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Dos diagnósticos opuestos, sustentados en cifras y antecedentes técnicos, se enfrentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mientras organizaciones acusaron retrocesos en memoria, búsqueda y reparación, el Gobierno aseguró que existe continuidad institucional y que las denuncias contienen errores y omisiones.
La disputa por las políticas de derechos humanos durante el Gobierno de José Antonio Kast salió este miércoles del debate interno y llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Frente al organismo internacional, organizaciones de la sociedad civil acusaron que con la nueva administración ha ocurrido un “desmantelamiento” de la institucionalidad construida durante las últimas décadas en materia de verdad, justicia, memoria y reparación.
La representación del Estado chileno rechazó esa interpretación y sostuvo que las denuncias contienen “errores de hecho”, omisiones y conclusiones que no se condicen con los antecedentes oficiales. Afirmó además que los cambios corresponden a procesos de reorganización administrativa que mantienen vigentes los programas, sus funciones y competencias legales.
La CIDH, en tanto, recordó que las políticas fiscales de ajuste deben respetar el principio de no regresividad. Subrayó la importancia de la transparencia sobre los diagnósticos técnicos que justifican los cambios institucionales y enfatizó que las políticas de derechos humanos deben trascender a los gobiernos de turno.
Derechos humanos en Chile: dos relatos opuestos ante la CIDH
La audiencia fue solicitada por cuatro organizaciones: Red de Observadoras en Justicia y Memoria; Londres 38, espacio de memorias; la Agrupación por la Memoria Histórica Providencia Antofagasta; y la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad.
La presentación se ordenó en cuatro grandes ejes: el supuesto desmantelamiento y reajuste estatal; el debilitamiento de la institucionalidad de derechos humanos; la afectación de políticas de memoria histórica —con especial énfasis en Colonia Dignidad— y los cuestionamientos al rol del Estado frente a beneficios penitenciarios solicitados por condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, lo que denominan “indultos pasivos”.
La tesis central de las organizaciones fue que las medidas adoptadas no corresponden a hechos aislados, sino a un patrón que estaría reduciendo capacidades técnicas y administrativas construidas durante años.
“Queremos ser enfáticas: no estamos ante decisiones administrativas aisladas. Estamos ante un patrón de desmantelamiento institucional que afecta la capacidad efectiva del Estado para garantizar verdad, justicia, reparación, memoria y garantías de no repetición”, sostuvo Tamara Lagos, integrante de la Red de Observadoras en Justicia y Memoria.
Uno de los focos fue el Programa de Derechos Humanos y el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia. Las organizaciones afirmaron que ambos han visto reducidas sus capacidades técnicas. “La continuidad formal no equivale a capacidad institucional efectiva”, dijeron.
En materia de memoria histórica, las organizaciones cuestionaron especialmente el financiamiento de los sitios de memoria. Según sus antecedentes, en Chile existen 1.132 lugares identificados como sitios de memoria, pero solo 72 cuentan con reconocimiento oficial.
En específico, plantearon reparos por Colonia Dignidad, asegurando que la decisión del Gobierno de revertir la expropiación del sitio constituye un retroceso.
“Más de 100 personas desaparecieron allí”, afirmó Paola Peebles, hija de Enrique Peebles, sobreviviente de las torturas cometidas en Colonia Dignidad durante la dictadura. La representante sostuvo que el lugar sigue siendo “propiedad privada de los perpetradores y sus herederos, quienes lo explotan con fines de lucro y recreativos, mientras intervienen infraestructura con pruebas cruciales, obstaculizando la justicia y el Plan Nacional de Búsqueda”.
“Indultos pasivos”
Un momento central de la audiencia estuvo relacionado con el rol del Programa de Derechos Humanos en procesos donde condenados por delitos de lesa humanidad solicitan beneficios penitenciarios. Las organizaciones acusaron (tal como lo reveló BioBioChile en este artículo) que el Ministerio de Justicia habría impedido la intervención de abogados del Programa en determinadas causas, situación que calificaron como “indultos pasivos”.
Según expuso la abogada Magdalena Garcés, durante este año se registran 47 solicitudes presentadas por agentes condenados por crímenes de lesa humanidad para acceder a beneficios como reducción de penas, arresto domiciliario o libertades condicionales. De esas solicitudes, señalaron que en 23 casos hubo audiencias y que en 20 oportunidades el Programa no alegó o se desistió de recursos.
“… Los condenados nunca colaboraron con la justicia, se encontraban condenados en numerosos procesos, y todos estos casos generaron un impacto en las víctimas”, dijo Garcés.
El Gobierno, en cambio, sostuvo que no existe un cambio en los criterios aplicados por el Programa y que cada caso continúa siendo analizado individualmente bajo el marco jurídico vigente. Insisten en que el Programa mantiene sus competencias, que existe un protocolo de actuación y que, participe o no en una causa, el Área Social informa a los familiares de las víctimas para que puedan evaluar su propia participación en los procesos.
La defensa y los cuestionamientos del Gobierno
La representación chilena rechazó la tesis de las organizaciones y buscó demostrar que los programas cuestionados mantienen continuidad.
El embajador Felipe Kipreos, jefe de la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, afirmó ante la CIDH que los antecedentes presentados por el Estado demostrarían que no existe un debilitamiento institucional.
“La evidencia presentada por la delegación de Chile es contundente y no admite dos lecturas. Se ha demostrado que no existe desmantelamiento institucional”, sostuvo.
El representante agregó que Chile cuenta con “un Estado de Derecho plenamente funcional” y cuestionó el uso de conceptos políticos durante la audiencia.
“La utilización de epítetos políticos desproporcionados no contribuye a la causa de los derechos humanos. Por el contrario, dañan fuertemente el lenguaje de los derechos y la institucionalidad regional internacional”, afirmó.
Desde Cancillería señalaron a BioBioChile que:
“Tal como se ha señalado en todas las instancias nacionales e internacionales, el Gobierno del Presidente José Antonio Kast ha tenido una política de continuidad en materia de derechos humanos, tanto en sus planes nacionales como en las tareas de promoción y protección de derechos de todos, incluyendo a personas mayores, personas con discapacidad, mujeres privadas de libertad y niños vulnerados, entre muchas otras materias.
A su vez, se recordó a la Comisión Interamericana que está entregado a los Gobiernos velar por el cumplimiento de sus obligaciones en materias de derechos humanos, no correspondiendo a esta calificar las políticas públicas adoptadas para llevarlas a cabo.”
Según conoció BioBioChile, en el Ejecutivo también cuestionan que entre las expositoras participaran exintegrantes del Programa de Derechos Humanos de la administración anterior, entre ellas Paulina Zamorano y Magdalena Garcés.
Asimismo, plantean que la audiencia corresponde a un espacio de escucha del organismo internacional y que la CIDH no ha emitido una conclusión sobre el fondo de las denuncias planteadas. La delegación chilena se comprometió a enviar antecedentes adicionales a la Comisión para respaldar su posición con documentación técnica y cifras oficiales.
La audiencia no terminó con una resolución sobre las acusaciones planteadas, pero sí trasladó al plano internacional una discusión que hasta ahora se había desarrollado principalmente dentro de Chile.
Será ahora la propia Comisión Interamericana la que evalúe los antecedentes entregados por ambas partes y determine si solicita nuevas acciones o información adicional al Estado chileno.
