La Radio accedió a los detalles de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), que el presidente José Antonio Kast anunció en cadena nacional. De acuerdo con el Ejecutivo, la seguridad es la primera prioridad legislativa del semestre, tras el despacho de la megarreforma económica.
La ACOT del Ejecutivo detalla una batería de proyectos de ley que abordan desde modificaciones constitucionales hasta herramientas operativas para policías y tribunales.
El núcleo de la ACOT
El proyecto estrella de la ACOT es una reforma constitucional pro-seguridad que consagra la protección de las personas como un deber del Estado. Esta iniciativa crea una nómina oficial de organizaciones criminales y establece el delito autónomo de pertenencia a una de estas estructuras.
Adicionalmente, contempla la implementación de cárceles diferenciadas para los condenados por crimen organizado, un nuevo estado de excepción de seguridad pública y mecanismos reforzados de incautación de bienes.
Un paquete complementario refuerza este núcleo con modificaciones a las penas, un régimen penitenciario especial y el congelamiento patrimonial de los investigados. La minuta interna del Gobierno establece que “el que pertenezca a una organización criminal cometerá un delito por ese solo hecho, cumplirá su condena en un régimen más estricto y perderá los bienes que amasó delinquiendo. Al crimen organizado se le gana cortándole el dinero y el territorio”.
En materia de recuperación de activos, la agenda crea una Agencia de decomiso y destrucción de bienes ilícitos. Esta nueva entidad estatal tendrá la facultad de liquidar y destruir los activos provenientes del crimen organizado. El texto de la minuta enfatiza que “nadie va a seguir paseándose en autos comprados con plata del narco mientras sus vecinos trabajan honradamente para llegar a fin de mes. Los bienes del delito se incautan, se liquidan y se destruyen: el crimen deja de ser un negocio rentable en Chile”.
El texto también incluye una ley anti barricadas que tipifica como delito el corte del tránsito, sin necesidad de exigir violencia en la acción.
Para el control fronterizo, se establece una zona primaria donde Carabineros y la PDI operan sin permiso previo de Aduanas. La política “Frontera Cero” permite el comiso irrevocable y la destrucción de bienes ingresados por pasos no habilitados, terminando con la práctica de “pagar y recuperar” que operaba hasta ahora.
Herramientas de investigación y modernización policial
En el plano de la investigación criminal, la ACOT habilita a través de LABOCAR y LACRIM, con una cadena de custodia claramente definida. Para la destrucción de estupefacientes, se faculta a las policías para colaborar en el proceso, permitiendo la destrucción in situ de cargamentos superiores a 5 kilos con control judicial. Además, se contempla la modernización de la PDI mediante mejores condiciones salariales para sus funcionarios.
Dos leyes orgánicas complementan el entramado: una LOC (Ley Orgánica Constitucional) de estados de excepción que regula la colaboración entre Fuerzas Armadas y policías; y una LOC de Gendarmería que transforma a la policía penitenciaria en una dependencia del Ministerio de Seguridad Pública.
El Ejecutivo también proyecta el cierre inmediato y la destrucción de las máquinas de azar ilegales que operan en el país.
Proyectos en trámite con urgencia
El gobierno ya impulsa con urgencia una decena de iniciativas legislativas. Entre ellas destaca el Reglamento de Uso de la Fuerza (RUF), que eleva a rango legal las normas de actuación policial con presunción de legalidad.
También se tramita la carrera de Carabineros con mejoras salariales y una gratificación de riesgo de hasta 100%, junto con la regulación de la legítima defensa en franco para quienes actúen protegiendo su vida o la de un tercero.
En el ámbito migratorio, la ACOT amplía la retención migratoria hasta la expulsión efectiva y tipifica como delito el transporte interno de migrantes irregulares. Complementariamente, se perfecciona la expulsión administrativa con un registro biométrico obligatorio, y se establece el ingreso clandestino como un delito autónomo.
La agenda incluye normas anti encapuchados que agravan las penas para quienes oculten su identidad en desórdenes públicos, y otorga a las Fuerzas Armadas la facultad de control de identidad en estados de excepción.
Durante agosto el Gobierno ingresará una ley corta de seguridad municipal que eximirá al personal de seguridad del tope del 42% en la dotación de los municipios.
Medidas procesales y protección de infraestructura
En el plano procesal, el Ejecutivo establece el fin de las notificaciones judiciales realizadas por Carabineros para liberar recursos operativos, y fija sanciones específicas por atentados contra policías. Se impondrán plazos perentorios a las empresas de telecomunicaciones para la entrega de registros en causas de crimen organizado, y se protegerá la infraestructura crítica en los sectores de energía, agua y telecomunicaciones.
El proyecto contempla la implementación de mecanismos de compliance en el Ministerio de Seguridad y en las policías, junto con la ampliación de las facultades autónomas y el régimen de flagrancia para una reacción policial más rápida.
Según el Ejecutivo, la responsabilidad penal adolescente se actualiza para responder a las dinámicas del crimen organizado, y se habilita el juicio oral en ausencia, permitiendo que el prófugo de la justicia sea juzgado sin necesidad de su presencia física.
Finalmente, la ACOT crea un delito específico por el reclutamiento de menores de edad por parte de bandas criminales. Esta figura agrava las penas para quienes utilicen a niños para disparar, transportar droga o vigilar esquinas, eliminando atenuantes en estos casos.
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