La salida de Luis Maldonado del Conservador de Santiago estuvo marcada por una disputa en torno a la entrega del cargo. El exconservador aseguró haber informado su cese y solicitado la entrega formal, mientras que su sucesor, Carlos Miranda, afirmó que no recibió los registros y evalúa una auditoría interna.
Recordemos que desde hoy comienza a regir una de las principales modificaciones de la reforma al sistema notarial y registral: el cese de funciones de notarios, conservadores y archiveros que hayan cumplido 75 años.
La regla marca el fin de cargos que hasta ahora podían extenderse por décadas y obliga a iniciar un proceso de renovación en un sistema que ya arrastraba más de un centenar de vacantes pendientes de provisión.
En total, son 35 los titulares que deben dejar sus funciones durante este mes producto del nuevo límite de edad. Entre ellos está Maldonado, quien ejerció durante 29 años como conservador de los registros de Propiedad, Comercio y Aguas de Santiago y cuya salida ha estado acompañada de una disputa judicial y de cuestionamientos respecto de cómo se está concretando la transición.
Maldonado asegura que informó su cese
El ahora exconservador difundió este viernes una declaración pública, en la que asegura que hasta ahora se había mantenido en silencio por el bien de la institución, pero que decidió hablar para rectificar lo que califica como “mentiras e imprecisiones” difundidas sobre su situación.
Maldonado parte aclarando uno de los antecedentes que habían circulado respecto de su entorno familiar: señala que su exesposa nunca trabajó en el Conservador, que no es funcionaria ni podría serlo y que falleció el pasado 17 de septiembre.
También aborda directamente la entrega de los oficios. Explica que ayer envió un informe por correo electrónico a la fiscal judicial comunicando su cesación en el cargo de conservador de los registros de Propiedad, Comercio y Aguas, y que solicitó que se designe al funcionario que corresponda para concretar la entrega formal, de acuerdo con las disposiciones del Código Orgánico de Tribunales.
Pero mientras Maldonado asegura que informó sobre su cesación y pidió que se designara al funcionario correspondiente, quien asumió el control del Conservador de Santiago sostiene que la entrega formal no se produjo.
Carlos Miranda, actual conservador de Santiago, explica que hoy el oficio funciona como una sola unidad y que quedó a cargo de los tres registros. Sin embargo, asegura que no recibió de Maldonado la documentación correspondiente a la entrega del cargo, por lo que evalúa realizar una auditoría interna para levantar el estado de los registros y documentos.
“No se me hizo entrega, por parte del señor Maldonado, ni formal ni informalmente, de su cargo, como establece la ley. Eso me obliga a tomar algunas medidas, entre otras, quizás una auditoría interna para los efectos de poder hacer los levantamientos de registros, documentos y otros que debió habérseme hecho entrega en conformidad a lo que establece la ley”, apuntó.
Miranda agrega que durante esta jornada se reunió con los sindicatos y con los fiscales judiciales que concurrieron hasta el Conservador para recabar información sobre los funcionarios y el funcionamiento de los registros. Y aunque reconoce que el cambio genera incertidumbre entre los trabajadores, asegura que el servicio funcionó con normalidad.
El nuevo límite de edad para el sistema notarial
La nueva administración también busca instalar un sello distinto, en línea con los objetivos de la reforma notarial: modernización, mayores estándares de atención y una mirada centrada en la función pública.
El escenario que se vive en Santiago es parte de una transformación que alcanza a todo el sistema. Desde hoy comienza a aplicarse el límite de edad para quienes hayan cumplido 75 años, mientras el Gobierno defiende que existió un período suficiente para preparar la transición.
La reforma fue publicada como ley en octubre del año pasado, entró en vigencia seis meses después y contempló un plazo adicional para que quienes ya habían cumplido los 75 años dejaran sus cargos. El exministro de Justicia y actual académico de la Universidad Diego Portales, Jaime Gajardo, sostiene que, por lo mismo, no sería efectivo que haya faltado una transición.
“Por lo mismo, personas como el conservador de Santiago se han opuesto a la entrada en vigencia, no por los intereses públicos (…) por sus propios intereses, por la cantidad de cientos de millones de pesos que ganan mensualmente”, afirmó.
Gajardo recuerda que los notarios, conservadores y archiveros son ministros de fe pública y auxiliares de la Administración de Justicia, y defiende que tengan un límite de edad similar al que existe para los jueces. A su juicio, la reforma busca además modificar el sistema de nombramientos, estableciendo concursos públicos para los nuevos titulares.
Más de 100 vacantes y nuevos cargos por cubrir
Pero ahí aparece uno de los principales desafíos prácticos: las vacantes. A las que ya estaban pendientes de provisión se suman ahora los 35 titulares que deben dejar sus funciones, elevando el número de cargos que deberán ser cubiertos.
El académico de la Universidad Central, Claudio Pimentel, advierte que este escenario puede tensionar al Servicio Civil y obligar a recurrir a designaciones interinas mientras se desarrollan los concursos públicos.
“El problema es que ya había más de 100 vacantes pendientes y con la salida forzosa de 35 titulares más este octubre, se disparan a más de 130 vacantes, saturando al Servicio Civil y obligando a cubrir estos cargos con oficios de designación interina mientras se hacen los concursos públicos”, postuló.
Pimentel agrega que para algunos notarios y conservadores dejar el cargo no significa solamente perder una renta, sino también una posición institucional construida durante décadas, lo que ayudaría a explicar la resistencia que se ha producido frente a la reforma y los recursos judiciales presentados para intentar frenar algunas salidas.
Así, el cambio que comienza a regir hoy abre varios frentes al mismo tiempo: la salida efectiva de quienes superaron los 75 años, la necesidad de asegurar la continuidad de los servicios, la designación de interinos y el desarrollo de los concursos que deberán definir a los nuevos titulares.
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