14 meses demoró el gobierno de Gabriel Boric en denunciar el caso de Bernarda Vera, pese a contar con múltiples indicios de que la mujer estaba viva. Así consta en un informe elaborado por la investigadora del Plan Nacional de Búsqueda, Pascale Bonnefoy, quien reconstruyó la “trayectoria vital” de quien hasta la semana recién pasada engrosaba la lista de detenidos desaparecidos. Según consta en el documento —al que accedió la Unidad de Investigación de Bío Bío— para marzo de 2024, Bonnefoy —periodista y escritora— ya contaba con múltiples testimonios que apuntaban a que Vera podía seguir con vida.
En diálogo con Bío Bío Investiga, tanto el exministro de Justicia Jaime Gajardo como la entonces jefa del Programa de Derechos Humanos y del Plan Nacional de Búsqueda, Paulina Zamorano, controvierten esa lectura. El primero sostiene que ya en octubre de 2024 se habían puesto antecedentes a disposición del ministro en visita que investigaba a los desaparecidos de Liquiñe, entre ellos Vera; mientras que Zamorano afirma que las pesquisas se construyeron de manera acumulativa y que sólo en mayo de 2025, tras recibir una confirmación oficial de Cancillería sobre la nacionalidad sueca de la mujer, existieron antecedentes suficientes para comunicar específicamente a la justicia que podía seguir con vida.
El hallazgo surgió casi de casualidad: ocurrió mientras investigaba el sitio y la fecha exactos de la desaparición de otro militante del MIR, José Sofanor Saldivia Saldivia. Este último formó parte de un grupo de diez militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) que se internó en el monte al norte de Arquilhue, actual región de Los Ríos, tras el golpe de Estado. La idea era evadir la represión militar y construir algún tipo de resistencia. Dentro de ese grupo, estaba, justamente, Bernarda Rosalba Vera.
Ese marzo de 2024, se desprende de su informe, Bonnefoy se entrevistó con un exmiembro de la Fuerza Central del MIR, quien pidió conversar bajo reserva de identidad. Él le confirmó que había conocido a la entonces desaparecida y le confidenció que había sabido por terceros que Vera escapó a Argentina a fines de ese año.
“Me aseguró que Bernarda Vera no fue detenida ni ejecutada”, reza el documento.
De acuerdo con el mismo informe, ese fue el “punto de partida” para trazar la trayectoria de “Anita”, como era conocida la mujer al interior del grupo revolucionario.
Hoy lo ocurrido está siendo investigado administrativa y penalmente.
De Argentina a Suecia
A partir de ese primer indicio de marzo de 2024, la investigación fue acumulando múltiples fuentes testimoniales y documentales que, en conjunto, permitieron confirmar que Bernarda Vera seguía con vida.
Aquí se cuentan los testimonios de excompañeros del MIR en Chile. El primero fue José Bravo Aguilera, quien confirmó haber estado con ella hasta el 18 de diciembre de 1973, y relató que el grupo cruzó clandestinamente a Argentina por el paso Hua-Hum. Bonnefoy habló con él en varias ocasiones: la primera fue el 17 de abril de 2024, un mes después de la conversación que abrió las interrogantes. La comunicación fue complementada, reza el informe, con posteriores contactos telefónicos a lo largo de 2024 y una entrevista presencial el 21 de abril de 2025.
En abril de 2024, la investigadora habló vía Zoom con el periodista sueco Per-Ulf Nilsson. El profesional le contó que alrededor de 1986 entrevistó un par de veces en Suecia a “Carmen”, el nombre político que usó Bernarda Vera en Argentina.
Nilsson afirmó que entrevistó a “Carmen” sobre su experiencia militante con Svante Grande (guerrillero sueco), tanto en el Complejo Maderero en Chile, como su salida clandestina a Argentina y estadía en Buenos Aires. En la conversación dijo creer que cuando la entrevistó ella vivía en Helsingborg, cerca de Lund, y fue una fuente muy importante para su libro, porque era la única sobreviviente del grupo de Svante.
