Sala Cuna como política de Estado

Chile enfrenta un escenario crítico caracterizado por una baja tasa de fertilidad (0,99 hijos por mujer) y una participación laboral femenina cercana apenas al 52,7%. Entre los factores determinantes de esta situación destacan la escasa corresponsabilidad en los cuidados y el elevado costo de oportunidad que enfrentan las mujeres al conciliar la maternidad con el desarrollo profesional.

Al tratarse de un problema social con impacto directo en la igualdad de oportunidades, la respuesta debe ser una solución de Estado. Revertir estos indicadores generará un beneficio integral para toda la sociedad, impulsando el crecimiento económico, el desarrollo del país y el bienestar.

En esta línea, consideramos que se debe aprobar el proyecto de ley que esta semana fue aprobado en el Senado, pero sin financiamiento. Es claro que nuestro país requiere avanzar gradualmente hacia un sistema de sala cuna y jardín infantil universal, que se articulen con la educación básica.

En concordancia con los avances en derechos sociales recientes (como el IFE Universal y la Pensión Garantizada Universal), la universalidad debe ser el objetivo final. Sin embargo, la implementación de esta iniciativa requiere un proceso progresivo que garantice un financiamiento permanente y sustentable.

Por ello, resulta incomprensible la negativa de los partidos de izquierda a iniciar la medida enfocándose en las madres trabajadoras —sector que abarca la propuesta actual y que ya dispone de financiamiento asegurado—, pues pretender una cobertura total e inmediata sin respaldo presupuestario solo posterga su tramitación o deriva en una normativa ineficaz.

Pese a la desaceleración económica actual, la reactivación y el aumento de la recaudación fiscal permitirán expandir progresivamente este beneficio. La falta de avances legislativos -obstaculizado durante los gobiernos de Sebastián Piñera y Gabriel Boric-, hace urgente que prime la sensatez en el debate de la ley de Sala Cuna, pues el contexto social no admite mayores demoras.

Se trata de iniciativas que requieren grandes esfuerzos de diálogo y acuerdos en el Parlamento, que sean de largo plazo, con la meta de que el país crezca. La idea es que más mujeres participen del mundo laboral y que se proteja a sus hijos; las futuras generaciones de Chile.