 con una finalidad “consultiva y sin ningún propósito de establecer censura, restricción o límite alguno al ejercicio de los periodistas”.
“Pedimos disculpas a los profesionales que se hayan sentido ofendidos por el contenido del documento y por algunas de las valoraciones vertidas”, añadía la nota.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, declaró en una rueda de prensa en Ceuta que el documento no tenía “ninguna finalidad espuria” y que “en modo alguno” dio lugar a “diferencias ni entre medios ni entre periodistas a la hora de dar la información y de contestar a cualquier requerimiento”.
Por su lado, el presidente Pedro Sánchez aseveró en una entrevista que: “Me parece un documento muy poco afortunado, no puedo decir más. Lo que sí que le puedo garantizar a usted, a los periodistas y, por supuesto, a los trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación es que desde el Gobierno de España respetamos la autonomía y la independencia, como no puede ser de otra manera, de los medios de comunicación”.
En tanto, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) arremetió contra el ministerio por introducir un elemento de vigilancia y potencial represalia”, una práctica “incompatible con el Estado de derecho” que “puede tener consecuencias sobre el ejercicio del periodismo crítico”.
Por último, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, tachó el hecho como un “atentado a la democracia y a la Constitución”, por parte del gobierno de Sánchez.
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