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El debate por el rumbo de las políticas de derechos humanos en Chile llegará a Washington. Este miércoles, cuatro organizaciones chilenas presentarán ante la CIDH un informe que acusa retrocesos y "desmantelamiento" institucional durante el gobierno de José Antonio Kast, mientras La Moneda prepara sus descargos con los que buscará demostrar sus avances en la materia.
No será solo una exposición. Este miércoles, cuatro organizaciones chilenas llegarán hasta la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, con un objetivo claro: demostrar al organismo que en Chile existe un proceso de retroceso en materia de derechos humanos y justicia transicional desde la llegada de José Antonio Kast, que amerita un seguimiento internacional.
Según pudo conocer BioBioChile, la presentación reúne antecedentes, cita documentos oficiales, fallos judiciales e incluso reportajes, para sostener que, desde la instalación del actual gobierno, se ha producido un “desmantelamiento” de instituciones y políticas públicas construidas durante décadas.
La delegación chilena, compuesta por la Red de Observadoras en Justicia y Memoria; Londres 38, espacio de memorias; la Agrupación por la Memoria Histórica Providencia Antofagasta, la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad y la ANEF, presentará el diagnóstico elaborado respecto a lo que califican como un retroceso estructural del Estado.
Pero el objetivo va más allá de denunciar. Buscarán que la CIDH mantenga el caso bajo observación y solicite explicaciones al Estado chileno respecto de las decisiones adoptadas durante los primeros meses del actual Gobierno.
Retrocesos en derechos humanos: acusarán hoy al Gobierno de Kast ante la CIDH
Las audiencias temáticas de la CIDH constituyen uno de los principales mecanismos mediante los cuales organizaciones sociales y los Estados exponen situaciones que consideran relevantes para la protección de los derechos humanos en el continente.
Aunque la Comisión no adopta una resolución al término de la sesión, los antecedentes pueden dar origen a solicitudes de información, recomendaciones o al seguimiento de determinados casos.
En ese marco, las cuatro agrupaciones chilenas llegarán a la CIDH con una presentación que gira en torno a cuatro grandes ejes con que buscan sostener que las decisiones adoptadas desde marzo de 2026 con la llegada del actual gobierno, no corresponden a hechos aislados, sino que forman parte de un mismo proceso de debilitamiento institucional.
1. Unidades de derechos humanos que fueron debilitadas o eliminadas
Las organizaciones sostendrán que distintas reparticiones especializadas del Estado han sido cerradas, reestructuradas o vaciadas de contenido, afectando la capacidad del Estado para garantizar verdad, justicia y reparación. Entre los casos mencionados aparecen:
– Eliminación de la Unidad de Víctimas de Violencia Institucional de la Subsecretaría de Derechos Humanos
– Unidad de Búsqueda de Orígenes y Familiares de Personas Afectadas por Adopciones Ilegales, Forzadas o Irregulares (UBAFI) de la Subsecretaría de Derechos Humanos.
– Desmantelamiento del Programa de Derechos Humanos y Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia (PNB) de la Subsecretaría de Derechos Humanos.
– Retiro del Tercer Plan Nacional de Derechos Humanos de Contraloría.
– Reducción y desarticulación de la Comisión de Verdad y Niñez del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
– Reestructuración y desmantelamiento del Servicio Nacional de Migraciones del Ministerio del Interior.
– Eliminación de la Unidad de Pueblos Indígenas del Ministerio de Bienes Nacionales
– Eliminación de la Unidad de Género y Derechos Humanos del Ministerio de Bienes Nacionales.
– Debilitamiento Institucional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH)
– Otros despidos en el sector público, en organismos vinculados a materias de memoria, verdad, justicia y reparación.
Según plantean, algunas de estas decisiones ya tendrían efectos concretos. Por ejemplo, que la eliminación de la Unidad de Pueblos Indígenas dejó cerca de 16 mil expedientes pendientes en La Araucanía y que la reestructuración del Servicio Nacional de Migraciones implicó la salida de 27 funcionarios.
2. Reajustes presupuestarios
Las organizaciones plantean que las políticas fiscales también pueden tener efectos en derechos humanos cuando afectan programas destinados a grupos vulnerables. Por ello, cuestionarán la revisión presupuestaria impulsada por el Ministerio de Hacienda para el Presupuesto 2027, ya que según advierten, podrían verse afectados cerca de 142 programas estatales que fueron incorporados al proceso de evaluación presupuestaria.
Entre ellos figuran el Programa de DDHH, al Plan Nacional de Búsqueda y el Programa de Reparación y Atención Integral en Salud (PRAIS), “lo que dejaría en la indefensión el acompañamiento judicial y médico de las víctimas de la dictadura y sus familiares”, advierten.
