"No quiero ser prostituta": La denuncia contra una madre por explotar sexualmente a su hija

El nombre de la víctima ha sido modificado por ser menor de edad, así también, se ha omitido el nombre de las residencias y su ubicación.

—Tía, ¿usted cree que es normal que mi madre me pida dinero sabiendo lo que yo hago, que me prostituyo?

Cuando Sofía llegó a la residencia de madres adolescentes tenía 15 años, una bala entre el abdomen y la columna, y un embarazo de siete semanas.

Se pasó 54 días hospitalizada. Sin visitas. El 16 de junio se escapó. Tenía miedo de que le quitaran a su hija cuando naciera. Y el 1 de diciembre, se convirtió en madre.

Una querella que ingresó al Juzgado de Garantía de Talca —y a la que accedió esta Unidad de Investigación— revela que durante 2024 comenzó a ser explotada sexualmente. Al principio, por su propia madre. Después, cuando ésta cayó presa por homicidio, por otros tres sujetos que hoy están en prisión preventiva. La misma menor confesó que, ante la inacción e inoperancia de su madre, ella se convirtió en el único sustento económico.

En mayo de 2025 Sofía pidió ayuda a Carabineros. La derivaron a otra residencia para madres adolescentes. Cinco meses más tarde la separaron de su hija por tener un consumo desatado de drogas. Una parte del problema seguía siendo su madre —la abuela de la niña—. Si bien estaba presa, Sofía debía seguir entregándole dinero en la cárcel.

Con todos estos antecedentes, el Programa “Mi Abogado” —que va en defensa y representación de niños y adolescentes— tomó su caso. No solo se querelló contra su madre, también contra los tres hombres que promovieron y facilitaron su explotación sexual infantil al interior de un night club de Talca.

Salidas no autorizas

La querella es categórica: Sofía sufrió “una vulneración crónica”. Fue la propia dirección del centro residencial donde se hospedó —que pertenece al Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia— la que denunció los hechos. Además de querer reflejar “la indefensión de la víctima”, quien tuvo una vida marcada por el abandono y desprotección de su madre, también querían que se investigara a las redes criminales involucradas. Específicamente a los hombres que la esperaban afuera de la residencia.

Fue precisamente este último punto el que arrancó todo. Sofía comenzó a escaparse del centro para madres adolescentes y a su regreso se le veía evidentemente drogada.

La bitácora del hogar describe que su primera “salida no autorizada” fue el 30 de diciembre de 2025 a las 23:35 horas. Se reintegró al día siguiente casi a las once de la mañana. En las observaciones escribieron: “Ignora persuasión de educadoras; regresa en aparente buenas condiciones”.

Ese mismo día 31 se arrancó de nuevo. Esta vez tardó cuatro días en volver. El patrón era el mismo: saltaba la reja y retornaba de madrugada o por la mañana. A veces desaparecía durante algunos días, pero siempre volvía.

Recién el 23 de enero notaron algo distinto. Sofía se escapó y se subió a un vehículo. Registraron la patente en la bitácora. Cinco días más tarde, lo hizo de nuevo. Pero esta vez, cuando volvió, anotaron que presentaba un “aparente consumo de sustancias ilícitas”.

En total, en un periodo de dos meses, se arrancó 22 veces.

“Una vida normal”

Con ese informe de salidas y entradas, la directora del centro, Patricia Diamantino Medel, emitió un informe al Juzgado de Familia de Talca. Arrancó con una situación particular donde la escena era esta: Sofía volvía de haberse arrancado del centro y estaba sentada en el comedor. Comenzó a exhibirles mensajes entre ella y su madre a las funcionarias del recinto. El escrito lo relata así:

—Refiere no querer ir a verla más a la cárcel ya que ella se dio cuenta que su madre solo la quiere para sacarle dinero. Comenta que la semana pasada le envió $150.000 y que ella está cansada porque no tiene por qué hacerse responsable de enviarle dinero y cosas (encomienda) a la cárcel.

En esa misma conversación que tuvo Sofía con las educadoras de trato directo, y que más tarde Patricia registró en el informe, relató episodios de su infancia.

Contó, por ejemplo, que fue su propia madre quien la mandó a prostituirse la primera vez siendo menor de edad. La obligó porque quería el dinero para drogarse y comer.

—También comenta que su madre constantemente le dice que cuando ella salga de la cárcel le quitará a su hija. Sofía llora y refiere “tía, usted cree que es normal que mi madre me pida dinero sabiendo lo que yo hago, que me prostituyo (…) Toda la noche me drogo. Consumo todos los días cocaína y alcohol. Tengo 17 años y mi cuerpo está destruido por mi trabajo. Yo quiero una vida normal, como una niña de 17 años y no ser prostituta”.

