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El pasado miércoles 30 de septiembre, el Gobierno a través del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ingresó el tan esperado Proyecto de Ley que regula y establece los presupuestos de los servicios públicos de la nación para el año 2027. Sin dudas que nos encontramos en una época en que se abre uno de los debates más importantes del año y, por ello, hay una realidad que debemos reconocer desde el comienzo: Chile enfrenta un escenario fiscal exigente y el Estado debe cuidar cada peso que administra.
El Ejecutivo ha presentado este presupuesto como una propuesta de expansión moderada del gasto, con énfasis en la eficiencia, la recuperación de la inversión y el empleo, y prioridades como seguridad y salud. La responsabilidad fiscal es necesaria. Pero responsabilidad fiscal no puede significar mirar a Chile como si todas sus regiones tuvieran las mismas condiciones, los mismos costos y las mismas oportunidades.
Ese es, precisamente, el punto que quiero poner sobre la mesa como diputada por la región de Aysén. Para quienes vivimos en regiones extremas, el presupuesto del Estado no es una discusión abstracta sobre cifras macroeconómicas. Es la posibilidad concreta de que una persona pueda trasladarse entre localidades, que un paciente pueda recibir atención médica oportunamente, que una comunidad pueda contar con conectividad y que una familia pueda acceder a servicios públicos que en otras partes del país se encuentran mucho más cerca.
Aysén tiene características que hacen que la provisión de servicios públicos sea particularmente compleja. Las distancias son enormes, la población está dispersa y los costos de conectividad, transporte e infraestructura son considerablemente mayores. El propio desarrollo regional depende en buena medida de la capacidad del Estado para sostener servicios e infraestructura adecuados.
Por eso, la discusión del Presupuesto 2027 debe incorporar un principio que muchas veces queda relegado frente a las grandes cifras nacionales: la igualdad territorial no significa entregar exactamente lo mismo a todos, sino considerar las distintas necesidades y costos que existen a lo largo de Chile.
En Aysén, por ejemplo, las barcazas subsidiadas por el Estado cumplen una función que no es simplemente de transporte. Para muchas localidades constituyen una verdadera condición de conectividad y de integración territorial. Lo mismo ocurre con la infraestructura vial, la salud, las telecomunicaciones y la inversión pública.
El desafío, entonces, es compatibilizar austeridad con prioridades. Si existen programas que no cumplen sus objetivos, deben ser evaluados. Si existen gastos que pueden reducirse, deben reducirse. Y si el Estado puede hacer más con menos recursos, debemos exigirlo.
Pero al mismo tiempo debemos preguntarnos qué ocurre cuando un peso menos gastado en Santiago significa una posta que no se mejora, una conexión que no se materializa o un servicio que queda sin capacidad para atender a una población dispersa.
La discusión presupuestaria debe mirar también la ejecución y no solamente las asignaciones. Una región puede tener recursos nominalmente disponibles, pero si no cuenta con capacidad técnica, proyectos suficientemente desarrollados o condiciones administrativas para ejecutarlos, esos recursos no se traducen en bienestar para sus habitantes.
Por eso espero que durante la tramitación del Presupuesto 2027 exista una mirada especialmente cuidadosa sobre la inversión regional, la infraestructura, la conectividad, la salud y aquellos servicios que resultan indispensables para las zonas extremas. Chile necesita ordenar sus cuentas públicas. Pero también necesita ordenar sus prioridades.
Vivir en Aysén no debe significar seguir aceptando como normal que todo sea más difícil, más caro y más lejano. La austeridad puede ser una herramienta de buena administración, pero la eficiencia debe ser una obligación. Y ninguna de las dos puede convertirse en una excusa para profundizar las brechas territoriales.
El Presupuesto 2027 será, finalmente, mucho más que una discusión de números. Será una oportunidad para demostrar si somos capaces de administrar responsablemente los recursos públicos sin olvidar que detrás de cada partida presupuestaria hay personas, familias y comunidades que esperan respuestas.