“Carmen” le dijo que después de ingresar a Argentina estuvieron inactivos durante meses en un departamento en Buenos Aires, esperando el momento de integrarse a la guerrilla en Tucumán. Durante este tiempo establecieron contacto con el MIR y fueron introducidos al PRT-ERP, organización político-militar trasandina.
Nilsson afirma que, tras sobrevivir a la guerrilla, “Carmen” viajó a Suecia y se fue a vivir en el sur del país. Desconoce qué nombre “Carmen” ocupaba en Suecia, pero con él siempre usó ese nombre “Carmen”.
“Hice lo que pude”
Las pesquisas continuaron. En septiembre de 2024, la periodista se contactó con otro exmirista, Enrique Pérez Arias. El residente de Lund, Suecia, conocía a una amiga de Bernarda. Bonnefoy le pidió transmitirle un mensaje para llegar, a través de ella, a la entonces desaparecida. La respuesta fue negativa.
En enero de 2025, volvió a intentarlo. Le solicitó transmitir nuevamente un mensaje a su amiga para Bernarda Vera, para que ella se comunicara con el PNB.La idea era ofrecerle el apoyo que requiriera. Para entonces, Bonnefoy ya estaba en comunicaciones con la hija de Vera. Pérez no respondió.
Cuatro meses después, el 12 de mayo de 2025, le escribió por tercera vez al exmirista..El objetivo era que al menos pudiera dar alguna certeza sobre Bernarda para poder informar a su familia en Chile.
Pérez respondió: “Lamento no poder ayudarte en esta delicada situación. Hice lo que pude y no puedo ir en contra de los sentimientos y las opiniones que recibí”. Minutos después agregó: “Algo más. Si Bernarda no toma contacto con su familia, pudiendo hacerlo, me imagino tendrá sus razones”.
“Cruzaron hacia Argentina”
Ya en marzo de 2025, Bonnefoy volvió sobre los miristas: contactó a Rubén González Lefnol. Vía telefónica, desclasificó una extensa reunión con sus correligionarios.
“René Acuña [entonces pareja de Bernarda] nunca dijo que Bernarda hubiese tenido problemas represivos. Si los hubiese tenido, nos habría contado. Nos quedó claro que ella y otros compañeros cruzaron hacia Argentina”, dijo González.
En tanto, María Cruz Pineda Torres fue consultada en mayo de 2025 por Bonnefoy. También a través de una llamada telefónica, declaró que en esos días de 1973 le dijeron que la mujer había logrado sobrevivir. Por la radio incluso se hacían llamados para que Bernarda Vera se entregara a las autoridades militares.
“Me dijeron: ‘Bernarda está bien’. Con eso deduje que ellos sabían dónde estaba Bernarda”, afirmó María Cruz Pineda.
Denuncia a la justicia
La combinación de estos testimonios independientes —muchos de ellos sin conexión entre sí— junto con la documentación oficial sueca y los registros argentinos, es lo que permitió a la investigadora concluir que Bernarda Vera no fue ejecutada en 1973, sino que salió del país y continúa viva.
Pese a todos los indicios recopilados en más de un año de consultas, el Plan Nacional de Búsqueda recién denunció los hallazgos el 22 de mayo de 2025; 14 meses después de que se obtuvieran los primeros testimonios que daban cuenta de que Vera había logrado huir de la represión de la dictadura.
Según se desprende del oficio enviado al ministro en visita Álvaro Mesa Latorre, la Subsecretaría de Derechos Humanos decidió denunciar los hechos luego de que recibiera una comunicación desde el consulado chileno en Gotemburgo, cuyo personal —tras comunicarse con la oficina de migraciones de Suecia— confirmó que Bernarda Vera había obtenido la nacionalidad de ese país como refugiada.
“No existió reparo institucional o temor”
Según comentan fuentes cercanas a la materia, la demora pudo haberse debido a la presión que generaba para el PNB que su primer hallazgo relevante hubiese sido contradecir a la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Es decir, que una detenida desaparecida apareciera viva. Los mismos inquiridos apuntan a que para entonces también había un equipo de prensa de Chilevisión que al parecer había encontrado a Vera en Argentina.
