Quilicura y el rito del poder

Hace unos días, en Quilicura ocurrió algo más grave que una sucesión de disparos al aire. Mientras el cuerpo de un joven asesinado permanecía aún en el Servicio Médico Legal, un grupo realizó un “velorio simbólico”: ráfagas, fuegos artificiales y un vehículo incendiado. No había féretro, pero sí ritual. No había sepultura, pero sí una identidad criminal que exhibía pertenencia, fuerza y control territorial.

Una vecina mostró el lugar por donde una bala ingresó a su vivienda; la alcaldesa pidió copamiento policial y el ministro de Seguridad explicó que aquello no constituía todavía un funeral de riesgo. Así, la angustia de la comunidad, la demanda de la autoridad local y la respuesta del Gobierno confluyeron en un problema cuya naturaleza supera ampliamente una respuesta procedimental.

La reacción inmediata fue preguntar por qué no operó la ley. Pero Quilicura mostró precisamente el límite de creer que toda conducta social puede quedar encerrada dentro de una norma: el rito comenzó antes del funeral y, en cierto modo, prescindió de él.

Desde 2019 Carabineros aplicaba matrices de riesgo y protocolos interagenciales. Entre mayo de ese año y diciembre de 2024 se registraron cerca de 2.300 funerales de riesgo, con aproximadamente 130 mil funcionarios comprometidos y más de 1.500 detenidos. En el 83% de los procedimientos no se produjeron desórdenes. La intervención sirve. Pero no resuelve el fenómeno de fondo.

Durkheim ayuda a comprenderlo. En “Las formas elementales de la vida religiosa” explicó cómo los grupos construyen símbolos y rituales que fortalecen su conciencia colectiva. No se trata de llamar religión al delito, sino de advertir que una contracultura criminal también puede sacralizar personas, territorios y signos. El disparo, la pirotecnia o la ocupación de una calle dejan de ser simples desórdenes: se convierten en lenguaje.

Por eso hay dos escaleras que deben subirse al mismo tiempo. La corta exige control, persecución, detención y recuperación del territorio. La larga exige reconstruir tejido social: familia, escuela, barrio, deporte, trabajo, comunidad y espacio público. Si la desviación puede aprenderse por asociación diferencial, también la convivencia y el respeto por la norma deben transmitirse socialmente.

Ahí el municipio ocupa un lugar fundamental, no para transformarse en policía, sino porque en el territorio convergen prevención, infancia, educación, deporte, empleo, recuperación urbana y seguridad.

Renunciar a la primera escalera significa abandonar la calle y ceder espacio a los grupos delictuales. Renunciar a la segunda nos condena a ocuparnos indefinidamente de sus efectos.

Quilicura deja una advertencia: si esperamos otros cinco años para intervenir las causas, volveremos a llegar con una norma nueva frente a un problema que ya cambió.