“Gracias por burlarte de mí, [de] mi físico y personalidad. Por tu culpa me odio a mí misma. Por tu culpa finjo ser alguien que no soy. Por tu culpa soy una mierda inservible y con cero autoestima. Ojalá nunca te hubiera conocido”.
Antes de suicidarse, V. dejó dos cartas que su mamá encontró en su mochila. Las misivas no tenían dedicatoria. Tampoco venían en sobres. Una hoja, de hecho, estaba rota por la mitad, arrugada y con 17 líneas escritas. Lo que sí tenía era el nombre y apellido de quien durante años habría sido el agresor de V. al interior del Instituto Regional del Maule, un establecimiento particular-subvencionado con sede en la comuna de San Javier.
Recién dos semanas más tarde, Carola, su madre se atrevió a leerlas. Y a su vez, decidió publicarlas en redes sociales con el objetivo de generar una reflexión sobre el bullying. La publicación se viralizó dentro la comunidad escolar y llegó hasta la dirección del instituto, quien contactó a la mujer para pedirle explicaciones.
Ella, por su parte, pidió a la institución esclarecer el caso de su hija. Quería que abrieran un protocolo para investigar al alumno que salía mencionado en la carta.
La abogada de la familia y directora de Heloicas, Josefina Letelier, explicó a Bío Bío Investiga que posterior a esto, el colegio decidió tener una reunión privada con los estudiantes del curso de V. y les prohibió emitir alguna declaración o hablar con la madre.
Sin respuestas concretas para saber qué ocurrió con su hija, pidieron ayuda a la Superintendencia de Educación. Sin embargo, hoy tienen demandada a esa repartición por “vulneraciones graves”. Acusan al organismo de haber tenido una “fiscalización irregular y una tramitación arbitraria” en el caso de V.
Búsqueda de protocolos
La carta completa va así:
J.V.: Eres la peor persona que he conocido. Tú hiciste mi vida un total infierno. Dejé el puto transporte para que me dejaras de molestar pero aún así me seguías molestando en el colegio. Eres de lo peor, me tienes chata. Nunca te callas ni me dejas tranquila. Ojalá una hueona te trate igual de horrible como tú me trataste. No sé cómo me gustaste. Eres tan horrible por fuera como por dentro. Ojalá te ahogues o pierdas la voz para que ya no puedas cantar. Ojalá que todos se alejen de ti o que también te hagan bullying a ver si a ti te gusta. Gracias por burlarte de mí, mi físico y personalidad. Por tu culpa me odio a mí misma. Por tu culpa finjo se alguien que no soy. Por tu culpa soy una mierda inservible y con cero autoestima. Ojalá nunca te hubiera conocido.
Según los padres de V., no hay claridad de cuándo comenzó el bullying contra su hija. Intuyen que arrancó cuando ella comenzó a compartir transporte escolar con el menor mencionado en la misivia, durante la enseñanza básica.
—No se sabe cuántos años duró el bullying porque precisamente el colegio nunca quiso activar un protocolo mientras V. iba al colegio y estaba sufriendo —explica la abogada de la familia, Josefina Letelier.
Sí hay registros de que Carola, la madre de V., pidió ayuda al colegio. Fue justo dos años antes de la tragedia que V. le comentó a una amiga del colegio que había pensado en quitarse la vida. Su amiga se lo contó a Carola, y ella, fue a hablar con el director del establecimiento para pedir la activación del protocolo de ideación suicida. Con eso buscaba que le ofrecieran apoyo psicológico y medidas de resguardo.
—Hasta donde sabemos nosotros nunca se hicieron estas sesiones de apoyo especializado, nunca se activó el protocolo —cuenta.
La ayuda psicológica que recibió V. fue siempre particular.
Absoluto silencio
Carola llegó hasta la Superintendencia de Educación para denunciar el caso. Manifestó que no se aplicó ninguna acción ni protocolo cuando acusó que su hija necesitaba ayuda psicológica por ideación suicida. En una segunda solicitud de fiscalización que fue enviada a la Superintendencia en enero de este año —y a la que accedió este medio— se detalla que, si bien el colegio quedó de “estar pendiente”, nunca entregaron un apoyo concreto.
La presentación explica también que el instituto se excusó en que no existían antecedentes para acreditar un “posible maltrato”. Sin embargo, después de publicar la carta en redes sociales, Carola recibió varios comentarios que cofirmaron el bullying sistemático que sufrió su hija. Le decían que muchas veces consolaron a V. en los pasillos del colegio porque estaba llorando.
También le revelaron que el joven mencionado en la carta estaba “acostumbrado a tratar mal a la niñas”. Era una actitud recurrente.
En ese contexto, cuestionó ante el fiscalizador que el colegio se hubiese reunido con los alumnos de segundo medio —curso al que pertenecía V. y el compañero acusado— para pedirles que no hablaran con nadie sobre el caso.
—No es posible que en ves de cooperar en la investigación les pidan absoluto silencio —criticó.
Por último, advirtió ante la Superintendencia que el caso de su hija no era el único.
—Hay un historial en donde se refleja que esta institución no le garantiza la integridad física y psicológica a los alumnos/as, solo garantiza buenos puntajes para entrar a la educación superior, pero de manera competitiva, sin respeto hacia el otro.
