No hay descolgados en las marchas: son la Primera Línea

En Chile se aduce permanentemente -desde el propio Gobierno, por parte de personeros del Estado- el legítimo derecho a la manifestación en el marco de la libertad de expresión. Si bien este reconocimiento es parte de nuestro haber democrático, la realidad es que el ejercicio de este derecho viene sistemáticamente acompañado de actos de violencia impune en protestas del movimiento estudiantil.

Esta no es una dinámica reciente; responde a una trayectoria histórica conocida. Ocurrió en 2006, se profundizó en 2011, se repitió en 2018 con manifestaciones feministas violentas donde se pretendió quemar templos. Permanentemente se incendian microbuses del sistema de transporte público de Santiago por parte de estudiantes que lo tienen convertido en uno de sus ritos. En octubre de 2019 todo esto escaló radicalmente con protestas que derivaron en la destrucción de universidades, comercios, sitios de culto, estaciones del Metro y trenes del Metro.

Hoy vemos exactamente a los mismos actores: encapuchados, estudiantes, adultos acompañantes o monitores, e incluso adultos mayores instrumentalizados para validar el discurso frente a las cámaras ante un país tan lleno de reporteros como es el Chile de hoy.

Es momento de desmantelar la falacia reproducida majaderamente por ciertos medios y periodistas porque aquí no hay “descolgados”. Los violentos son parte inherente a los manifestantes. Caminan juntos en la misma marcha, ocupan las mismas avenidas principales y comparten la misma fila. Quienes convocan jamás los condenan ni los apartan, sencillamente porque son parte de lo mismo. Parecieran marchar rezagados, descolgados del núcleo central de la marcha, pero responden a una organización coordinada, que en octubre del año 2019 debutó con el nombre de Primera Línea.

Las convocatorias no buscan un debate de ideas ni responden a las necesidades reales de los estudiantes, sino que terminan siendo una excusa para expresarse violentamente, sembrar el miedo, cancelar a los que no piensan como ellos, atacar violentamente a los que defienden la asistencia a clases -como los salvajemente golpeados frente a la Casa Central de la Universidad Católica- y asumen pliegos de peticiones de tono político e ideológico, propios de dirigencias sindicales y no de quienes estudian gratuitamente gracias al esfuerzo de los trabajadores chilenos.

Las agendas incorporadas gracias al movimiento estudiantil en los años de la transición chilena han sido nefastas; ahí tienen la “educación pública, gratuita y de calidad” que le vendieron a nuestro pueblo.

Frente a una delincuencia desatada en las calles bajo la cobertura de “estudiantes manifestantes”, el Gobierno debe dejar de ser un espectador pasivo y fijar condiciones estrictas:

1. Responsabilidad explícita: Toda manifestación pública debe contar con dirigentes y organizaciones formalmente identificados (CONFECH, CUT, CONFENATS, ACES, etc.) que se hagan legal y patrimonialmente responsables por los daños, destrozos y actos violentos que se generen.

2. Reubicación de los espacios: No hay razón para seguir paralizando la Alameda ni obstruyendo el libre tránsito de las arterias principales del país. Las convocatorias deben autorizarse en lugares delimitados, como el Parque O’Higgins.

3. Respaldo a Carabineros: La fuerza pública debe contar con el apoyo institucional total para cumplir su tarea: aplicar la fuerza legítima cuando corresponda y restablecer el orden.

La libertad de manifestación no puede seguir funcionando como un cheque en blanco para el vandalismo y la violencia. Sin responsabilidad de las dirigencias y sin un actuar firme de la autoridad, la calle seguirá secuestrada por la violencia y normalizándose como un hecho cotidiano.

Ahí está el ejemplo del Instituto Nacional y otros colegios que antaño eran conocidos como colegios emblemáticos. Hoy son parte del paisaje de violencia, de overoles blancos atacando con bombas molotov a policías, pero también a transeúntes y a los profesores que intentan controlarlos. Todo esto demuestra y es una manifestación evidente de que el Estado no ha tenido la voluntad política de detener esta desquiciada deriva.