“El suboficial Alex Vega Torres manifestaba reiteradamente tener poder en CDP Santiago Uno, debido a su calidad de dirigente sindical, indicando incluso que en una oportunidad habría agredido a un imputado causándole la muerte, sin haber enfrentado consecuencias, lo que precisamente se relaciona con los hechos investigados”.
Así reza parte de la declaración de B., un funcionario de Gendarmería, que el pasado 18 de marzo compareció ante la Fiscalía Metropolitana Occidente, organismo persecutor a cargo del denominado Foco Penitenciario. Se trata de la unidad de investigación especializada, que tiene contra las cuerdas a más de un centenar de personas detenidas desde su creación en 2023.
El testimonio es una pieza clave para que la repartición liderada por el fiscal regional Marcos Pastén, ordenara la reapertura de una de las causas más delicadas que pesa sobre Alex Vega Torres, exlíder gremial conocido al interior de la institución verde boldo como el Chancho Seis. Se le vincula a una golpiza que terminó con la vida de un reo de la cárcel de la que él era guarda y cuya indagatoria la Fiscalía Centro Norte, entonces encabezada por Xavier Armendáriz, no consiguió ningún resultado en dos años de investigación.
La determinación fue adoptada pese a indicios claros de la intervención de terceros en el crimen y de que el propio Vega mintió cuando se presentó ante los investigadores.
Muerte en el módulo 19
La historia va así. Para comienzos de 2018, Rodolfo Valentín Muñoz Morales cumplía prisión preventiva en Santiago Uno. Según archivos judiciales tenidos a la vista por la Unidad de Investigación de Bío Bío, se trataba de un delincuente común con historial de robos en lugares no habitadas. Su carrera ilícita —y su vida—, sin embargo, terminaron de golpe la madrugada del 18 de enero de ese año: murió por hemorragias internas, causadas por un traumatismo encéfalo craneano, en un altercado al interior del Módulo 19.
La tesis de la familia, plasmada en una querella criminal posterior, es clara: Muñoz sufrió una golpiza. El libelo de los hijos del difunto lo resume así: “Fue, sin mediar provocación alguna, sometido a torturas a lo menos por dos funcionarios de Gendarmería, quienes lo golpearon en distintas partes de su cuerpo, en especial en su cabeza, con golpes de puños y con elementos contundentes”.
Los impactos fueron de tal magnitud, acota la acción legal, que le provocaron un tec cerrado y otras lesiones que obligaron a trasladarlo hasta la Posta Central. Allí, tras agonizar durante dos días, finalmente murió.
El deceso de Muñoz y posterior querella derivó en una investigación que quedó a cargo de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, una de las principales reparticiones del Ministerio Público, con jurisdicción sobre la capital. Tras dos años de diligencias, el organismo persecutor comunicó su decisión de no perseverar.
En su escrito, el fiscal adjunto de Santiago, Marcelo Leiva, explicó que “habiendo realizado las diligencias para esclarecer los hechos investigados”, no lograron reunir antecedentes suficientes para fundar una acusación.
Así, en una audiencia que se extendió por apenas un minuto, entre las 10:28 y 10:29 de la mañana del 7 de enero de 2020, el tribunal dejó a firme la decisión del Ministerio Público. Todo ello pese a que para entonces ya existían antecedentes concretos de la participación de terceros.
Los forenses
“Corresponde a una muerte de carácter violento”. Así versa parte de la autopsia de Muñoz. El documento —que estaba en manos de la fiscalía al momento de comunicar la decisión de no perseverar— es revelador: el reo murió por una hemorragia subdural de origen traumático. Es decir, por la acumulación de sangre en el cerebro provocada por uno o más golpes. ¿El causante? “La acción de un elemento contuso, de superficie amplia y alargada”. Los golpes provocaron incluso la deformación de la estructura craneana. “Se trata de lesiones necesariamente mortales”, expone el examen médico forense.
En su declaración ante el Ministerio Público, Vega derechamente mintió. Dijo que Muñoz, en realidad, se había caído y golpeado la cabeza tras un forcejeo con el propio líder gremial y un segundo imputado.
El problema es que para entonces, la PDI ya había establecido la participación directa de Vega. Las conclusiones constan en un informe cuyas conclusiones versan así:
“En horas de la tarde y luego de insistir al personal de Gendarmería su intención de cambiarse al Módulo 20, se generó una discusión y posterior riña al interior del pasillo de distribución entre ambos módulos, donde (…) Rodolfo Muñoz es abordado por el teniente Andrés Farías Pumero y el cabo segundo Alex Vega Torres, donde este último empuja a la víctima, cayendo al suelo y golpeando su cabeza contra el pavimento”.
De acuerdo con el mismo documento, el reo quedó inconsciente en el lugar por más de 15 segundos, donde fue puesto de pie por internos y gendarmes. En los instantes posteriores fue llevado inconsciente y en brazos hasta el hospital interno y luego hasta la Posta Central.
Según comentan fuentes conocedoras de la materia, con base a estos antecedentes, la PDI incluso solicitó al Ministerio Público que gestionara una orden de detención en contra de los implicados. La diligencia, sin embargo, nunca se concretó.
