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Las “señales de solidaridad” de Donald Trump con la “causa de Malvinas” catalizaron una serie de sucesos que, en la interpretación argentina, abren una “ventana de oportunidad” para la “recuperación” de esas islas (y por extensión, de los archipiélagos de las Georgia y Sándwich del Sur). Eso, no obstante que, oficialmente, hasta aquí Estados Unidos no reconoció los “derechos” que Argentina reclama sobre dichos espacios del Atlántico Sur.
Sobre esto último, no olvidemos que sucesivos mandatarios chilenos no solo formalmente apoyaron la “causa de Malvinas”, sino que reconocieron ciertos derechos sobre “espacios marítimos circundantes” que hasta aquí nunca fueron precisados. Increíble. En el marco de la geopolítica de la era Trump, dicho apoyo chileno parece comenzar a adquirir un preocupante carácter contrario al interés nacional.
La “ventana de oportunidad” que refiero está justificando, entre otras cosas, que el gobierno de Javier Milei anunciara el establecimiento de una nueva orgánica estatal para avanzar en la citada “causa de Malvinas”, asociada directamente al rearme de sus FF.AA.
Eso incluye la adquisición de nuevas fragatas y submarinos (para el control de los espacios marítimos australes), y el establecimiento de una “base integrada” en Ushuaia sobre el canal Beagle, a unos 9 kilómetros del límite con Chile (para que se entienda en Santiago, la misma distancia que hay entre Manquehue y Mac Iver).
En el mismo sentido, Argentina anunció sanciones para empresas que comercien con la comunidad de las Falkland, ámbito en el cual una empresa nacional de reciente formación ya anunció -con el apoyo de la comunidad de Punta Arenas- que restablecerá con aquellas el histórico contacto comercial.
Eso, obviamente, a través del estrecho de Magallanes, en el cual impera -como repetidamente se ha dicho- el compromiso del Estado chileno con la neutralidad permanente de sus aguas, es decir, su compromiso de no permitir que nuestro estrecho sea instrumentalizado en conflictos o disputas entre otros Estados.
En este mismo asunto, el emprendimiento chileno considera que Argentina está obligada -en virtud de los tratados vigentes- a no obstaculizar, en ningún tiempo o forma, el libre tránsito de naves de cualquier bandera que crucen sus aguas jurisdiccionales para salir o ingresar al estrecho de Magallanes.
Si la empresa chilena interesada en restablecer los vínculos entre Punta Arenas y las islas concreta su propósito, el incidente (y la crisis) con Argentina está servida. Eso, con o sin derogación del Decreto argentino 457 de 2021, que a través de la vigente Directiva Nacional de Defensa del vecino, postula la coadministración del estrecho de Magallanes. Conste que se dijo.
“El fin del Reino Unido”
Junto con manifestar su “pensamiento” respecto de la “causa de Malvinas” (que en realidad no conoce y está, solamente, motivada por su frustración con el gobierno británico), en la misma línea de “ideas” Donald Trump expresó su “deseo” de que Irlanda pudiera reunificarse.
Mientras su declaración motivó el aplauso del ultranacionalismo irlandés (especialmente entre los resabios del IRA, emparentado con diversos grupos terroristas marxistas antinorteamericanos), en otros ámbitos causó grave preocupación. Aún está en la memoria de los irlandeses el período de los “troubles”, esto es, del ciclo de violencia que entre 1972 y 1998, en Irlanda del Norte causó más de 3.500 muertos (más de 1.800 de ellos civiles inocentes).
Las declaraciones de Trump ocurrieron en vísperas de una “cumbre de líderes independentistas” irlandeses, galeses y escoceses, quienes adquirieron el compromiso político de realizar referéndums para la independencia y “poner fin del gobierno de Westminster” (es decir, el fin del Reino Unido). Para la geopolítica argentina, este es un indicador de que el balance geoestratégico en el Atlántico Sur “está por cambiar”.
En su cálculo optimista, si el fin del Reino Unido ocurriera, la comunidad de las Falkland/Malvinas quedaría “huérfana” y, por lo mismo, optaría -por la fuerza de las circunstancias- a la adhesión con Argentina.
Sin embargo, para que eso efectivamente suceda, antes es necesario un proceso político-constitucional y social del cual, por lo menos en el mediano plazo, no se observan posibilidades de éxito.
Dicho de otra manera, es altamente improbable que, al menos durante los próximo dos o tres gobiernos argentinos, presenciemos “el fin del Reino Unido”. Aun así, si eso ocurriera, es improbable que el vínculo de los isleños con alguno de los “nuevos Estados” (especialmente Escocia) se rompa.
