Expertos advierten que aumentar penas a adolescentes no reduce delitos y puede elevar la reincidencia

Académicos de distintas universidades del país, convocados por la Defensoría de la Niñez, advirtieron que el endurecimiento de las sanciones contra adolescentes infractores no solo carece de evidencia sobre su efectividad para reducir la delincuencia, sino que, en algunos casos, podría aumentar la reincidencia.

La conclusión fue plasmada en una declaración conjunta suscrita este martes, en paralelo a la discusión que desarrolla la Sala del Senado sobre el proyecto que modifica la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

Las advertencias en medio de discusión por responsabilidad penal adolescente

El documento sostiene que la evidencia disponible “no respalda que las medidas centradas exclusivamente en el endurecimiento de las sanciones, la disuasión o la rebaja de la edad de responsabilidad penal reduzcan la reincidencia” y agrega que, en determinados casos, estas políticas “pueden incluso incrementarla”.

En cambio, los especialistas plantean que las medidas con mejores resultados son aquellas enfocadas en la reinserción, mediante intervenciones terapéuticas, programas socioeducativos y cognitivo-conductuales, además de garantizar la continuidad educativa y fortalecer el entorno familiar y comunitario de los adolescentes.

La declaración fue elaborada tras un encuentro organizado por la Defensoría de la Niñez, que reunió a expertos en criminología, justicia juvenil, políticas públicas y derechos humanos de diversas universidades del país, entre ellas la Pontificia Universidad Católica, la Universidad de Chile, la Universidad Diego Portales y la Universidad de Concepción.

Expertos piden mesa técnica para discusión en el Senado

Junto con fijar su postura sobre el proyecto, los académicos solicitaron al Senado conformar una mesa técnica que incorpore evidencia especializada antes de avanzar en la tramitación de la iniciativa.

Además, sostuvieron que el debate no debería limitarse al aumento de sanciones, sino abordar problemas estructurales del sistema, como la eficacia de las investigaciones penales, el alto número de archivos provisionales, la necesidad de salidas judiciales efectivas y las dificultades en la ejecución de las sanciones.

También plantearon que el Estado debe asegurar financiamiento permanente para programas de prevención y reinserción social.

El defensor de la Niñez, Anuar Quesille, afirmó que la preocupación por la seguridad pública es legítima, pero sostuvo que las decisiones en materia de justicia juvenil deben sustentarse en evidencia. En ese sentido, señaló que la responsabilización por los delitos, la prevención de nuevos ilícitos y la reinserción social “no son objetivos contrapuestos”, sino componentes necesarios para una política que contribuya efectivamente a reducir la delincuencia.