Consultada la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, respecto de por qué que no extendieron las pesquisas, se limitaron a informar que la decisión fue autorizada por la Fiscalía Regional entonces presidida por Armendáriz, y que la decisión fue aprobada en audiencia ante el respectivo Juzgado de Garantía. “Hasta ese momento objetivamente no existía forma de sostener una acusación seria”, aclararon.
Cámaras borradas
De acuerdo con quienes siguieron de cerca el caso, la intervención de Vega en la muerte de Muñoz quedó comprobada por cámaras de seguridad del recinto penitenciario. Aquí la historia vuelve a oscurecerse.
Y es que las mismas fuentes aseguran que los registros de esa tarde fueron borrados por los implicados. O al menos eso intentaron: un gendarme anónimo alcanzó a rescatar parte de la pieza audiovisual, lo guardó en un pendrive y lo entregó a familiares de Muñoz para que se querellaran.
Vega, dice uno de los inquiridos, se enteró e hizo que trasladaran al funcionario lejos de Santiago Uno, a modo de represalia.
“Sin haber enfrentado consecuencias”
Debieron pasar ocho años para que la indagatoria por la muerte de Muñoz volviera a tener movimiento. Ocurrió luego de que la Fiscalía Metropolitana Occidente, hoy a cargo del Foco Penitenciario, consiguiera nuevos antecedentes en medio de la Operación Apocalipsis.
La reactivación vino de la mano de una solicitud del fiscal Sergio Soto Yáñez, quien en abril de este año ingresó un escrito ante el Séptimo Juzgado de Garantía para comunicar formalmente la reapertura.
Parte del escrito de Soto reza así: “Que si bien los antecedentes médico-legales permitieron descartar que el traumatismo cráneo encefálico se produjera por una caída accidental de la víctima, estableciéndose por el contrario, que la muerte fue consecuencia de un golpe con un objeto contundente de alta energía, en su oportunidad el Ministerio Público resolvió comunicar su decisión de no perseverar, ya que con los antecedentes recabados a esa fecha, no se había podido determinar el autor de esas lesiones, lo que incluso implicó que no se formalizara a ninguna persona por estos hechos”.
A renglón seguido pasó a enumerar otras dos piezas clave para la reapertura. Primero, la declaración de B., un funcionario de Gendarmería, quien señaló que “el suboficial Alex Vega Torres manifestaba reiteradamente tener poder en CDP Santiago uno, debido a su calidad de dirigente sindical”. Vega, según el testigo, incluso se jactó en una oportunidad que había “agredido a un imputado causándole la muerte, sin haber enfrentado consecuencias”.
Soto incluyó en segundo lugar el testimonio de R., otro gendarme. El guarda prestó declaración el 8 de abril de 2026 ante el Ministerio Público: acusó directamente a Vega de haber participado “en un incidente con un interno del CDP Santiago 1, a quien golpeó con un objeto contundente en la cabeza y quien falleció posteriormente”.
La reapertura de la causa se concretó el 14 de abril de este año, cuando el tribunal tuvo presente la revocación de la decisión de no perseverar. Tres días más tarde, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) se hizo parte de la investigación, al ingresar una querella en contra de todos aquellos que resulten responsables, en calidad de autores, cómplices o encubridores por el delito consumado de apremios ilegítimos con homicidio.
La causa actualmente está en tramitación y con diligencias en curso.
El “Chancho Seis”
Conocido como el Chancho Seis al interior de Gendarmería, Alex Vega llegó a tener un enorme poder en las filas de la institución. Su influencia estaba mediada, desde luego, por la ANFUP, la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios de Chile, un gremio hoy extinto que agrupaba a trabajadores y exfuncionarios. Llegó a contar con unos 7.500 asociados. En su rol de dirigente intervino en negociaciones con el Ejecutivo y se reunió con altas autoridades de Gobierno.
“Tenía mucha labia y así conseguía cosas, siempre se jactaba del poder que tenía y se sentía intocable”, dice un funcionario que lo conoció de cerca. El mismo asegura que Vega cobraba distintos tipos de favores a colegas para conseguirles traslados.
“Si alguien necesitaba irse a otra ciudad, debía obtener la bendición de Vega”, espeta otro efectivo de la institución.
Según cuentan fuentes de este medio, la ANFUP también servía como medio de presión para ralentizar sumarios o para dirigir los procesos hacia otros funcionarios no afiliados. De acuerdo con información dada a conocer por Bío Bío, Vega acumulaba al menos 11 procesos sumariales durante su carrera. Uno de los más conocidos fue en agosto de 2022, cuando fue sorprendido junto a otros 10 funcionarios en un asado no autorizado en una dependencia anexa a Santiago 1. En el lugar hubo consumo de alcohol y fueron encontrados envoltorios con restos de ketamina.
Vega acusó irregularidades en la investigación administrativa en su contra e incluso inició una huelga de hambre. El sumario propuso la destitución de los involucrados, pero la medida fue posteriormente objetada por la Contraloría, que concluyó que no se ajustaba al mérito del proceso.
El imputado también registra una condena de 2008 por apremios ilegítimos contra un interno de Colina II. En esa causa fue sentenciado a 541 días de reclusión y a la suspensión de cargos u oficios públicos por el mismo lapso. La pena fue sustituida por un régimen alternativo.
Álex Vega será formalizado este lunes por delitos de corrupción. ¿Por qué le decían Chancho Seis? Porque “servía en todos lados”, afirma un gendarme que trató con él en múltiples ocasiones.
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