Primeras fiscalizaciones
Con lo anterior como antecedente, la familia de V. interpuso una demanda por indemnización de perjuicios en el Juzgado Civil de Santiago contra la Superintendencia de Educación por su “negligente fiscalización” en el caso. Según el texto, las razones se remontan al 25 de noviembre de 2025, cuando fueron hasta el organismo público por primera vez para pedir que abrieran un proceso de fiscalización contra el colegio.
—Expusimos que el establecimiento denunciado ignoró consistentemente una serie de hechos de violencia escolar contra nuestra hija V., haciendo su vida intolerable al punto que prefirió quitarse la vida antes que seguir expuesta a sus agresores en el entorno escolar —se lee en la demanda.
La Superintendencia realizó una fiscalización exprés y, según el escrito, “intentó reiteradamente cerrar injustificadamente la demanda”.
El primer cierre lo comunicaron a través de un correo electrónico. Tenía menos de una plana de extensión. Hacía alusión a que sí se observaron faltas en el colegio, pero que ya las habían subsanado.
La familia apeló el 7 de enero de este año. Demostraron que “había una serie de infracciones a la normativa educacional que no habían sido siquiera consideradas en la primera fiscalización”. Les rogaron una segunda fiscalización, pero “con la seriedad que ameritaba”.
—La Superintendencia no fiscalizó la falta de activación del protocolo de actuación luego de una denuncia explícita de riesgo de ideación suicida, ni la ausencia de protocolo de actuación luego de múltiples indicios de acoso escolar
(adjuntas al propio expediente administrativo), ni la inobservancia general de la Ley sobre Violencia Escolar al no propiciar un clima escolar que promoviera la buena convivencia, entre otros gravísimos quebrantamientos a la normativa sectorial que la Superintendencia estaba obligada a supervigilar —argumentaron.
A fines de enero volvieron a abrir el caso. Sin embargo, por estar de vacaciones no hubo mayores movimientos. Recién el 16 de marzo les llegó otro correo automático. Decía que no iban a iniciar un procedimiento administrativo, sin justificar el porqué.
La historia se repitió y volvieron a apelar con los mismos antecedentes. Abrieron un tercer proceso de fiscalización el 10 de abril.
Tercera oportunidad
El tercer proceso fue distinto. Esta vez iniciaron un procedimiento administrativo sancionatorio en contra del Instituto Regional del Maule.
—Por tanto no cabe sino preguntarse: si en las primeras dos fiscalizaciones se analizaron los mismos hechos y antecedentes —respaldados bajo las mismas pruebas—, los mismos reglamentos internos a la luz de los mismos instructivos de la Superintendencia, ¿por qué entonces en estas dos ocasiones se intentó cerrar nuestra denuncia, para después en la tercera determinar el avance por detectarse, efectivamente, infracciones a la normativa educacional? —cuestiona el libelo.
Dichas incoherencias, a juicio de los demandantes, evidencia una falta de servicio gravísima a la normativa educacional.
Por lo mismo, en la demanda enumeraron las faltas que se cometieron en los procesos. Uno de esos fue que la fiscalización siempre la hizo la misma persona.
—Es sin duda inexplicable que una fiscalización que debía involucrar la participación de todas las unidades de la Superintendencia regional (y de varios de sus funcionarios públicos), se le hubiese entregado tanta discrecionalidad exclusivamente a una sola funcionaria, para concluir erróneamente en dos fiscalizaciones distintas –a su solo ton y son- el cierre de una misma denuncia de carácter urgente por la muerte de una estudiante menor de edad por bullying.
Según la demanda, esta misma funcionaria se contradijo. Con los mismos antecedentes —en los primeros procesos— señaló que todo estaba en orden y luego planteó que era necesario actualizar los protocolos.
A mayor detalle, la funcionaria se basó en entrevistas al interior del colegio para concluir lo anterior. Pero, según el requerimiento, no existe constancia de aquello. Además, el acta de ese día señala que su visita duró poco más de una hora. Eso significó que cada interrogatorio duró menos de 15 minutos. A eso se suma que en los mismos minutos debió revisar más de 120 páginas del Reglamento Interno y siete actas del consejo escolar.
Cerrar el proceso
Otro de los argumentos para demandar a la Superintendencia de Educación fue que le negaron el acceso al expediente en la última fiscalización.
—Esta falta de oportunidad en la participación de la tercera (y última) fiscalización no solo significó una imposibilidad de cierre y reparación para el episodio más doloroso de nuestras vidas, no solo significó una constante revictimización y un eterno dialecto kafkiano para impedir el cierre de nuestro caso, sino que también significó una verdadera y constante carrera contra la frustración de que esto no volviese a ocurrirle a ningún otro miembro de la comunidad educativa del Instituto —concluye el documento.
En simple, acusan que la “fiscalización tardía, parcial e incompleta” fue una pérdida para la familia de participar de la investigación que contribuyó a la muerte de V. Un proceso que además buscaba cerrar un proceso.
—Esta oportunidad -jurídica, inmaterial y profundamente humana- fue frustrada por el mismo órgano que la ley creó con el exclusivo objeto de garantizar la protección de los derechos de los estudiantes y el cumplimiento de la normativa educacional —manifestaron.
Con todo, la demanda busca una indemnización de $100 millones de pesos para la madre y $100 millones para el padre.
Tras ser contactados por Bío Bío Investiga, tanto el Instituto Regional del Maule como la Superintendencia de Educación declinaron entregar una respuesta para este artículo.
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