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Existe un abismo intolerable entre el discurso público y la letra chica de la ley. Durante meses, el país asumió que el alivio tributario a nuestros adultos mayores a través de la rebaja de contribuciones se financiaría como corresponde a toda política social de alcance nacional: con recursos del erario nacional, provenientes de los impuestos generales de todos los chilenos.
Sin embargo, tras la fachada del beneficio social se escondía una maniobra contable escandalosa: una verdadera trampa diseñada para que el Estado hiciera política social con billetera ajena.
El mecanismo aprobado era perverso. En lugar de desembolsar fondos del Tesoro Público, la ley autorizó a retener el 65% de la recaudación de las cuatro comunas con mayores ingresos del país, que por imperativo constitucional, deben aportar al Fondo Común Municipal (FCM).
La transferencia fiscal directa no era la norma general, sino un mero “remanente” que el Fisco solo pagaría si la retención de los fondos solidarios no alcanzaba para cubrir la pérdida. En términos sencillos: se convirtió el pozo solidario de Chile en la primera línea de pago para amortiguar la exención tributaria de las comunas más ricas.
Este diseño perjudicaba doblemente al Fondo Común Municipal. Primero, porque lo despojaba de millonarios ingresos que le pertenecen a las 341 comunas más vulnerables de la patria. Segundo, porque eximía al Fisco de su responsabilidad fiscal directa, endosándole la factura de una política pública a las arcas que financian los servicios más elementales del país: la luz pública, la recolección de basura, la salud primaria y el mantenimiento de plazas comunales.
Afortunadamente, el Tribunal Constitucional le puso un freno definitivo a esta trampa institucional. Al declarar inconstitucional la retención, la magistratura ratificó una verdad de perogrullo que algunos quisieron esquivar: el mandato de solidaridad territorial del artículo 122 de la Carta Magna no es una caja de cambio ni una garantía de pago para comunas adineradas.
El fallo del TC no solo frena un saqueo disfrazado a la equidad local; desnudó una conducta fiscal inaceptable.
Gobernantes y legisladores deben entenderlo de una vez: los derechos sociales no se financian desvistiendo a los municipios más pobres para vestir los balances de las comunas acomodadas. La justicia territorial exige ética en los números y respeto irrestricto a la solidaridad nacional.
