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Un correo electrónico interno del Ministerio de Justicia, visto por BioBioChile, evidenció una instrucción de no apelar ni intervenir en causas de derechos humanos, tensionando la versión del ministro Fernando Rabat —quien lo negó— y reactivando las críticas de la Asociación de Funcionarios de DD.HH., que acusa un cambio de criterio en la práctica dentro del programa.
Un correo electrónico interno del Ministerio de Justicia —al que accedió BioBioChile— instaló un nuevo eje en la controversia por el supuesto cambio de criterio en el Programa de Derechos Humanos, al dar cuenta de una instrucción de no apelar ni intervenir en determinadas causas.
En la comunicación, enviada por la propia directora del programa, Constanza Garrido, reconoce que ha recibido órdenes en esa línea.
“Como bien saben, en las últimas semanas he recibido instrucciones en orden a no alegar o apelar en causas en etapa de cumplimiento. Ante esta situación, considero importante poder establecer algunos criterios de trabajo”.
Dentro de los criterios menciona que se le informe respecto de posibles alegatos adjuntando minutas. Y que en aquellos casos en que la instrucción sea no apelar o no alegar, y con el fin de resguardar la trazabilidad, los abogados le envíen por mail su intención de apelar.
A partir de ello —indica— “daré respuesta señalando que por decisión de la autoridad, se ha definido no apelar o alegar, junto con la fundamentación correspondiente”.
“Entiendo que esta situación puede generar algunas dificultades”, cierra el email.
El contenido del mensaje refuerza la percepción de que el cambio de criterio denunciado podría estar operando de facto, más allá de su formalización administrativa, particularmente en causas vinculadas a condenados por violaciones a los derechos humanos, donde históricamente el programa ha tenido un rol activo.
En la interna del ministerio las dudas se profundizan, intentando dilucidar si las presiones provienen de las autoridades de la propia cartera, o de La Moneda.
El origen de la controversia en el Programa de DDHH
El conflicto surgió con la denuncia realizada por las exjefas del Programa de Derechos Humanos —Magdalena Garcés, Tamara Lagos y Paulina Zamorano—, junto a la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Justicia, quienes acusaron que la cartera habría limitado la intervención de abogados del programa en causas relacionadas con condenados por violaciones a los derechos humanos, donde se discutan rebajas de pena o regímenes alternativos de cumplimiento.
Entre los casos mencionados figuran procesos vinculados a la Operación Colombo y solicitudes de cumplimiento alternativo de condenas por razones de salud mental, donde el programa no habría intervenido pese a recomendaciones internas en sentido contrario.
Ministro de Justicia niega haber dado instrucciones
Luego que el ministro Fernanda Rabat desestimara la acusación y negara haber dado órdenes en ese sentido, la Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de Derechos Humanos (ANFUDDHH) reafirmó sus cuestionamientos y apuntó directamente a una limitación del mandato institucional del programa.
En un comunicado, señalaron que “Frente a la instrucción de no garantizar el cumplimiento efectivo de condenas, ANFUDDHH rechaza cualquier intervención que limite el mandato legal del Programa de Derechos Humanos de ejercer acciones en estas causas.”
La organización enfatizó además que: “Los criminales de lesa humanidad deben cumplir sus condenas”.
Junto con ello, recordaron que el Estado tiene obligaciones en materia de derechos humanos, como la reparación a las víctimas y las garantías de no repetición. En esa línea, insistieron en que bajo el gobierno de José Antonio Kast se estarían configurando directrices restrictivas:
“No obstante el actual gobierno ha entregado directrices y señales claras y concretas para operar bajo dos vias que buscan liberar a estos criminales, favoreciendo la impunidad”.Además, advirtieron que omitir acciones judiciales “constituye una decisión ilegal y arbitraria que favorece la impunidad”.
Con la aparición del correo interno, la controversia suma un antecedente concreto que tensiona la versión oficial y profundiza el debate sobre el rol del Estado en causas de lesa humanidad.
Se trata de una controversia que, lejos de cerrarse, sigue escalando a medida que emergen nuevos antecedentes desde el interior del aparato público.
Pese a los reiterados intentos de BioBioChile por obtener una versión de la Subsecretaría de Derechos Humanos, de la que depende el Programa de DDHH, no se obtuvo respuesta hasta el cierre de esta edición.