3. El capítulo más sensible: los “indultos pasivos”
El Estado habría modificado su forma de actuar frente a solicitudes de beneficios penitenciarios presentadas por condenados por violaciones a los derechos humanos, al dejar de oponerse en determinados procesos judiciales. Esto denunciarán ante la CIDH.
Como respaldo, aseguran que esta situación ya se habría registrado en nueve causas relacionadas con cuatro condenados por crímenes de lesa humanidad.
Entre los ejemplos mencionan el caso del exagente César Manríquez Bravo, recientemente liberado, que acumula decenas de condenas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar. También aluden a solicitudes de cumplimiento alternativo de penas presentadas por condenados que invocan edad avanzada o enfermedades graves.
“En definitiva, de las 23 acciones presentadas por las defensas de los condenados por graves violaciones a los derechos humanos, el Programa de DDHH sólo ha intervenido en 3 ocasiones, a pesar de que se tratan de agentes condenados por Operación Colombo, Calle Conferencia I y II, Caso Endesa, Caso Hornos de Lonquén, Caso Ejecutados de Paine, Caravana de la Muerte, Caso Mulchén, Caso Alfa Carbón, entre otros, debiendo el Programa de DDHH intervenir según su propia normativa”, detalla el informe.
Las organizaciones sostienen que, al no intervenir activamente en este tipo de procedimientos, el Estado debilita su deber de garantizar el cumplimiento efectivo de las condenas y abre la puerta a escenarios de impunidad.
Como parte de los antecedentes, el informe también incorpora el correo interno del Programa de Derechos Humanos —revelado por BioBioChile— en el que su directora informa haber recibido instrucciones de “no apelar o no alegar” en determinadas causas, documento que las agrupaciones presentan como evidencia de un cambio de criterio al interior del Ministerio de Justicia.
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4. Colonia Dignidad y los sitios de memoria
El cuarto capítulo estará dedicado a las políticas de memoria. Las organizaciones cuestionan la decisión del Gobierno de no continuar con el proceso de expropiación de la ex Colonia Dignidad para transformarla en un sitio de memoria.
También advierte incertidumbre sobre el financiamiento de distintos sitios de memoria, la continuidad de programas de conservación patrimonial y el respaldo estatal a espacios destinados a preservar la memoria de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.
“Llevar este panorama ante la CIDH en Washington es un paso crítico. Estamos presenciando cómo se desarma la infraestructura de derechos humanos que costó décadas instalar en Chile. Esto no es un simple ajuste técnico, es una vulneración directa a los compromisos de verdad, justicia y no repetición que el Estado debe garantizar”, señaló Paulina Zamorano, en representación de las agrupaciones solicitantes.
Lo que pedirán a la CIDH
La audiencia no terminará con la exposición de los antecedentes. Las organizaciones solicitarán que la Comisión mantenga un seguimiento permanente sobre la situación chilena y requiera información al Estado respecto de las medidas adoptadas en materia de derechos humanos.
Entre otras materias, pedirán que la CIDH supervise la continuidad del Programa de Derechos Humanos, del Plan Nacional de Búsqueda y de las políticas de memoria; que solicite explicaciones sobre los cambios administrativos implementados; y que monitoree el impacto de los recortes presupuestarios denunciados.
La expectativa de las organizaciones es que, tras escuchar sus argumentos, la Comisión mantenga el caso bajo observación y solicite información formal al Estado chileno.
En la audiencia también participará la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), que expondrá sus cuestionamientos por las desvinculaciones de funcionarios públicos registradas desde el cambio de gobierno y por las eventuales vulneraciones a derechos laborales derivadas de esos procesos.
La respuesta del Gobierno
Una delegación chilena también presentará sus descargos ante la CIDH en representación del Gobierno, desde donde sostienen que la presentación realizada por las organizaciones contiene “errores evidentes y sesgos de información” y recalcan que la audiencia fue solicitada por privados, por lo que no corresponde a un procedimiento iniciado de oficio por la Comisión ni implica que el organismo haya validado las denuncias expuestas.
Pero según conoció BioBioChile, en el Ejecutivo también consideran que la instancia representa una oportunidad para exponer los avances que, a su juicio, ha impulsado el Gobierno en esta materia.
“Acá tenemos una Subsecretaría de Derechos Humanos que desde el día uno se ha preocupado de respetar todo lo relacionado con la memoria histórica. Y no solo eso, ha hecho algo que no se hacía, que es ampliar el concepto de derechos humanos”, dijo al respecto el ministro de Justicia, Fernando Rabat.
En ese escenario, la estrategia de la delegación del Estado será rebatir uno a uno los antecedentes expuestos por las organizaciones y demostrar ante la CIDH que las medidas adoptadas obedecen a decisiones administrativas y no a un desmantelamiento de la institucionalidad de derechos humanos.