Además, hay que considerar que, toda vez que una “bandera de lucha” esencial del independentismo escocés, galés y norirlandés apunta a la adhesión a la Unión Europea, en la práctica eso es casi imposible. Países como España, Francia, Italia o Bélgica no aceptarán la adhesión de “regiones de las islas británicas” convertidas en Estados independientes. Hacerlo significaría “validar” la ruta hacia la independencia que postulan, entre otros nacionalismos europeos, el vasco, catalán, lombardo, corso, bretón o flamenco.
Política y constitucionalmente es mucho más factible la reincorporación del Reino Unidos en la Unión Europea (el escenario parece estar evolucionando hacia esa solución), que su escisión en cuatro Estados distintos.
Nuestro análisis
La ofensiva argentina por “Malvinas” es inseparable de la cuestión de la “coadministración del estrecho de Magallanes”. Sobre este asunto soy de los que piensan que, especialmente después de 2010, cuando Argentina comenzó a exigir un permiso para visitar las islas, Chile comenzó a relativizar lo dispuesto en la normativa bilateral vigente, especialmente la norma del Art. 10 del Tratado de Paz y Amistad de 1984 (TPA).
Ese instrumento plenamente vigente prohíbe al vecino restringir o dificultar la navegación que, a través de sus aguas, se dirige o sale del estrecho. Eso, independiente de la bandera, el destino o la procedencia de la nave. Esto, como ya está dicho, en consistencia con el hecho jurídico que dicta que nuestro estrecho de Magallanes ha sido neutralizado a perpetuidad.
En 2012 Chile adhirió a una declaración Mercosur sobre esta materia, olvidándose de sus propias obligaciones con el TPA y, por extensión también con el Tratado de Límites de 1881.
Vista la actitud chilena, a partir de entonces el contacto entre las islas y Punta Arenas (que data del siglo XIX y que incluye la importación de la ovejería magallánica precisamente desde las Falkland) cesó. Aquí yace el origen de la idea de la “coadministración del estrecho de Magallanes”.
Después, a lo largo de los años, se produjeron diversas situaciones que contribuyeron a la relativización de nuestras obligaciones: por ejemplo, aquella que en abril de 2024 afectó a un remolcador chileno que, procedente del estrecho de Magallanes, debió auxiliar a una nave taiwanesa en el “espacio marítimo circundante” a las islas, y que motivó una acción militar y judicial del Estado argentino (en virtud del Decreto de 2010 y la Declaración Mercosur de 2012).
Los impasses por la presencia de naves de la Royal Navy en el estrecho se incluyen en el mismo contexto, al igual que “los favores al embajador argentino” que costaron la salida de la primer canciller del gobierno anterior. También el incidente de los “paneles solares” en el hito 1 de Tierra del Fuego (junio 2024), esto es, la instalación que alimenta a una estación de monitoreo para, de facto, coadministrar “la boca oriental del estrecho”.
Por acumulación estamos en presencia de un nuevo escenario geoestratégico austral y antártico impuesto por Argentina. Desde esta óptica, la pretendida “coadministración del estrecho” es componente de un mismo problema que incluye, primero, el diferendo de facto y de jure por la superposición de la plataforma chilena de 200 millas en la región del cabo de Hornos respecto de la pretensión argentina más allá de esa distancia, y; segundo, a la pretensión de plataforma continental antártica argentina que, aunque Naciones Unidas no la validó, en el concepto geopolítico del vecino se considera, de facto, integrado en su territorio (con una parte sustantiva del territorio de la región de Magallanes y Antártica Chilena).
Este es el problema de fondo, y esa es, “entre otras cosas”, la gravedad de nuestro apoyo a la pretensión argentina sobre los “espacios marítimos circundantes” a las islas del Atlántico Sur bajo administración británica.
Hasta aquí Chile dio todo tipo de señales de no entender el problema o, peor aún, de no querer entenderlo. Gravísimo.
Visitas o reuniones varias en Punta Arenas o en la Base Teniente Marsh no resuelven nada. Si al Gobierno, la clase política o, en definitiva, al pueblo chileno, verdaderamente les interesas su Zona Austral (la región magallánico-antártica con sus incalculables recursos para el bienestar de las futuras generaciones), entonces llegó el momento de reflexionar y actuar en consecuencia.
De lo contrario -para el horror de nuestro próceres australes-, habremos terminado de “conceder” por ausencia, omisión, desinterés, ignorancia, negligencia o “todas las anteriores”.