Eso es algo que refuta Paulina Zamorano, exjefa del Programa de Derechos Humanos y del Plan Nacional de Búsqueda, quien defendió la decisión de no acudir antes a la justicia con los antecedentes reunidos sobre Bernarda Vera. Según explicó a la Unidad de Investigación de Bío Bío, las pesquisas sobre víctimas de desaparición forzada se construyen de manera progresiva y requieren que las hipótesis iniciales sean contrastadas con distintas fuentes antes de darlas por comprobadas.
“La reconstrucción de las trayectorias de víctimas de desaparición forzada se realiza mediante investigaciones que se construyen de manera acumulativa —no son lineales—, iniciadas por hipótesis que se sujetan a la emergencia de hallazgos, que confirman o descartan dicha hipótesis”, sostuvo.
En ese marco, explicó, la investigación sobre Vera comenzó en marzo de 2024, originalmente vinculada al denominado “Episodio de Liquiñe”. Una de las primeras hipótesis que debía comprobarse era, precisamente, que la militante del MIR “habría” sobrevivido a la represión desplegada en la zona.
Zamorano señaló que, a partir de entonces, Pascale Bonnefoy comenzó a rastrear fuentes documentales y testimoniales y que durante 2024 y 2025 “se despacharon una serie de oficios a una serie de instituciones del Estado y de organismos internacionales, con la finalidad de recabar la mayor cantidad de información posible”, mientras paralelamente se cruzaban archivos y antecedentes relacionados con el caso.
Respecto de lo que el Programa sabía a comienzos de 2025, la exjefa del PNB aseguró que todavía no existía certeza sobre la identidad de la persona que las pesquisas habían ubicado con vida. “En enero de 2025, una de las líneas investigativas daba cuenta que habría una persona que coincidía con los relatos de la investigación y que se encontraría en Argentina; sin embargo, no se tenía claridad de si se trataba o no de Bernarda Vera; o si era la misma Bernarda Vera que figuraba como desaparecida en el Informe Rettig”, afirmó.
Según su versión, el punto de inflexión ocurrió cuatro meses después. “No fue sino hasta mayo de 2025 que existió el primer documento oficial de Cancillería que daba cuenta que una persona llamada Bernarda Vera había obtenido la nacionalidad sueca, y que posteriormente habría viajado a Argentina”, señaló.
Fue entonces, agregó, cuando el Programa decidió remitir los antecedentes al ministro en visita Álvaro Mesa. “Con todos esos antecedentes, tanto de la investigación documental, testimonial y oficial (RREE), es que se oficia al ministro en visita, señor Álvaro Mesa, con la finalidad de que iniciara la investigación relativa a Vera”.
Zamorano descartó expresamente que detrás de la espera hubiese resistencia a cuestionar una de las conclusiones de la Comisión Rettig. “No existió reparo institucional o temor en contradecir el Informe Rettig, sino que era preciso, como toda investigación, comprobar la hipótesis mediante diversas fuentes, no sólo documentales o testimoniales, sino que también oficiales”, sostuvo.
La exjefa del programa añadió que este tipo de pesquisas enfrenta dificultades derivadas del tiempo transcurrido y de la falta de colaboración de quienes conocen el destino de las víctimas. “El Estado ha debido reconstruir los hechos décadas después, con información fragmentaria y archivos incompletos”, afirmó.
Finalmente, Zamorano destacó que el trabajo del Plan Nacional de Búsqueda no sólo ha permitido revisar casos ya reconocidos oficialmente, sino también incorporar nuevas víctimas. Como ejemplo, mencionó también el caso de Luis Alberto Pino Soto, “joven de 15 años oriundo de Arica”, cuya calidad de víctima, sostuvo, pudo establecerse a partir de las investigaciones desarrolladas por el programa.
