Diputados de la bancada UDI solicitaron al Gobierno incorporar los denominados “delitos rurales” a la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), impulsada por el presidente José Antonio Kast y que contempla más de 30 iniciativas en materia de seguridad.
La petición fue planteada por la presidenta de la comisión de Agricultura, Natalia Romero, el integrante de la comisión de Seguridad Ciudadana, Jaime Coloma, y los representantes de las regiones de Ñuble y Los Ríos, Cristóbal Martínez y Omar Sabat, respectivamente.
Los parlamentarios valoraron los anuncios realizados por el Ejecutivo, pero advirtieron que el plan no contemplaría algunas iniciativas orientadas a enfrentar delitos que afectan particularmente a habitantes y productores de sectores rurales.
Entre las propuestas que pidieron priorizar se encuentra el proyecto que endurece las sanciones por el hurto de ganado, conocido como abigeato, además de otra iniciativa que aumenta las penas para quienes sustraigan productos, insumos o maquinaria agrícola. Ambos proyectos ya fueron aprobados por la Cámara de Diputados y actualmente se encuentran en segundo trámite constitucional en el Senado.
A estas iniciativas se suma un tercer proyecto que los parlamentarios de la UDI se encuentran preparando y que busca establecer un sistema obligatorio de trazabilidad para los frutos secos.
La propuesta contempla el uso de guías de despacho electrónicas para acreditar el origen y destino de estos productos, con el objetivo de dificultar la comercialización de frutos robados y afectar el funcionamiento de las organizaciones dedicadas a este tipo de delitos.
“Si queremos enfrentar de verdad al crimen organizado y la delincuencia, tenemos que hacerlo en todas sus formas y en cada lugar donde actúa. No podemos concentrarnos únicamente en los delitos que ocurren en Santiago o en las grandes ciudades, dejando en un segundo plano lo que viven a diario miles de familias en las zonas rurales de nuestro país”, señalaron los diputados.
Los legisladores también apuntaron a las dificultades que enfrentan las víctimas de delitos en sectores apartados, considerando las distancias que pueden existir respecto de los centros urbanos y los tiempos de respuesta policial.
En esa línea, plantearon que pequeños agricultores, crianceros y productores no siempre cuentan con los recursos para implementar sistemas de seguridad como cámaras de vigilancia u otras medidas de protección.
Respecto de las iniciativas que buscan priorizar, los diputados sostuvieron que el robo de maquinaria, insumos, productos agrícolas o animales representa un impacto que va más allá de la pérdida material.
“Cuando a un pequeño agricultor le roban su maquinaria, sus insumos, sus productos o los animales que ha criado durante años, no estamos hablando sólo de una pérdida material, sino que muchas veces le están quitando una parte importante de su fuente laboral”, afirmaron.
Finalmente, los parlamentarios reiteraron su llamado al Ejecutivo para incorporar estas iniciativas a la agenda legislativa que se discutirá en el Congreso, argumentando que la estrategia contra el crimen organizado debe considerar también las particularidades de las zonas rurales.
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