La corrupción y la integridad del Estado: una agenda pendiente para enfrentar el crimen organizado

La corrupción tiene muchas formas y la discusión que ha vuelto a abrir el caso Hermosilla es una oportunidad para mirar más allá de un expediente particular. Si bien puede haber redes de influencia que buscan poner decisiones públicas al servicio de intereses privados, conflictos de interés mal resueltos o puertas giratorias que desdibujan la frontera entre quien regula y quien es regulado -lo que ya es grave-, también existe una amenaza distinta y que reviste una especial gravedad, considerando lo que hoy vive el país: la penetración del crimen organizado en las instituciones encargadas de perseguirlo.

Son fenómenos diferentes, aunque ambos nos obligan a preguntarnos qué ocurre con la democracia cuando las capacidades que pertenecen al Estado dejan de estar gobernadas por la ley y el interés público.

La corrupción deteriora la confianza de las personas en sus instituciones, pero su daño va mucho más allá. Cuando el dinero, los contactos o las redes permiten acceder a decisiones, información o protección que no están disponibles para el resto, se rompe la igualdad ante la ley. Pero cuando, además, alcanza a policías, fiscalías o cárceles, comienza a deteriorarse la capacidad del propio Estado para investigar, controlar y proteger a sus ciudadanas y ciudadanos.

Durante los últimos meses hemos recibido señales que no deberíamos mirar por separado. La Fiscalía Supraterritorial investiga una organización vinculada a secuestros extorsivos en la que fueron imputados detectives de la PDI y un exfiscal, en una causa donde se indaga el uso de información y recursos policiales, y que llegó a involucrar un falso cuartel policial.

A ello se suman investigaciones por tráfico de armamento que han vuelto a mostrar cómo armas, municiones e incluso información institucional pueden terminar vinculadas a circuitos criminales. Mientras en Talca seis exfuncionarios de Carabineros se encuentran en prisión preventiva en una causa donde se les atribuye haber utilizado armas, vehículos y atribuciones policiales para cometer delitos.

Y esta misma semana una nueva arista de la denominada Operación Apocalipsis volvió a poner bajo investigación la corrupción al interior de Gendarmería, con la detención de un histórico dirigente de sus funcionarios en una causa por presuntos delitos de cohecho y lavado de activos.

Cada uno de estos hechos debe investigarse respetando el debido proceso y entendiendo que las responsabilidades son individuales, no obstante, cuando las alertas se repiten ya no basta con tratarlas como anomalías desconectadas. Tenemos que preguntarnos si nuestros sistemas de integridad, control interno y detección están preparados para impedir que organizaciones criminales encuentren dentro del Estado la información, las armas, la autoridad o la protección que necesitan para seguir funcionando.

Esto ocurre, además, en un contexto en que buena parte de la agenda de seguridad del Ejecutivo continúa mirando hacia el orden público, el aumento de penas y la ampliación de facultades coercitivas; y, mientras tanto, seguimos llegando tarde a dimensiones centrales de una seguridad democrática, como la inteligencia económica, la lucha contra la corrupción y la capacidad del Estado para detectar y desarticular redes de crimen organizado.

Un Estado necesita herramientas suficientes para enfrentar estas amenazas, por supuesto, pero entregar nuevas facultades sin fortalecer con la misma intensidad los controles sobre quienes las ejercen puede producir el efecto contrario, y la evidencia, lamentablemente, así lo está demostrando. Una facultad policial infiltrada no fortalece al Estado, fortalece a quien consigue capturar; una base de datos vulnerada puede advertir al investigado y un arma desviada desde una institución de seguridad puede terminar apuntando contra la ciudadanía.

Necesitamos menos fascinación con una agenda penal centrada, exclusivamente, en el orden público. El país requiere de una política de seguridad integral, capaz de entender que combatir al crimen organizado también significa proteger al Estado frente a su cooptación. Eso supone perseguir el dinero, fortalecer la inteligencia y el análisis criminal, mejorar los sistemas de integridad y control interno, detectar señales patrimoniales injustificadas, proteger a quienes denuncian irregularidades e identificar redes de corrupción antes de que se consoliden.

Reconocer estas vulnerabilidades no significa, bajo ningún punto de vista, desacreditar a Carabineros, la PDI, Gendarmería o el Ministerio Público. Por el contrario, varias investigaciones han sido posibles precisamente porque funcionarios, unidades de asuntos internos, fiscales y policías hicieron bien su trabajo.

Sin embargo, cuidar la legitimidad de las instituciones nunca debe ser sinónimo de guardar silencio sobre sus problemas, sino de asegurar que sean capaces de detectarlos y corregirlos, porque una seguridad democrática exige un Estado capaz de enfrentar al crimen organizado sin permitir que la fuerza, la información y las atribuciones que le entregamos terminen convertidas en herramientas del propio crimen.