Debut y despedida: Gobierno cierra unidad creada para investigar adopciones ilegales en Chile

Había nacido formalmente hace apenas cuatro meses, pero su historia comenzó bastante antes. La Unidad de Búsqueda de Orígenes y Familiares de Personas Afectadas por Adopciones Ilegales, Forzadas o Irregulares (UBAFI) fue creada en febrero como una de las principales recomendaciones de la mesa interinstitucional que el propio Estado conformó en marzo de 2024 para abordar uno de los capítulos más dolorosos y menos resueltos de la historia reciente del país: las adopciones irregulares y forzadas ocurridas durante décadas en Chile.

Su misión era tan específica como delicada: ayudar a reconstruir historias rotas, rastrear orígenes, buscar familias y facilitar reencuentros. Pero la unidad ya no existe.

La Subsecretaría de Derechos Humanos encabezada por Pablo Mira, dejó sin efecto la resolución que la creó y desvinculó a los tres profesionales que integraban el equipo. La decisión quedó plasmada en una resolución firmada el pasado 22 de junio y comenzó a materializarse esta semana, cuando los funcionarios fueron notificados de que sus labores terminarían el 30 de junio.

Así, la unidad creada en febrero de este año para cumplir un mandato legal desapareció antes de alcanzar siquiera medio año de vida.

Adopciones ilegales en Chile

La historia de esta oficina comenzó mucho antes de su creación formal.

Desde 2023, la entonces Unidad de Cooperación Internacional del Ministerio de Justicia —dependiente directamente del gabinete del ministro— comenzó a recibir antecedentes sobre adopciones ilegales y solicitudes provenientes de organizaciones y embajadas chilenas en el extranjero.

No atendía directamente a víctimas ni realizaba investigaciones, pero actuaba como una especie de ventanilla institucional para un problema que llevaba décadas golpeando puertas del Estado.

El escenario comenzó a cambiar con la creación de una mesa interinstitucional en 2024 que sugirió crear una unidad especializada, y luego, con la Ley de Reajuste del Sector Público para 2026.

Esta última incorporó dos artículos clave. Uno ordenó al Servicio Médico Legal crear un Banco de Huellas Genéticas para facilitar búsquedas de origen y reunificación familiar.

El otro estableció que la Subsecretaría de Derechos Humanos debía desarrollar investigaciones administrativas cuando los tribunales lo solicitaran, además de entregar acompañamiento psicosocial y asesoría jurídica a las víctimas.

Era, por primera vez, un mandato legal explícito. Y para cumplirlo, en febrero de este año nació la UBAFI.

La resolución que la creó hablaba de búsqueda documental, análisis genético, coordinación con consulados y embajadas, acompañamiento psicológico y apoyo jurídico. También de reencuentros familiares y cooperación internacional.

En otras palabras, el Estado comenzaba a construir una institucionalidad específica para enfrentar uno de los capítulos más dolorosos y menos cerrados de la historia reciente del país.

Un cierre silencioso

Sin embargo, el proyecto duró poco. Según fuentes consultadas por este medio, las propuestas y solicitudes impulsadas desde la unidad comenzaron progresivamente a dejar de recibir respuesta desde el gabinete de la Subsecretaría.

Entre ellas figuraban reuniones pendientes con el Servicio Médico Legal y el Poder Judicial, consideradas esenciales para echar a andar el sistema de búsquedas y el Banco de Huellas Genéticas. Pero este 31 de junio los miembros del equipo fueron desvinculados.

Ananías Reyes era hasta ayer el encargado de la unidad. A su parecer, la decisión del ministerio “es un retroceso de Estado en la respuesta a víctimas que han sido particularmente postergadas y que requieren justicia”.

Reyes contó además que, por ejemplo, el Banco de Huellas nunca se alcanzó a echar a andar: “Era parte del trabajo que estábamos realizando, armar el reglamento para su funcionamiento. Nosotros hicimos una primera propuesta para conversarla en una reunión con el SML, y esa es precisamente la reunión que el gabinete nunca gestionó”, reclama.

Según consta en las notificaciones de desvinculación recibidas por los funcionarios, firmadas por el ministro Fernando Rabat, la Subsecretaría resolvió dejar sin efecto la creación de la unidad y también de la Comisión de Adopciones Forzadas e Irregulares, argumentando un nuevo “enfoque estratégico” y la necesidad de reasignar funciones compatibles con las nuevas directrices gubernamentales y ministeriales.

La resolución que concretó esa decisión corresponde a la Exenta N°207, del 22 de junio de 2026.

El problema, advierten personas conocedoras del funcionamiento interno del ministerio, es que la obligación legal sigue vigente.

“Frente a futuros requerimientos del Poder Judicial, la Subsecretaría no tiene cómo desarrollar estas competencias que tiene por mandato legal. No tiene gente y la gente que está actualmente está dedicada a otras funciones”, señalan fuentes vinculadas al proceso.

Y es que las funciones que hasta ayer realizaba un equipo de tres personas, ahora quedarían radicadas en el asesor de gabinete Maximiliano Garnham —que ingresó en abril de este año— y en Isidora Villalobos —que entró este 1 de julio como apoyo jurídico y penal—, según confirmaron desde la subsecretaría a BioBioChile.

Así, Garnham asumiría tanto el trabajo relacionado con adopciones irregulares como las funciones vinculadas a violencia institucional, materia que también quedó bajo su órbita tras el desmantelamiento de otra unidad especializada.

La señal preocupa dentro de la cartera. “No se condice lo que la autoridad señala hacia afuera sobre su compromiso con los derechos humanos, con lo que se hace internamente”, afirman fuentes de este medio.

La inquietud, agregan, es sencilla de resumir: basta un requerimiento judicial para que quede en evidencia que la Subsecretaría hoy no cuenta con personal suficiente para realizar investigaciones administrativas ni para ofrecer atención psicosocial a las víctimas, pese a que ambas obligaciones están expresamente establecidas en la ley.

Los argumentos de la subsecretaría

Consultada por BioBioChile, la Subsecretaría de Derechos Humanos confirmó la reorganización y aseguró que el trabajo en materia de adopciones irregulares continuará desarrollándose, aunque bajo una estructura distinta.

Desde el organismo explicaron que la unidad fue creada mediante resolución el 16 de febrero de 2026 para ejecutar una búsqueda administrativa que, de acuerdo con la Ley de Reajuste, solo puede iniciarse a partir de un requerimiento judicial.

Según detallaron, la instancia funcionó durante tres meses con tres profesionales y un gasto mensual en remuneraciones cercano a los $10 millones.

“Sin embargo, luego de tres meses dicho requerimiento no se ha efectuado”, señalaron desde la repartición.

Bajo ese escenario, agregaron, se optó por reasignar las funciones al gabinete de la Subsecretaría de Derechos Humanos y contratar a un profesional especializado para continuar con las labores a partir del 1 de julio de este año.

La cartera sostiene que la medida busca “resguardar una gestión eficiente de los recursos” y que la decisión “no implica el término del trabajo que desarrolla la Subsecretaría en materia de adopciones forzadas e irregulares”.

Por el contrario, afirman que las tareas de coordinación seguirán desarrollándose, incluyendo el vínculo con organismos públicos, embajadas, el Poder Judicial y organizaciones de la sociedad civil, garantizando así la continuidad institucional.

La explicación, sin embargo, no despeja completamente las dudas que tienen los funcionarios al interior del ministerio. La inquietud, explican, es si una estructura reducida y radicada en gabinete tendrá la capacidad operativa suficiente para responder cuando lleguen los primeros requerimientos judiciales que contempla la normativa.