Exministro Gajardo rechaza demora de 14 meses
Consultado por la Unidad de Investigación de Bío Bío, el exministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo Falcón, rechazó que el gobierno de Gabriel Boric haya tardado 14 meses en recurrir a la justicia por el caso de Bernarda Vera. Según sostuvo, antes de que él asumiera como titular de la cartera, el 17 de octubre de 2024, las pesquisas del Plan Nacional de Búsqueda ya estaban en marcha y se habían requerido antecedentes a distintos organismos nacionales e internacionales para verificar los primeros hallazgos.
“La investigación que realizó el Plan Nacional de Búsqueda y que ha permitido esclarecer lo ocurrido con Bernarda Vera comenzó en marzo de 2024 y yo asumí como ministro en octubre de 2024, cuando ya se había iniciado la investigación”, respondió. Agregó que, con los antecedentes que iban siendo recopilados, “el equipo mantuvo al tanto a la familia de Bernarda Vera y al Comité de Seguimiento y Participación del Plan Nacional de Búsqueda”.
Respecto de los 14 meses transcurridos entre los primeros testimonios recabados por Bonnefoy y el oficio de mayo de 2025 que comunicó al ministro en visita los antecedentes sobre la sobrevivencia de Vera, el exsecretario de Estado controvirtió la premisa. “No es efectivo que hayan transcurrido 14 meses”, afirmó.
Como argumento, explicó que en octubre de 2024 el Programa de Derechos Humanos había presentado una denuncia ante el ministro en visita competente “con la finalidad de investigar las búsquedas de las personas desaparecidas en Liquiñe”, grupo en el que se encontraba Bernarda Vera. Esa presentación, aseveró, dio origen a diligencias en una causa (Rol 114.129 – J).
Como sea, los antecedentes específicos que apuntaban a que Bernarda Vera había sobrevivido y salido de Chile fueron remitidos al tribunal con posterioridad. El propio Gajardo señaló que, “en cuanto se recibió más información por parte de la Cancillería, el Programa de Derechos Humanos entregó más antecedentes al ministro en visita” en mayo de 2025. Según añadió, nuevas remesas de información fueron presentadas ante la justicia en julio y agosto de ese mismo año.
El exministro defendió, en ese sentido, el trabajo realizado por el Plan Nacional de Búsqueda. “Es a través del Programa de DD.HH. y de la labor del Plan Nacional de Búsqueda que se llevó adelante una investigación que permitió esclarecer el caso de Bernarda Vera”, sostuvo.
Gajardo, al igual que Paulina Zamorano, aprovechó el espacio para relevar otro hallazgo del programa: el caso de Luis Alberto Pino Soto, quien tenía 15 años cuando fue detenido durante la dictadura y no figuraba originalmente en la nómina oficial de detenidos desaparecidos. A su juicio, se trata de un caso que “lamentablemente, le ha interesado menos a los medios de comunicación” y que, gracias a los antecedentes reunidos por el Plan y entregados a la justicia durante 2025, terminó siendo reconocido judicialmente como víctima de desaparición forzada.
Investigaciones paralelas
Más allá de la férrea defensa realizada por Gajardo y Zamorano respecto de la forma y los tiempos en que actuó el Plan Nacional de Búsqueda, la falta de una denuncia temprana por estos antecedentes ya abrió otros dos frentes. El primero es administrativo: el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos mantiene en curso un sumario destinado a establecer eventuales responsabilidades por la forma en que se gestionó la información reunida sobre Bernarda Vera.
El segundo frente es penal. La Fiscalía Metropolitana Centro Norte mantiene abierta una investigación por un eventual delito de omisión de denuncia, precisamente a raíz del tiempo transcurrido entre la aparición de los primeros antecedentes que ponían en duda la condición de detenida desaparecida de Vera y su posterior comunicación formal a la justicia.
La causa permanece con diligencias pendientes. De acuerdo con antecedentes conocidos por esta Unidad de Investigación, los persecutores ya han comenzado a reconstruir internamente la secuencia de decisiones adoptadas durante esos meses y han recopilado las primeras declaraciones. Será esa indagatoria la que deberá determinar si el tratamiento de la información quedó únicamente en el terreno de las decisiones administrativas o si, además, pudo tener consecuencias penales.
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