Cortar lazos

Otro de los episodios que reveló Sofía fue que su madre vendía imágenes de ella a hombres mayores desde que tenía siete años.

—No odia a su madre por esta situación y otras más, pero dice que no la perdonará nunca —estipula la querella.

Por lo mismo, Sofía manifestó que no quería seguir visitando a su madre en la cárcel. Gran parte de la decisión, expresa la denuncia, es porque no quiere que su hija pase por lo mismo que ella.

A raíz de esto habló con su abogada y con la residencia. Les planteó que tenía la intención de ingresar a un programa de rehabilitación. Los documentos dan cuenta que Sofía verbalizó que “era su única opción de salir porque se iba a terminar muriendo por todo lo que consumía”. La menor agregó en ese entonces:

—Tía, yo sé que no seré nunca nadie y que no daré para algo grande porque siempre me lo han dicho.

Las funcionarias de la residencia debieron contenerla después de eso. Le explicaron que si quería cortar lazos con su madre, lo hiciera.

—Las funcionarias le refuerzan que nada de lo que pasó y lo que ha hecho es culpa de ella, ya que los adultos que la tenían que cuidar no lo hicieron, pero que aún está a tiempo de hacer las cosas bien.

Solicitaron al Tribunal de Familia que suspendiera el régimen de visitas entre Sofía y su madre. Así también, la prohibición de contactarse por cualquier medio de comunicación.

Night Club

La denuncia también detalla que una red de terceros adultos, ajenos al centro residencial, se aprovecharon de su “vulnerabilidad psicológica, adicción al alcohol y cocaína, y la necesidad de generar los ingresos exigidos por su madre”.

Al principio, desde la residencia no sabían quiénes eran los sujetos involucrados, pero fue el auto la pista esclarecedora según los documentos.

—Afuera del inmueble era esperada de manera concertada por vehículos motorizados (…) Los ocupantes de dicho móvil, en concierto con otros sujetos aún no individualizados, procedían a trasladar a la menor a distintos inmuebles donde obtenían de ella la realización de actos sexuales concretos a cambio de la entrega de sumas de dinero y sustancias ilícitas.

Siguiendo ese hilo llegaron a tres nombres: R.A.C.L. (venezolano), M. I. M. (argentino) y J. A. M. F. (venezolano).

R.C.L. registra una denuncia por ingreso clandestino. Eludió los controles fronterizos según la Policía de Investigaciones el 28 de junio de 2025. Lo mismo J. M., que está ilegalmente desde el 4 de mayo de 2022. Ninguno de los dos tiene en trámite su visa permanente o temporal. En simple, están en situación migratoria irregular.

Precisamente M. M. en conjunto con R.G. son dueños de un Night Club de Talca. Allí trabaja como administrador R.C.J.M, por su parte, se dedica a ser conductor. Es él quien traslada a las mujeres hasta el club.

Según la querella, desde octubre de 2025 hasta agosto de 2026 Sofía frecuentó el night club. Los tres hombres sabían que era menor de edad. Pese a esto, R. y M. le daban instrucciones y la vigilaban mientras “trabajaba”.

Además de obligarla a actos de significación sexual con distintos hombres, también debía vestirse de manera provocativa o estar desnuda, dejarse manosear, besar y bailarle a los “clientes”.

J. M. era, según la presentación judicial, quien la iba a buscar y a dejar a la residencia.

El 27 de agosto la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones irrumpió en el local y encontró a Sofía junto a otras seis mujeres. Detuvo a los tres hombres y quedaron en prisión preventiva por el delito de promover y facilitar la explotación sexual de menor de 18 años.

Prisión preventiva

Entre los argumentos que planteó el tribunal estuvo que Sofía vivió una situación de vulnerabilidad grave a lo largo de su vida. Eso la habría hecho “normalizar este tipo de actividades como una forma de obtener recursos económicos, incluso destinados a contribuir económicamente a su madre.”

Por otra parte, José Paiva, defensor penal público que representa a M.M., interpuso un recurso de apelación y alegó que la fiscalía “no acreditó suficientemente” que en el night club se ejerciera comercio sexual. Uno de sus argumentos fue que la propia víctima fue quien les solicitó trabajo. Eso demostraría su “autodeterminación” que dejaría cualquier abuso fuera.

El tribunal enfatizó que es “deber de los órganos del Estado adoptar las medidas necesarias para la protección de niños, niñas y adolescentes frente a situaciones de explotación sexual”.

Así las cosas, a principios de septiembre, el tribunal consideró que la libertad de los tres imputados constituía un peligro para la seguridad de la sociedad.