La Organización de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales (OTJ) manifestó su preocupación por la designación de la abogada Trinidad Zegers para cumplir funciones de coordinación vinculadas al impulso de la Reforma Procesal Civil.
A través de una declaración, la organización sostuvo que la reforma constituye una de las transformaciones más relevantes y postergadas del sistema de justicia chileno, por lo que su desarrollo requiere experiencia, conocimiento del funcionamiento de los tribunales y participación de quienes trabajan directamente en ellos.
La OTJ recordó que Zegers prestó juramento como abogada en abril de este año y que ese mismo mes se incorporó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Tras las primeras informaciones sobre su rol, desde la cartera precisaron que sus funciones estarían enfocadas principalmente en labores de coordinación y gestión, mientras que las definiciones sustantivas de la reforma continuarían radicadas en las autoridades y equipos técnicos del ministerio.
Desde la organización valoraron dicha aclaración, aunque señalaron que “no elimina una cuestión de fondo” respecto de los criterios utilizados para distribuir las responsabilidades asociadas a una reforma de esta magnitud.
OTJ dice que cuestionamiento es institucional
La organización enfatizó que sus reparos no apuntan directamente contra Zegers, sino a la forma en que el Ministerio de Justicia determina quiénes estarán a cargo de conducir y coordinar el proceso.
“El problema es institucional”, sostuvo la OTJ, agregando que estas decisiones deben poder ser explicadas y justificadas tanto ante la ciudadanía como ante quienes forman parte del sistema judicial.
En ese sentido, plantearon que una reforma estructural debe considerar no solo aspectos técnicos y políticos, sino también administrativos y de gestión, con personas que cuenten con las competencias necesarias para asumir cada responsabilidad.
La organización también puso el foco en la participación de los funcionarios del Poder Judicial, señalando que no deberían ser considerados únicamente como destinatarios de una reforma diseñada fuera de los tribunales.
Según la OTJ, quienes trabajan diariamente en la justicia civil conocen de primera fuente las cargas laborales, problemas de gestión, fortalezas y limitaciones del actual sistema, por lo que esa experiencia debería incorporarse desde las primeras etapas del proceso.
Piden participación de funcionarios y planificación
La organización advirtió además que anteriores reformas procesales han demostrado que una modificación legislativa puede fracasar en su implementación si no existe una planificación adecuada en materia de dotaciones, infraestructura, capacitación, tecnología y condiciones laborales.
Por ello, la OTJ solicitó al Ministerio de Justicia transparentar las funciones y atribuciones de quienes estarán a cargo de la coordinación, conducción técnica e implementación de la Reforma Procesal Civil.
También pidió que las responsabilidades estratégicas sean asumidas por equipos con experiencia en materia procesal civil, gestión judicial e implementación de reformas.
Entre sus propuestas, la organización planteó establecer mecanismos formales de participación de trabajadores del Poder Judicial, incorporar desde temprano las consecuencias laborales y organizacionales del nuevo modelo y elaborar un plan de implementación que considere los recursos necesarios.
Finalmente, la OTJ aseguró que apoya la necesidad de modernizar la justicia civil, pero sostuvo que la oportunidad no debe desaprovecharse por falta de planificación, diálogo o participación.
“Modernizar la justicia civil no consiste solamente en aprobar un nuevo Código Procesal. Significa construir un sistema capaz de funcionar en la realidad. Y para hacerlo correctamente, la experiencia de quienes trabajan todos los días en los tribunales debe ser escuchada”, concluyeron.
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