En medio de cuestionamientos y señales contradictorias al interior del Ministerio de Justicia, el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, salió este lunes a despejar dudas sobre la continuidad del Programa de Derechos Humanos, descartando de plano tanto su eventual cierre como la existencia de instrucciones para no intervenir en causas judiciales vinculadas a violaciones a los derechos humanos.
Sus declaraciones, sin embargo, se producen en un contexto especialmente complejo: por un lado, la Dirección de Presupuestos (Dipres) sugirió derechamente descontinuar el programa en el marco de la formulación del Presupuesto 2027; por otro, persisten denuncias internas y antecedentes que apuntan a un cambio de criterio en causas vinculadas a violaciones a los DDHH.
“No serán atendidas”, dijo Mira en relación a las sugerencias de Hacienda.
Subsecretario Mira descarta cierre del Programa de Derechos Humanos
El subsecretario Pablo Mira fue enfático en descartar cualquier retroceso en la existencia del programa de Derechos Humanos, pese a las recomendaciones técnicas emanadas desde el Ministerio de Hacienda.
“Vamos a continuarlo, está totalmente conformado. Se lo anunciamos a los funcionarios”, afirmó, buscando dar una señal de tranquilidad interna.
En esa línea, reforzó que “el programa de DDHH continúa porque es muy importante no solo para la subsecretaría sino para el país”, y fue más allá al marcar distancia con las sugerencias de la Dipres: “Las sugerencias que salieron de Hacienda no serán atendidas en ningún sentido”.
Se trata de una definición política relevante, considerando que su eventual eliminación había sido instalada como una posibilidad real dentro del ajuste fiscal que enfrenta el Estado.
Mira insistió en que su continuidad no es solo una decisión administrativa, sino que responde a un mandato legal: “El programa forma parte del mandato legal de la subsecretaría y hemos manifestado a las distintas instituciones y funcionarios que se continuará”.
Mira niega cambio de criterio en causas de DDHH
Pero el debate sobre la continuidad del programa no es el único frente abierto. La defensa del subsecretario ocurre en paralelo a una controversia más profunda: el supuesto cambio de criterio en la intervención del programa en causas de violaciones a los derechos humanos.
Un correo interno de la jefa del programa, Constanza Garrido, reveló que habría recibido “instrucciones en orden a no alegar o apelar en causas en etapa de cumplimiento”, lo que encendió alarmas sobre una eventual desactivación de facto del rol histórico del organismo.
A ello se suman las denuncias de exjefas del programa y de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Justicia, quienes acusan que se estaría limitando la acción de los abogados en procesos donde se discuten beneficios para condenados por crímenes de lesa humanidad.
Consultado por este punto, Mira descartó categóricamente la existencia de una orden general para no intervenir en este tipo de causas.
“No hay instrucción alguna de forma general, sino que lo que hay es un protocolo del año 2017 de analizar caso a caso, y es lo que seguiremos haciendo”, sostuvo.
La explicación, sin embargo, no termina de despejar las dudas. El propio correo interno conocido en los últimos días establece un mecanismo para dejar constancia de decisiones de “no apelar o alegar” por “decisión de la autoridad”, lo que para algunos configura, al menos, una práctica instalada más allá de su formalización.
Así, el Programa de Derechos Humanos enfrenta una doble tensión: externa, por la presión fiscal que lo pone en la mira de eventuales recortes, e interna, por cuestionamientos sobre su actuación en causas sensibles.
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