Hay algo extraño en la discusión migratoria chilena: el Gobierno llegó a La Moneda hablando de una emergencia, prometiendo recuperar el control de las fronteras y anunciando que expulsaría a todos los migrantes en situación irregular. Sin embargo, a casi medio año de gestión, la palabra emergencia parece haber desaparecido del discurso y sido reemplazada por explicaciones sobre las dificultades para hacer lo que se prometió.
Los datos oficiales obligan, al menos, a hacerse la pregunta.
Al 31 de julio, el Servicio Nacional de Migraciones registra 1.330 expulsiones materializadas durante 2026. Durante la campaña se habló de expulsar a los más de 330 mil extranjeros en situación irregular. Si bien fue el mismo Presidente de la República quien tuvo que salir a matizar y a hacer contención a este tema respecto a los tiempos (de ahí nació la recordada metáfora), eso no exculpa de la irresponsabilidad del planteamiento, al menos en el tono utilizado.
Hoy, esa promesa presidencial, solo tiene un 0,40% de cumplimiento. En términos cuantitativos, un verdadero fracaso.
La frontera ofrece otra señal preocupante. Más de 11 mil personas han vulnerado la frontera norte durante este año. 8.447 corresponden a los meses en que este gobierno ha estado en ejercicio. En Arica y Parinacota, los registros de personas detectadas tras ingresar por pasos no habilitados aumentaron 62,3% entre enero y julio, pasando de 917 a 1.488. La pregunta entonces es ¿cuál es el resultado concreto que permite afirmar con tanta soltura que la frontera está efectivamente bajo control?
La respuesta no puede ser simplemente que ahora fiscalizamos más. Queda corta.
Tampoco parece demasiado coherente anunciar públicamente un Plan de Retorno Voluntario como una respuesta inmediata a la irregularidad cuando sus componentes centrales requieren habilitación legal. De hecho, después del anuncio presidencial aparecieron incluso contradicciones entre autoridades respecto de los alcances y proyectos necesarios para implementarlo. El gran programa de esta gestión es voluntario, no tiene todavía fecha de ejecución y la última vez que en Chile se realizó numéricamente tuvo muy malos resultados. Estamos, entonces, en otro problema.
Una emergencia exige capacidad de respuesta extraordinaria, coordinación institucional y resultados verificables. No basta con cambiarle el nombre a los operativos, anunciar planes o presentar proyectos de ley. Si el Gobierno declaró que Chile enfrentaba una emergencia migratoria, entonces corresponde evaluarlo con los mismos estándares de urgencia que él mismo instaló.
Porque hasta ahora tenemos una paradoja: los ingresos irregulares siguen ocurriendo a un ritmo preocupante, solo 1.330 expulsiones materializadas y un plan de retorno que todavía requiere herramientas legales para desplegarse plenamente.
Mientras tanto, el discurso sigue siendo mucho más grande que la capacidad efectiva del Estado.
Juan Pablo Gutiérrez
Observatorio Políticas Migratorias, Rumbo Colectivo.
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